Opinión

  • | 1997/03/01 00:00

    Sistema Financiero y Estado

    Es deseable unificar la función de prestamista de última instancia Banco Central con la supervisión bancaria.

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Esistema financiero colombiano, de cara a una posible n la actualidad, se discute el futuro del reforma, cuyas características constituyen un tema de enorme importancia. Es conveniente reflexionar sobre múltiples áreas. En esta oportunidad, quiero referirme a uno que no sólo considero de vital importancia, si no muy descuidado por los analistas. Me refiero a la relación que, en materia de regulación y supervisión, se establece entre el sector financiero, entendido como una actividad privada, el Estado en general y el Banco Central en particular.



Un tipo tradicional de regulación, vigente en el mundo, en especial hasta la desregulación de los años 80, se relaciona con múltiples normativas, cuyo propósito es lograr, por medios administrativos, que el sector financiero actúe de manera consistente con aquello que el regulador de turno considera apropiado. Así, en nuestro contexto, el esquema de crédito de fomento dirigido obliga al sistema a canalizar una parte de sus colocaciones a sectores o áreas que el regulador cree prioritarias. Los controles a las tasas de interés buscan imponer un precio que el regulador considera adecuado o consistente con sus propósitos.



A partir de la década del 70, un mayor número de trabajos empezó a cuestionar las prácticas de regulación financiera tradicional y abogó por una mayor injerencia del mercado. La evidencia empírica apoya estas conclusiones, en la medida en que se logra establecer con bastante claridad la relación positiva entre el desarrollo financiero, de un lado, y el crecimiento económico, de otro.



Las experiencias de liberalización de los sistemas financieros comienzan hacia los años 80 en muchos países. Los resultados obtenidos son consistentes con la siguiente interpretación. La decisión de liberalizar el sistema financiero puede entenderse como una inversión. Mediante ella, las autoridades buscan un retorno que se refleja en tasas más elevadas de crecimiento económico. De otra parte, como en cualquier otra inversión, se incurre en riesgos.



Un interesante trabajo reciente muestra cómo se pueden dividir en dos grandes grupos los países que liberalizan su sistema financiero: los exitosos, en los cuales la tasa de crecimiento se eleva de manera importante y los no exitosos, en los cuales la tasa de crecimiento cae también en grado importante. El cuadro muestra los resultados.



El cuadro permite deducir que la experiencia internacional de liberalizar paga mucho si uno es exitoso, pero que también es bastante riesgosa.



El punto es que, con el sentido de la liberalización como guía, el otro eje debe ser el establecimiento de mecanismos eficientes de cobertura contra el riesgo de una crisis bancaria. Primero, por cuanto por medio de ellas se castiga el crecimiento y, segundo, por cuanto en todas partes las crisis bancarias han sido, de hecho, cubiertas por el contribuyente y no hay razón para pensar que somos diferentes. Sobre todo porque ya incurrimos en esta práctica en los 80, a un costo aproximado del 7% del PIB.



La regulación del sector financiero debe pasar del esquema tradicional, esbozado arriba, a otro cuyo punto de partida sea el tratar de cubrir al ciudadano del riesgo de una crisis bancaria. Esto por cuanto, de hecho, racionalmente cabe esperar que dicho ciudadano sea el paganini.



Este planteamiento general tiene implicaciones concretas. Primero, la regulación no debe ser un instrumento de promoción de la agenda de ningún gobernante. Segundo, puesta a escoger entre las medidas que promuevan la "eficiencia" del proceso de intermediación y aquellas que cubren el riesgo que implica, la autoridad siempre debe elegir la segunda alternativa.



Por último, en nuestro ámbito, la reforma debe reconocer que la supervisión bancaria y la actividad del prestamista de última instancia, están íntimamente ligadas porque sin un mercado ágil de cartera ni de capital bancario (acciones) es imposible saber con exactitud el riesgo en que una entidad está incurriendo. Produce cierta preocupación que se utilicen con tanta confianza conceptos como los de la relación capital/activos de riesgo, en un contexto en el cual no hay mercados ni para lo uno ni para lo otro. Se trata de una simple construcción estadístico-jurídica sin que haya, necesariamente, una contrapartida en los precios del mercado.



En este contexto, resulta elevada la posibilidad de darle crédito inflacionario de "liquidez" a una entidad que en la realidad del mercado es insolvente. Por tanto, ante una contingencia tan evidente, el prestamista de última instancia debería contar con los mecanismos de cobertura necesarios para minimizar la posibilidad de su ocurrencia; hoy en día prácticamente no los tiene y sería deseable que una reforma atacara el problema. Mi punto es que la actividad del prestamista de última instancia y la de control inflacionario bien pueden plantear contradicciones que se podrían minimizar2.



En síntesis, la discusión sobre reformas financieras es una oportunidad para reenfocar el sentido de la regulación del sistema, completando el paso -que ya se viene dando- de un esquema de intervención administrativa, a un concepto de cubrimiento de los riesgos que surgen en la liberalización financiera. En particular, planteo que es muy conveniente repensar el actual esquema del prestamista de última instancia y su relación con la actividad de supervisión banciaria. La medida de dejar en el mismo agente las dos responsabilidades sería compatible con los incentivos de promover la seguridad financiera; bien que el gobierno asuma la función del prestamista de última instancia, al asignar la contingencia al fisco, o que el Banco Central asuma la labor de supervisor bancario, asignando al emisor los instrumentos regulatorios para cubrirla. El esquema actual es un second best que ha funcionado bien, pero cuyos costos son crecientes con el grado de liberalización e integración financiera.
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