En la mayoría de países latinoamericanos la recesión tocará fondo en unos pocos meses, dando paso a una modesta recuperación en 2010. Las proyecciones macroeconómicas de analistas independientes apuntan a un crecimiento del orden del 2,5% para la región en su conjunto el próximo año, lo que apenas compensará la caída prevista en la actividad económica en 2009.
Puesto que las principales fuentes de crecimiento mundial provendrán, no de Estados Unidos o Europa, sino de China, India y otros países en desarrollo, la recuperación será más rápida en los países exportadores de productos básicos que en los que dependen más de las exportaciones de manufacturas y de los ingresos de remesas y turismo.
Mientras ya hay signos de recuperación en Brasil y Perú, no puede descartarse que la recesión de 2009 se prolongue en algunos de los países más pobres de Centroamérica y el Caribe, e incluso México. Aunque Venezuela y Ecuador se beneficiarán de los mayores precios del petróleo y Argentina del repunte de la soya, su crecimiento se verá frenado por la desconfianza que han generado los excesos de gasto y las políticas antimercado de los años de auge.
A pesar de que las condiciones de financiamiento para la región lucen sustancialmente mejores que en los meses que siguieron a la quiebra de Lehman Brothers en septiembre pasado, sería un error pronosticar que las dificultades financieras están superadas. El mayor riesgo ahora es que se disparen las tasas de interés internacionales debido al aumento colosal de los déficits fiscales de los países desarrollados. Estados Unidos tendrá un déficit fiscal de 13,2% en 2009; Gran Bretaña, de 13,8%; y los países de la Zona Euro, de 5,8%. En 2010, el coeficiente de endeudamiento de los diez países más ricos del mundo llegará a 106% del PIB, frente al 78% en 2007 ó el 40%, aproximadamente, de las economías emergentes.
Este contexto de recuperación moderada y potencial vulnerabilidad financiera será necesario reorientar las políticas macro y sectoriales que se adoptaron en los últimos meses para enfrentar la recesión. El ritmo de implementación de los programas de estímulo fiscal deberá graduarse a medida que se consolide la recuperación buscando el objetivo de apoyar el crecimiento económico, generar empleo y proteger a los grupos más vulnerables mientras sea necesario, pero evitando que se agudicen las vulnerabilidades financieras externas y que se ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Las políticas de irrigación de crédito deberán desmontarse para prevenir presiones inflacionarias una vez que se reavive la demanda interna, y para evitar posibles fugas de capitales por las mayoires tasas de interés externas.
La vigilancia financiera tendrá que reforzarse en los países que han sido más afectados por la recesión y, quienes aún no lo han hecho, deberán tener preparadas medidas de apoyo e intervención en el evento de crisis bancarias. Los sistemas financieros nacionales han soportado en forma admirable las perturbaciones externas y las caídas de la producción de los sectores domésticos, las cuales han sido especialmente pronunciadas en los sectores industriales. Sin embargo, la experiencia de recesiones pasadas indica que toma un tiempo para que estos fenómenos se reflejen en la calidad de la cartera de los sistemas financieros.
Las medidas de respuesta a los altos precios de los productos básicos, que empezaron a establecerse en el primer semestre de 2008, tendrán que ser desempolvadas y puestas en operación nuevamente. Los países más pobres del Caribe y América Central enfrentarán los dilemas más complejos, porque sus cuentas fiscales y externas son más sensibles al costo de la energía y de los alimentos importados, y porque carecen de mecanismos para compensar a los consumidores más pobres del efecto del aumento de precios. Los problemas de estos países se verán exacerbados por la reducción sustancial que han tenido las remesas, la cual posiblemente persistirá en 2010 debido al alto desempleo de los países desarrollados. Aunque los mayores precios de los bienes básicos representan una ganancia neta para los países de América del Sur, ello hará que revivan los conflictos distributivos para apropiarse de las ganancias a través de subsidios a los consumidores e impuestos a los productores. Los mayores ingresos externos traerán de regreso las tendencias a la apreciación cambiaria, con el consecuente enfrentamiento entre los sectores transables y el resto de sectores.
Las políticas industriales y de apoyo sectorial tendrán que reorientarse nuevamente hacia el crecimiento de largo. El lento crecimiento de la productividad, un problema endémico de la región, es ahora más crítico debido a que la recesión ha dejado capacidad productiva excedente, en algunos países ha llevado a aplazar programas de inversión pública y privada en actividades cruciales para la productividad, como la infraestructura de transporte, y ha inducido a numerosos trabajadores que han perdido sus empleos en las empresas más grandes a rebuscarse ocupaciones en negocios informales y de baja productividad. Los gobiernos tendrán que pensar más en políticas industriales para mejorar la competitividad de los sectores con potencial, y menos en medidas transitorias para hacer más llevadera la informalidad o el empleo en pequeños negocios.
La forma como los sistemas políticos y los gobiernos hagan frente a los nuevos retos determinará qué tan graves serán las consecuencias de la recesión reciente para el bienestar de los latinoamericanos en el largo plazo.
Nota: el autor está vinculado al BID pero se expresa a título personal.