Opinión

  • | 1999/02/26 00:00

    Subsidios agrícolas de moda

    El problema es cómo hacer que las ayudas a sectores claves sean efectivas.

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El tema de los subsidios agrícolas ha sido objeto de gran debate no sólo en Colombia, sino en muchos otros países del mundo. Recientemente, el debate se ha centrado no en si los subsidios agrícolas son necesarios o no, el consenso es que cierto tipo de subsidios son necesarios, sino más bien en la forma de otorgar dichos subsidios. La forma tradicional ha sido por medio de tasas preferenciales de interés y en ocasiones, condonaciones de deudas y renegociaciones. En los países desarrollados como Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE), la forma más usual ha sido el pago de subsidios a los agricultores para que no cultiven parte de las fincas.



Esto está cambiando radicalmente. Los mecanismos tradicionales están siendo eliminados como resultado de los Acuerdos del GATT en Uruguay y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su reemplazo, muchos países han establecido programas de subsidio directo para agricultores pequeños, autorizados por las nuevas reglas de la OMC. Estados Unidos aprobó una nueva ley agrícola en 1996 para reemplazar el antiguo sistema de pagos a los agricultores por uno de pagos directos. La CEE, bajo su Política Común Agrícola, introdujo en 1993 subsidios directos desligados del cultivo de ciertos productos. Desligar los subsidios de la producción es importante por cuanto los subsidios no deben inducir a producir más de ciertos productos y a inundar el mercado local e internacional.



Los nuevos subsidios agrícolas son montos de dinero entregados directamente al agricultor para la compra de insumos agropecuarios u otros propósitos. En México, el programa Procampo beneficia a más de tres millones de campesinos productores de una gran variedad de cultivos, incluidos granos básicos. Este programa se introdujo en 1994 para la modernización del sector agrícola como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá y para reemplazar una gran cantidad de subsidios como crédito barato, condonaciones de deudas y compras garantizadas. A raíz de la Constitución de 1991, que prohibió los auxilios parlamentarios, hemos entrado en una especie de rechazo al concepto de subsidios directos. A pesar de esto y basados en los artículos 64 y 65 de la Constitución, que indican la obligación del Estado de apoyar a campesinos pobres, la Gobernación de Cundinamarca ha diseñado un proyecto piloto por el cual se beneficiarán 1.400 familias de agricultores marginales ubicados en 12 de los municipios más pobres del departamento. El proyecto de Cundinamarca es innovador y tiene en cuenta lecciones aprendidas en otros países. Una de éstas es que estos programas deben complementarse con otros especialmente de salud y educación para tener un mayor impacto sobre la familia y romper el círculo de la pobreza. Así, el programa de Cundinamarca exige que los niños entre 5 y 14 años asistan a la escuela todo el año lectivo y los niños menores de cinco años tengan las vacunas exigidas para esta edad. De esta forma, Cundinamarca trata de reducir las altas tasas de deserción de las escuelas rurales y los altos índices de enfermedad de los niños menores y entrega un apoyo significativo a los campesinos pobres. Esta experiencia, si es exitosa, podría replicarse en el resto del país como un instrumento clave para combatir la pobreza rural, una de las más profundas de Latinoamérica, y contribuir a la consecución de la paz en el país.



* Consultor internacional y asesor de Cundinamarca.
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