Opinión

  • | 2004/08/20 00:00

    Todos con la democracia

    Permitir la reelección de un primer mandatario en ejercicio es desconocer la estructura constitucional. Un cambio así debe aclarar responsabilidades y facultades de los funcionarios en el nuevo esquema.

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Mucho se oye reivindicar ahora la 'democracia'. Se acude a ella para afirmar que legitimaría la reforma política para permitir la reelección inmediata de quien hoy, según la Constitución, está impedido. El argumento es que, si la democracia es la voluntad del pueblo, esta no tiene por qué tener limitaciones; que ella se expresa en las mayorías; y que, como el Congreso es el representante del pueblo, la voluntad de la mayoría del Congreso puede decidir las reformas necesarias para ello.

Eso es confundir la esencia con la forma, el fin con el medio. Es conveniente algo de análisis.

El verbo democratizar (sobre el cual no hay ninguna ambigüedad para entender su sentido usual) significa buscar una mejor distribución de ciertas formas de poder, en particular el político, con una mayor participación de quienes hoy no disfrutan de él.

Para unos, lo fundamental es que todo el mundo tenga el derecho al voto; para otros, la toma de decisiones por las mayorías; otros piensan que un sistema en que las leyes nazcan de un órgano que represente la voluntad popular; o hay quienes consideran que lo es la división de poderes y el control recíproco entre ellos. Estos son medios para alcanzar el objetivo, pero no son el objetivo mismo.

Justamente como se busca que quienes detentan el poder no se conviertan en tiranos se creó el Estado de Derecho, entendido como el regulado por una Constitución en la que se plasma el uso de todos estos instrumentos para alcanzar el resultado deseado. En otras palabras, la Constitución es la garantía que tiene el ciudadano de que no se llegará a un régimen tiránico y, en especial, el amparo de las minorías contra la posible 'tiranía de las mayorías'; la que permite establecer una relación diferente de la comparación de fuerzas.

Evita también que se dé la paradoja o el absurdo de validar como democrática una decisión en la que una mayoría resuelve acabar con los instrumentos creados para dar vida a la 'democracia' (por ejemplo, declarar prohibida la oposición o asignarse a sí misma privilegios vitalicios).

Si los representantes de las mayorías tuvieran un poder infinito, o sea, si pudieran cambiar la Constitución a su antojo, esta sería innecesaria o inexistente.

¿Cuáles son las limitaciones que nuestra Carta establece para producir sus cambios?

La primera nace de que la naturaleza del Congreso es la de constituyente delegado y no la de constituyente primario. Eso implica que tiene regulaciones y límites en su poder reformatorio, tanto de trámite como sustanciales.

Entre los primeros, por ejemplo, el requisito es que cualquier proyecto debe ser debatido en las diferentes instancias. Si se aceptara que para expedir una norma basta con que la mayoría exista y vote, desaparecería el principio de que se defienden los derechos de las minorías, ya que sería discrecional de la mayoría dejarles siquiera la posibilidad de expresar su pensamiento. Por ejemplo, quienes piden a la Corte Constitucional que, a pesar de que la ley Antiterrorista no fue debatida en una de las Comisiones, la declare exequible por ser una 'necesidad política' (para el control del orden público), deberían estar conscientes de que eso es aceptar la 'Razón de Estado', sustituyendo al 'Estado de Derecho' que hasta ahora hemos defendido.

En los segundos, que los Congresistas pueden reformar la Carta mas no cambiarla ni derogarla, es decir, que las reformas no pueden sustituirla por una esencialmente diferente y menos contraria a ella, sino dentro del espíritu y propósitos que ella define integralmente (por ejemplo, no podría autorizar la tortura). Tienen que respetar lo que se ha llamado jurisprudencialmente 'el Bloque de Constitucionalidad'. En el caso de la actual, el enfoque 'garantista' que privilegia los derechos fundamentales, principalmente los individuales, pero también los colectivos y los de las diferentes minorías, entre ellas naturalmente las políticas.

Permitir la reelección de un primer mandatario en ejercicio es desconocer la estructura constitucional. Pero además un cambio de esa naturaleza debe ser acompañado de claridad sobre responsabilidades y facultades de los funcionarios dentro del nuevo esquema (¿hasta dónde y cómo pueden desarrollar actividades proselitistas?), de definición sobre participación del Estado en la financiación de las campañas (¿cuándo los actos de gobierno son costos electorales del Presidente candidato?), de regulación sobre los otros mandatarios escogidos por mandato popular (¿qué pasa cuando un vicepresidente desea aspirar?), etc., es decir, debe adaptarse toda la Constitución a este propósito.

A comenzar por la primera decisión sobre si lo adecuado es un sistema parlamentario o uno presidencialista.

Los ejemplos europeos que se esgrimen para confirmar las bondades de la reelección se basan en el principio de que debe existir armonía permanente entre el legislador y el gobierno y que, además, para que ambos cuenten con el respaldo mayoritario, es necesario que este sea ratificado cada vez que pueda estar en duda. Eso es el sistema parlamentario.

El caso estadounidense es diferente pues su Constitución no es un pacto entre ciudadanos sino entre Estados para manejar los intereses comunes -relaciones internacionales, comercio interestatal, moneda, ejército-. Por eso, el Presidente no es elegido por voto popular sino por los delegados de los Estados (recuérdese que Bush tuvo menos votos que su rival), la 'Guardia' es un órgano de intervención excepcional y no de control sobre el territorio nacional, y la Corte Suprema no puede pronunciarse sino en instancia de apelación, y solo para casos de conflictos entre Estados o entre la legislación de un Estado y un ciudadano no residente en él; el vínculo político del ciudadano es con cada Estado, ya que los cuerpos policivos, legislativos y judiciales son estaduales y no nacionales.

Parece una insensatez y en todo caso sería una irresponsabilidad no estudiar y decidir sobre el contexto y las normas que son consustanciales a una reforma de esa naturaleza, y lanzarnos al vacío aprobando un Acto Legislativo que no se sabe cómo se complementará.

El gobierno, o sea el Presidente, tiene como parte de sus atribuciones la iniciativa legislativa. Se entiende que ello incluye proponer y participar de posibles reformas o Actos Legislativos. La prohibición a los funcionarios públicos de participar en política no significa que no puedan tener opiniones ni compromisos, sino que para afectar procesos decisorios no pueden usar el poder que su investidura les da. Eso sucede al buscar una reforma que produzca como efecto inmediato el cambio de las reglas aplicables a quien está en ejercicio del poder. La naturaleza de las leyes -y más las que tendrán nivel de 'Norma de normas'- es justamente la intemporalidad y la universalidad, o sea, que no estén destinadas a casos y circunstancias especiales, ni en cuanto al momento ni en cuanto a las personas. Por eso, el argumento de que se debe cambiar la Constitución para poder reelegir al doctor Uribe puede confundir al votante raso, pero exactamente lo contrario deben pensar tanto los legisladores como los jueces de constitucionalidad.
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