Opinión

  • | 2005/10/30 00:00

    Se equivocó la Corte

    Lejos de permitir que el caso Uribe 'contaminara' el tema de la Reforma, la primera obligación de la Corte era independizar lo uno de lo otro.

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La Corte enfrentaba dos asuntos de naturaleza y de importancia diferentes. Uno jurídico e institucional referido a una Reforma Constitucional y a lo que es propiamente su contenido; y el otro, el que concierne solo a un momento y ocasión particulares para su aplicación. Parece lógico que se diferencien los dos, por ser el primero una regla, mientras que el segundo es un caso único bajo condiciones diferentes a las que ella contempla.

A nadie escapa que la razón de esta reforma no era cambiar la Constitución sino abrir la posibilidad de la reelección de Uribe, o sea un objetivo personalizado y coyuntural. La consecuencia para la Corte era que le correspondía tratar tres temas: el trámite del Acto Legislativo; su contenido; pero, además, en este caso, su propósito, pues ha sido doctrina jurisprudencial reivindicada en forma reiterada que la naturaleza política -y no solo jurídica- de la Constitución hace que sus sentencias puedan tener ese sentido.

Para los magistrados tenía que ser claro que una cosa es la intervención política en la coyuntura y otra la contribución a la estructura ideológica y orgánica de la Carta, y que el caso sobre el cual debían pronunciarse permitía distinguir claramente las dos: una era el momento y las circunstancias particulares en que se aplicaría la norma, y otra, totalmente ajena a esto, es la constitucionalidad de una Reforma que, dependiendo de cómo se pronunciaran sobre el trámite y el contenido del Acto Legislativo, institucionalizaría o no la posibilidad de la reelección inmediata de los presidentes.

Lejos de permitir que el caso Uribe 'contaminara' el tema de la Reforma, la primera obligación de la Corte era independizar lo uno de lo otro, para lo cual el camino era pronunciarse en forma separada sobre ellos. Así saltaba a la vista que el debate sobre la aplicabilidad inmediata al Presidente Uribe era diferente al debate sobre la norma y, al estudiar los argumentos de las demandas de inexequibilidad, para no producir un fenómeno de 'arrastre' se distinguiría cuáles afectaban lo uno y lo otro.

Por ejemplo, para tener alguna validez el argumento de que los cuestionamientos al trámite que fueron presentados no podían tener tanto peso como para decidir sobre la suerte de una Reforma Constitucional, debería acompañarse de la aclaración de que esto sucede porque no fue alrededor o respecto a ella que se produjeron, ya que no fue por el propósito o la necesidad de cambiar la Carta que se incurrió en los procedimientos irregulares denunciados, sino para que se aplicara al caso Uribe.

Nada más claro que el caso de las recusaciones (o mal llamados 'impedimentos') puesto que no se referían al tema de la reelección como figura constitucional (y por eso en efecto, como lo explicó el presidente de la Corte, el sentido del voto no determinaba cómo afectaría a quienes lo emitían), sino a la situación de quienes podían tener por motivación la contraprestación a alguna dádiva de quien eventualmente sería beneficiario de ese voto. No hay duda de que es irregular suplantar el trámite de una recusación -donde hay una denuncia de un tercero sobre una situación no reconocida por el afectado, y una Comisión de Ética que como juez interno produce un pronunciamiento-, por el de un impedimento -en el que en el interesado mismo existe una duda sobre si debe votar o no y, considerándose inhibido para resolver, delega en sus pares la decisión-. Como lo es también el que se pueda votar, así sea en cabeza de otros, en los casos en que el tema afecta en forma idéntica al votante por ser idéntica su situación. No se habrían producido estas situaciones de no estar de por medio la reelección personal de Uribe.

También puede ser que ante la cantidad de debates que acompañaron el proceso del Acto Legislativo sea razonable (aunque sí muy controvertible) considerar que no era pertinente ante la trascendencia del tema declarar la inexequibilidad por actuaciones discutibles pero menores en el manejo de este requisito. Pero otra cosa es legitimar la decisión deliberada y expresada de hacer ese cuestionable manejo para así acelerar la votación, porque de otra manera la norma no beneficiaría al actual Presidente.

Igualmente, los principios universales de que no se deben cambiar las reglas en la mitad del juego, que no se puede ser juez y parte, o que no es ético legislar en beneficio propio (plasmadas en los principios jurídicos de la no retroactividad de la ley y de que toda reforma es a futuro) excluirían la posibilidad de aplicación al caso del gobernante en ejercicio que la adelanta, pero no conciernen el contenido de la norma. Esto se complementa con que las leyes no se pueden aplicar 'a medias', pues se debe tener en cuenta su integralidad, y en este caso especial no sería así, ya que, por la fecha de entrada en vigencia de la Reforma, la posibilidad para otros funcionarios de ser candidatos renunciando un año antes de la elección no existe.

Además de estas consideraciones, la ley complementaria -Ley de Garantías- hace depender la aplicación al trámite por la Corte y a lo que de él resulte, pero sin incidir en la reforma misma.

Por todo lo anterior, la reforma como norma abstracta y general debía ser tratada diferente y aparte. La jurisprudencia constitucional, en relación con que las sentencias pueden ser divididas en partes, condicionadas, o moduladas, abría un abanico de alternativas para fijar parámetros de hasta dónde la participación política de la Corte diferencia lo conceptual de lo coyuntural.

Porque en esta situación, la reelección misma de Uribe es secundaria ante lo que se sienta como jurisprudencia. El problema no es si Uribe es buen o mal presidente. Ni si lo es el modelo de 'seguridad democrática', que para ciertos sectores ha creado un ambiente de inversión más propicio, por lo cual desearían la prolongación del mandato, pero no presenta la misma cara ante quienes no son inversionistas (entre ellos más de medio millón de desplazados bajo este gobierno), sino son las víctimas y el escenario donde se desarrolla la guerra para implementar este 'modelo'.

Desde la perspectiva de la Corte, el punto por resolver no era con cuál de esas opiniones se alinea.

Lo grave de las decisiones fruto de arbitrariedades o irregularidades no es su contenido, sino el hecho mismo de que sean arbitrariedades o irregularidades. Una medida que depende de ellas puede incluso producir efectos positivos sin que por ello esto sea conveniente. Como toda reforma tiene aspectos buenos y aspectos malos, y personas a quienes satisface o beneficia y otras a quienes perjudica o desagrada, siempre se debatirá sobre ellas; pero el camino del abuso, o de la irregularidad para promulgarlas siempre conllevará consecuencias indeseables. La peor de todas, que no solo se acepte el uso de reformas constitucionales para objetivos coyunturales sino que se diera carta de legitimidad y se institucionalizara como precedente jurisprudencial el que se utilicen maniobras indebidas para ello. La Corte habría podido y debido evitarlo pronunciándose con sentencias parciales, o condicionadas, o moduladas.

P.S. La respuesta de que esto no se hizo porque no había antecedentes de sentencias sobre constitucionalidad de estas características no parece satisfactoria.
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