Opinión

  • | 2011/03/30 00:00

    Santurbán, un debate de interés nacional

    Lo que ha sucedido en este caso tiene explicación y hace parte de una cadena de errores e incoherencias institucionales de larga data.

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La forma en que se ha manejado el tema del proyecto minero en el páramo de Santurbán deja mucho que desear. Las consecuencias son locales, nacionales e internacionales. La comunidad santandereana ha quedado dividida entre los pobladores de los municipios que supuestamente se verían beneficiados por el proyecto y los estamentos sociales bumangueses que, en un movimiento social sin precedentes, sentaron su protesta ante la amenaza que representaba la explotación minera para las fuentes de agua que abastecen a la ciudad. El conflicto se hizo aún más evidente en la audiencia pública que debió ser suspendida ante los enfrentamientos entre los distintos actores, y en los cuales debió interceder la policía.

Por su parte, las fisuras y vacíos en la coordinación interinstitucional al interior del gobierno nacional han quedado al descubierto. Los roles que deben desempeñar los diferentes Ministerios en esta materia están confundidos hasta el punto que quien salió a defender los páramos ha sido el Ministro de Minas y Energía. El silencio de las autoridades ambientales nacionales ha dejado mucho que desear. A su vez, la seguridad jurídica que requiere la inversión extranjera ha quedado en entredicho y muchos empresarios se quejan de la falta de reglas claras para el desarrollo de la locomotora minera, principal jalonadora del PIB en 2010. Razón no les falta. Este ha sido un proceso donde todos pierden.

Muchos se preguntan cómo es posible que las cosas hayan llegado hasta ese punto. Lo que ha sucedido tiene su explicación y hace parte de una cadena de errores e incoherencias institucionales de larga data. Me explico: el problema empieza en Ingeominas, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que durante la pasada administración entregó a diestra y siniestra títulos mineros a lo largo y ancho del país sin importar si comprometían Parques Naturales Nacionales, ecosistemas estratégicos -tales como los páramos- o sitios sagrados de especial significación cultural para las minorías étnicas. Una irresponsabilidad que ya ha ocasionado más de un conflicto. Lo anterior ha estado seguido por las autorizaciones que el Minminas ha otorgado para adelantar procesos de exploración a las empresas poseedoras de títulos mineros, sin ningún otro tipo de consideración. En el caso de la Greystar se le dejó invertir cerca de US$150 millones a sabiendas de que esas inversiones se estaban haciendo en zonas ambientalmente vedadas a la minería, algo que para muchos sectores no revestía mayor importancia y, por lo tanto, se podía manejar políticamente. Consecuente con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Vivienda aceptó la recepción de la solicitud de la Greystar para el estudio de la licencia ambiental en áreas de páramo a pesar de que sabía que la Ley excluía estos ecosistemas de cualquier actividad minera. En el caso de Santurbán, también le cabe una gran responsabilidad a la empresa que conocía todas estas realidades e insistió en su proyecto hasta que la situación se hizo insostenible.

La laxitud con que el Gobierno abordó el tema desconociendo la Constitución y las leyes ambientales, al pensar que el desarrollo minero se podría dar a cualquier precio, explica mucho de lo sucedido. Para fortuna del país, en este caso se contó con un gran movimiento ciudadano, el cual inclinó la balanza a favor de los intereses colectivos de todos los colombianos.

El presidente Santos ha prometido una minería responsable y ha dicho que los títulos mineros no otorgan automáticamente el derecho a la explotación de los minerales. Su visión y su voluntad política requieren de una serie de ajustes en los procedimientos para la toma de decisiones al interior del Gobierno, donde quede claro que los ecosistemas estratégicos del país se deben anteponer a cualquier otro tipo de interés. Igualmente, se requiere de una coherencia y coordinación institucional que aún está por construirse. Para este propósito, el presidente cuenta, después de Santurbán, con el apoyo de una ciudadanía cada vez más educada y participativa, que estará atenta y lista para evitar que este tipo de casos se repitan.

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