Opinión

  • | 2006/03/16 00:00

    Servicios Públicos, en la mira de Evo Morales

    Argumentos como la calidad de los servicios públicos, las tarifas y la poca RSE. ¿Populismo o realidad?

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La columna incluida en la edición 247 hizo referencia a un editorial aparecido en el periódico oficial de la Arquidiócesis de Bogotá sobre el sector financiero.

Gran parte de la discusión se ha centrado en las grandes utilidades producidas por el sector. Sin embargo, al pensar en el sector financiero es imposible abstraerse de su carácter de prestador de un servicio público, de la calidad y del costo del mismo, de su papel en la economía y de su responsabilidad con la comunidad.

Habría entonces que hacer énfasis en la responsabilidad que tienen todas las compañías con la sociedad, sus clientes y mercados. La misma adquiere una inmensa relevancia en el caso de las empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos, no en el sentido limitado de la definición como agua, electricidad, gas o teléfonos, sino incluyendo servicios para la comunidad como transporte, el sector bancario, los celulares, los medios de comunicación o los distribuidores de combustible, entre otros.

Son muchísimas y muy grandes las responsabilidades públicas o comunitarias que por definición tienen estas empresas. No solo con sus trabajadores, con su entorno y con el ambiente, sino con sus clientes, con su mercado. Cuando una aerolínea, una empresa celular o un banco deciden prestar su servicio al público, están aceptando el compromiso de atender con calidad, correcta y eficientemente a la comunidad.

El cambio de paradigma Es tan grande el impacto de los productos y servicios prestados sobre la comunidad, que hasta hace poco tiempo se consideraba totalmente imposible que la propiedad de empresas de algunos sectores como telecomunicaciones o servicios públicos domiciliarios pudiera estar en manos distintas a las del Estado.

Ha habido otros casos más extremos. En Costa Rica, se consideraba que el sector asegurador presta un servicio público y para garantizar la prestación del mismo o evitar los abusos económicos derivados de su explotación monopólica, se decidió que su propiedad y operación deberían encontrarse exclusivamente en manos del Estado.

Otros como Colombia consideraron en la misma categoría al sector financiero y aplicaron medidas menos drásticas, como mantener bancos que fueran propiedad del Estado y que sirvieran de "reguladores virtuales" del sistema, ofreciendo recursos a menores costos a capas de la población que en teoría no eran elegibles para los bancos privados.

La década del 90 generó cambios en algunos paradigmas económicos, entre ellos el de la prestación de los servicios públicos en el sentido amplio de la palabra. Mediante procesos de privatización y regulación permite la entrada del sector privado a los sectores de servicios domiciliarios y a otros como transporte, telecomunicaciones o infraestructura.

El mecanismo adoptado para asegurar la correcta prestación de los servicios fue la generación de marcos regulatorios estrictos, y así nacieron entidades como las comisiones de regulación de agua, energía, gas, infraestructura o telecomunicaciones. Estas entidades fueron acompañadas por las Superintendencias encargadas de la vigilancia del cumplimiento de lo que disponían la Constitución y las comisiones reguladoras. En realidad, se trataba de traer a estos sectores lo que ya se había inventado para el sector financiero.

La vuelta de los viejos dogmas Infortunadamente, los esquemas de regulación y supervisión en muchos casos no han sido suficientes para garantizar la calidad de los servicios prestados. Las quejas son múltiples. La sola reacción que genera el servicio prestado por el sector financiero, las altas tasas de interés cobradas, o la calidad y tarifas de algunos servicios públicos con frecuencia enfurecen a la población.

Esta es la muestra de que la sola regulación no es suficiente, pues debe estar acompañada por fuertes políticas de responsabilidad social de parte de las empresas que las comprometan con la población que es su mercado.

No es gratuito que hoy veamos a Evo Morales en Bolivia declarando como objetivo principal de su administración la reestatización de algunas de las compañías prestadoras de servicios públicos privatizadas en la última década. La población hoy lo apoya, pero sin duda si los servicios fueran buenos y estuvieran acompañados de tarifas justas, nadie querría la vuelta del Estado a muchas compañías.

* Miembro consejo directivo de Compartamos con Colombia. email: brucemacmaster@compartamos.org
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