Opinión

  • | 1997/03/01 00:00

    Señor juez:E.S.D.

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Quien presenta esta demanda, mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá, comerciante, tiene el honor de exponerle, que desde hace más de un año las facultades intelectuales del alto gobierno y de su equipo económico han sufrido una alteración tan profunda, que constituyen hoy los estados de incompetencia y dilapidación o prodigalidad previstos en los artículos 531 y 545 del Código Civil, y requieren en socorro del patrimonio nacional -en el interés de sus gobernados a los que inexplicablemente pretenden seguir gobernando- la aplicación de las disposiciones ordenadas por los mismos artículos.



Que, en efecto, el estado anímico y mental del alto gobierno y de su equipo económico ha sufrido desde el inicio del proceso político en su contra y durante este último año, en especial, una deplorable disminución de su capacidad de raciocinio; que la voluntad del estadista ha sido la primera en experimentar los efectos de este mal populista, y que su aniquilamiento ha dejado al señor presidente y a todo su gobierno entregado a los peligros de una incapacidad comprobada por los hechos siguientes:



Hechos



Desde hace dos años, buena parte de las rentas fiscales de la Nación, producto del trabajo de los ciudadanos honestos, pasa sin causas plausibles y sin beneficio, ni aun temporal, a una clase política cuya corrupción repulsiva es universalmente señalada. Que ninguna razón, ni aun aquellas que la moral y la ley no reprueban, puede justificar el imperio logrado por la clase política. La influencia parece ser tan grande, que siempre que necesita dinero, aun para satisfacer simples caprichos, esta caterva de pícaros obtiene del alto gobierno y de sus más cercanos colaboradores, sin discusión alguna, todo lo que pide y, a falta de dinero en efectivo, les entrega jugosos contratos, licitaciones, dádivas, concesiones, cargos y todo tipo de corbatas.



Que no ha existido intención alguna por parte del alto gobierno y del equipo económico de evitar la dilapidación del patrimonio de todos los colombianos, llegando al extremo de feriar las grandes empresas del Estado para cubrir los gastos corrientes de la omnívora burocracia. Que cuando se le ha hablado de ello, no ha parecido recordarlo; que siempre que el país honesto le reclama su adhesión a los políticos más corruptos, sus respuestas han mostrado un abandono tan completo de sus ideas y de nuestros intereses, que ha de existir necesariamente en este asunto una causa oculta, sobre la cual los ciudadanos requerimos la vigilancia de la justicia, dado que es imposible que esta causa no sea criminal, abusiva y contra derecho, o de naturaleza apreciable por la medicina legal; si es que tal obsesión por dicha clase política no es de aquellas que se puedan calificar, sirviéndose del término extraordinario, de posesión.



La ruina en que se encuentra el fisco, señor juez, es prueba suficiente de que, por prodigalidad o incompetencia, el equipo económico debe ser puesto en entredicho para administrar los bienes de la Nación. No sólo, señor juez, la prodigalidad puede probarse por hechos repetidos de dilapidación, que manifiestan falta total de prudencia, sino que por excesiva liberalidad están derrochando el patrimonio de todos los colombianos.



Que no hay la menor duda de que la errática conducta de este gobierno en el campo económico ha causado, según reza textualmente "notable incomodidad a los habitantes".



Que tanto el alto gobierno como sus asesores económicos presentan gravísimas perturbaciones de la memoria, que se unen a una desorientación en el espacio que los llevó a olvidar que ellos mismos nombraron una "Comisión del Gasto Público", la cual les advirtió hasta la saciedad sobre la crisis fiscal que se avecinaba al igual que el hecho de que la crisis cambiaria de finales de diciembre de 1996 fue exclusivamente por culpa del mismo gobierno al monetizar unos recursos en divisas que no tenían por qué ser convertidos en su totalidad en pesos.



Pretensiones



1. Que se declare interdicto por prodigalidad y serios indicios de incapacidad al alto gobierno de la República y a todo su equipo económico.



2. Como consecuencia de dicha declaración, se prive al alto gobierno del manejo del patrimonio nacional.



3. Que se designe como curador al doctor Carlos Lemos Simmons, vicepresidente de la República, con facultades para administrar el patrimonio de los colombianos y previo el cumplimiento de los requisitos de ley, se le dé posesión de su cargo, se le discierna y se le autorice para ejercerlo.



Testimoniales



Comedidamente me permito solicitar a ese despacho se sirva hacer comparecer a los treinta millones de colombianos que podemos dar fe sobre los hechos relativos a esta demanda.



Notificaciones



Reciba señor juez notificaciones en su despacho.

Sírvase señor Juez darle trámite a la presente demanda.
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