Opinión

  • | 2011/03/30 00:00

    Respuesta regulatoria a la crisis financiera

    Como era de esperarse, la nueva regulación financiera en Estados Unidos es más estricta y reduce significativamente la rentabilidad de los bancos.

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La crisis que estalló en el año 2008 puso en evidencia la fragilidad de la regulación financiera en Estados Unidos, así como la falta de capacidad de supervisión de los entes de vigilancia. Se cometieron todo tipo de abusos y errores en las titularizaciones de hipotecas sub-prime, en los derivados de riesgo de crédito, en el apalancamiento de los fondos de cobertura, en la contabilidad de las instituciones financieras y en las calificaciones de riesgos, solo por citar algunos ejemplos.

Por lo tanto, era de esperarse que surgieran nuevas regulaciones mucho más estrictas, para evitar los errores del pasado. Así ocurrió a nivel global con el desarrollo de Basilea III, como se denomina el nuevo acuerdo establecido por el Comité de Reguladores Bancarios de las principales economías del mundo. Este acuerdo eleva los requerimientos de capital y liquidez de los bancos y limita su capacidad de apalancamiento total. Estos requerimientos entran en vigor gradualmente hasta el año 2019.

Los nuevos requerimientos tienen la ventaja de reducir la probabilidad de que los bancos entren en dificultades financieras. Sin embargo, como todo en la vida, esto tiene su costo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) estima que el crecimiento de la economía mundial podría reducirse entre 0,05% y 0,15% anual por causa del encarecimiento del crédito resultante de estas medidas.

En Estados Unidos se aprobó el año pasado la Ley Dodd-Frank, que va mucho más allá de Basilea III. Por ejemplo: 1- Establece una nueva autoridad para proteger al consumidor de abusos por parte de los bancos; 2- Limita los precios de las tasas de intercambio de las transacciones con tarjetas débito y crédito; 3- Aumenta el costo del seguro de depósito; y 4- Limita las actividades de trading con posición propia.

Esta respuesta regulatoria, aunque entendible dada la magnitud de la crisis por la que pasamos, puede tener efectos nocivos para la recuperación de la economía de Estados Unidos, que van mas allá de los efectos estimados por la OECD.

Un estudio reciente de McKinsey revela que el conjunto de medidas que hacen parte de la Ley Dodd Frank reducen la rentabilidad patrimonial de los bancos de 12% a 6% anual. La mitad de esta caída se explica por la adopción de los acuerdos de Basilea III. La otra mitad de la caída es producto de requerimientos o restricciones adicionales impuestas por la nueva ley.

Los bancos van a tener que tomar medidas para elevar su rentabilidad a niveles que les permitan levantar el capital requerido por Basilea III. O sea, se va a encarecer el crédito y disminuir la disponibilidad del mismo para tomadores de mayor riesgo. Todo esto va a tener un impacto negativo adicional sobre la economía de Estados Unidos.

En America Latina no tuvimos una crisis financiera como en Estados Unidos o Europa. En gran parte, eso se debe a que teníamos una regulación mucho más conservadora. De hecho, los grandes bancos de la región ya cumplen con la mayoría de los requerimientos de Basilea III. Lo importante ahora no es introducir nuevas regulaciones sino fortalecer la capacidad de gestión de riesgo de los bancos y la capacidad de supervisión del Estado.

Sin embargo, existe el riesgo de que los reguladores sobrerreaccionen, tomando como precedente la Ley Dodd-Frank, estableciendo controles de precios y limitando la innovación en el sector. Esto sería un gran error que afectaría negativamente el potencial de crecimiento económico de la región.

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