Opinión

  • | 2005/09/16 00:00

    Sobre el negocio de Telecom

    Las dudas que sembró el acuerdo de 'fusión' de la empresa estatal, hacen pensar en la pérdida de rumbo de la sociedad y en correcciones para el negocio y para el país.

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La súbita aparición del negocio de Telecom con la presentación directa del Presidente de la República ha dado bastante de qué hablar. El contenido del memorando de entendimiento que recoge el acuerdo con el señor Carlos Slim ha sido objetado, tanto en su juridicidad, como por lo que representa como resultado para el país.



Entre otros puntos, se pueden recordar

- Que, contrariamente a lo afirmado y prometido por el Presidente cuando se aceptó la reestructuración de Telecom, la operación sí es una privatización: no solo lo es de hecho porque pasa a quedar bajo el control de un privado (lo cual es la esencia de la privatización), sino lo es jurídicamente porque la llamada fusión implica la enajenación de las acciones existentes para recibir las de la nueva sociedad (lo cual está regulado por la ley y es muy diferente a recibir un aumento de capital por un tercero).

- Que el negocio que se hizo entre Telecom y Coltel, que sería la compañía con la cual se 'fusionaría' la del señor Slim, ni tuvo, ni probablemente ameritaba mayor control, puesto que eran dos sociedades estatales, donde el efecto neto para el país sería cero. Su propósito fue que Coltel obtuviera todos los beneficios posibles y quedaran en Telecom -en liquidación- todos los problemas liquidatorios; la garantía ofrecida -o mejor, comprometida- por el presidente Uribe de que no se privatizaría daba razón a esto. Pero otra cosa es el traslado de todas esas ventajas a un particular (y además, aunque menos importante, inversionista extranjero).

- Que por eso el precio es ridículo, puesto que la operación se basó en que Coltel cubre el pago con el fruto de sus utilidades casi como donación (a 15 años con ajustes del IPC -o sea, sin intereses-), y ahora esas condiciones las compartiría el nuevo 'socio'.

- Que la 'fusión' por la contraparte sería con una pequeña filial local, con lo cual no se comprometería la responsabilidad de la matriz.

- Que, en cifras, ese esquema produce que el 'aporte' nuevo sería de US$350 millones cuando solo los activos físicos de Telecom (principalmente 3'000.000 de líneas fijas) pueden valer entre 10 y 20 veces ese valor.

- Que, como en casi cualquier compañía, en especial las oficiales, el valor en libros es irrisorio ante el valor real y fue sobre la base de aquel que se tomaron los precios; que por contraste parte del pago se hace con una filial en Colombia del señor Slim avaluada en varias veces su monto en libros.

- Que la obligación de las pensiones de $6,9 billones, hoy destino prioritario de las utilidades de Coltel y garantizadas con cancelaciones mínimas $402.000 millones (los dos años anteriores se han transferido más de $900.000 millones cada vez), solo sería cubierta si hay suficientes utilidades y lo que era ese mínimo pasará a convertirse en el tope máximo de esos pagos. Tanto el posible faltante, como los contratos de asociación no cancelados ni conciliados en cabeza de Telecom -Alcatel y NEC-, quedarían a cargo de la Nación.

- Que el Estado aportó en líquido $1 billón, más que la inversión total de la contraparte, que, como operador, además de cobrar el 3% sobre ingresos, se beneficiará de un manejo de caja de ventas superiores a los $2 billones. Con utilidades operacionales de más de $1 billón, y ya descontados los pagos a Telecom, quedará neto a repartir entre socios cerca de $500.000 millones, recuperando su inversión más o menos en dos años pero conservando además el control de la compañía (con el antecedente conocido de que en México ya había hecho 'el negocio del siglo', comprando por US$1.600 millones lo que tres años después valía y rentaba el equivalente a US$20.000 millones).

- Que así se pone al servicio de un particular y en contra de los intereses de nuestras entidades públicas -Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y Empresas Públicas de Medellín, EPM- el poder del Estado.

En fin, conocidos son los cuestionamientos.



Bien hizo el señor Contralor en advertir a los miembros de junta directiva de la empresa que en caso de detrimento del patrimonio público podrían ser ellos los llamados a juicio de responsabilidad fiscal y a pagar lo correspondiente con su propio peculio, deteniendo así la operación en marcha, por lo menos hasta cuando él emita su concepto.

Me parece, sin embargo, que hay un error al interesarse más en el texto del contrato (del posible contrato) que en el contexto de la negociación.

Quedan demasiadas preguntas en el aire antes de pensar en la bondad o no del 'acuerdo':

- ¿Quién lo negoció? ¿Quién le fijó las atribuciones y cuáles fueron ellas? ¿Quién determinó los lineamientos por seguir, teniendo en cuenta que es una empresa que tiene otros intereses además de la rentabilidad económica?

- ¿Cuáles fueron los expertos técnicos, jurídicos, financieros u otros que participaron? ¿Quién los escogió? ¿Qué remuneración reciben o recibieron?

- ¿Hay intermediarios? Si los hay, ¿quiénes son y cuánto ganan? No se trata de que no deba haberlos sino de que esto debe ser de público conocimiento.

- En representación del Estado en cuanto a órganos de control, ¿cuándo y cómo participaron o fueron informados?

- En un negocio sobre bienes públicos, y más cuando son de este tamaño, no puede haber reserva o secreto respecto a los anteriores puntos. Pero tampoco puede haber poder discrecional para resolver sobre ellos, sino debe el trámite ceñirse a lo regulado institucionalmente.

- Como operación comercial, es incomprensible e inadmisible que se pretenda negociar un bien de la Nación (¡de la Patria!) sin siquiera hacer su avalúo: en este caso nunca se realizó, o no fue base de referencia para llegar a lo pactado finalmente.

- Y ante la ciudadanía es igualmente incomprensible e inadmisible que se pretenda legitimar este proceso aprobando en Conpes que se estudie la posibilidad de buscar 'socios estratégicos' para Telecom después de tener el socio y el acuerdo ya definido.

- Que el Presidente lo presente y asuma la responsabilidad lejos de responder a esas inquietudes las agranda: no es esta su competencia; no tiene por qué ser él el conocedor del tema para decidir personalmente al respecto; no está bien que su presencia desaparezca los nombres de quienes deben asumir las funciones y responsabilidades que corresponden en los diferentes aspectos; en una palabra, no es un negocio del Presidente y el país tiene unas reglas y unas instituciones que no pueden ser suplantadas por muy capaz y muy honrada que sea la persona que eso pretende.



Nada de lo anterior cambiaría o desaparecería en el caso de que las observaciones respecto a los resultados pudieran ser absueltas mostrando un acuerdo ideal. Estamos ante una entrega tan incondicional al caudillo que empieza a parecer natural que se dé este trato a los negocios del país. Estamos ante una desmedida apropiación del poder y no basta señalar a posteriori que es un memorando de entendimiento y que la transparencia consiste en que cuando sale a la luz pública se reversan las decisiones, se amplían los plazos, se abre a nuevos interlocutores, etc. Lo malo, dudoso o cuestionable del resultado es consecuencia de la pérdida de rumbo de nuestra sociedad, y es ahí donde se deben hacer las correcciones.
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