Opinión

  • | 2008/02/01 00:00

    Se cayó la ley forestal

    La principal enseñanza es que no se deben coger atajos para aprobar los proyectos puesto que esto termina siendo mucho más costoso para la sociedad y el país en general.

COMPARTIR

El traumático proceso de discusión y aprobación de la Ley Forestal, de iniciativa gubernamental, acaba de finalizar con la sentencia de la Corte Constitucional que la declara inexequible ante la demanda presentada por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

La Ley, aprobada a pupitrazo limpio en 2006 con el respaldo de los Ministerios del Ambiente y Agricultura, no solo amenazaba los bosques naturales y sus servicios ambientales, sino que violaba los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes al no ser consultados sobre aquellas decisiones que los afecten. Así se lo hicimos saber un grupo de exministros del medio ambiente en su momento al Presidente de la República quien decidió no sancionarla y devolverla al Congreso, objetando todos aquellos artículos que atentaban contra el bosque natural. Sin embargo, se hizo caso omiso de todos nuestros argumentos sobre su inconstitucionalidad.

Argumentábamos en ese momento, que a pesar de que la Ley excluía la extracción comercial de maderas de los bosques naturales en territorios de resguardo indígenas y de los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, contradictoriamente, creaba diversos incentivos para la extracción maderera en territorios ancestrales. También llamábamos la atención sobre el Convenio 160 de la OIT aprobado por el Estado mediante Ley 21 de 1991 sobre pueblos indígenas y tribales que exige a los gobiernos "consultar con los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente", e igualmente "establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan".

Además, la Ley 21 de 1991 dispuso que "Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

Por todo lo anterior expresábamos que el texto de la Ley debió haber sido consultado con esas comunidades, puesto que esa falencia la hacia vulnerable a un fallo adverso de la Corte Constitucional, tal como sucedió.

Así como aconteció con la Ley Forestal, son muchos otros los casos que se vienen presentando en el país, en particular con relación a los proyectos de desarrollo, que afectan y violan los derechos de los pueblos indígenas a una consulta previa. La licencia ambiental para la construcción de la represa del río Ranchería o la licencia ambiental para la construcción del puerto multipropósito Brisa en el municipio de Dibulla, entre otros varios casos, han carecido de los procesos de consulta adecuados, solo que hasta ahora nadie ha demandado los procesos administrativos.

Bien por el fallo de la Corte Constitucional puesto que además de mostrar gran coherencia con sentencias previas en favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los territorios colectivos afrocolombianos, es un campanazo de alerta sobre la importancia que debe dar el gobierno nacional a la reglamentación de la Ley 21, en particular a los procedimientos de consulta previa. Con el fallo ganan las comunidades indígenas en el respeto a sus derechos constitucionales, sistemáticamente vulnerados, pero pierde el país que queda sin una Ley Forestal para los bosques plantados, afectándose el desarrollo de este sector potencialmente importante para la economía. Pero tal vez la principal enseñanza es que no se deben coger atajos para aprobar los proyectos puesto que esto termina siendo mucho más costoso para la sociedad y el país en general. Ojalá aprendan de esta experiencia, el Gobierno y el Congreso.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?