Opinión

  • | 2003/10/04 00:00

    República de Colombia: en liquidación

    Hay que recordar al gobierno que una Nación no es una empresa que pueda ser liquidada, y que su mandato no es el de adelantar un proceso semejante.

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Como es bien sabido en el mundo empresarial, al renunciar una empresa al propósito de seguir su actividad entra 'en liquidación' y abandona el desarrollo de su objeto social para limitarse a las acciones correspondientes al proceso liquidatorio.

Si Colombia fuera vista como una empresa, tanto la situación del país como el comportamiento del gobierno llevarían a la duda sobre si ese es el estado en que nos encontramos.

En la liquidación de empresas, el liquidador deja de regirse por los estatutos y, por enmarcar todas sus actividades dentro de ese objetivo y esa limitación única, justifica acciones que serían ajenas al objeto social si la empresa estuviera en funcionamiento. En este caso, para el gobierno el ordenamiento constitucional dejó de ser un marco regulador, y lo ve como un instrumento al servicio de sus propósitos: se somete a él si coincide con ellos, pero lo desconoce -o eventualmente fuerza su cambio- en caso contrario.

El tratamiento que da al tema del déficit fiscal y la deuda pública es simplemente el paralelo de una empresa que tuviera pérdidas permanentes y las cubriera con aumento del endeudamiento. Las proyecciones que propone no muestran sino una solución de caja, basadas (como las que hacen los liquidadores) en datos que se modifican a medida que se presentan los informes, considerando irrelevante su capacidad de hacerlas cumplir. Habló de un 'hueco fiscal' de $2,5 billones, el cual subió a $3,3 billones, después a $4,1 billones para después desaparecer sin explicación alguna. Tras la presentación del presupuesto informó que no se incluían $470.000 millones para la 'inserción' de paramilitares, $700.000 millones para el sostenimiento del programa de 'seguridad democrática' (que se repetirá cada año) y $800.000 millones para subsanar el faltante producido por la desaparición del IVA del 2%. Y posteriormente tramitó una apropiación adicional para la actual vigencia por $4,7 billones sin que se conozca ni se incluya su efecto en el próximo ejercicio. Con estas partidas (de gastos confusos o imprevistos), el déficit del Gobierno Central se sitúa entre 6,5% y 12%, totalmente indefinido en el momento por culpa del gobierno, pero evidentemente crítico.

Como la deuda pública alcanzó un nivel insostenible, su manejo (cual si fuera una liquidación) se vuelve angustiante. La externa se ha convertido en el argumento de sumisión al FMI y su pago la prioridad absoluta del gobierno, sin buscar optimizar la forma de atenderla: ni renegociación, ni intervención cambiaria, ni objetivo diferente del cumplimiento a cualquier costo. El comportamiento es idéntico al de un liquidador ante el sistema bancario: la preservación de la buena imagen y las buenas relaciones personales de los gestores con el sector impiden tomar actitudes que sean desagradables a los acreedores.

Como el cupo financiero exterior se saturó, el endeudamiento interno se volvió la variable de ajuste, sin alternativa ni racionalidad en cuanto a la oportunidad o las condiciones de su uso: el llamado 'canje' es simplemente la adquisición de nuevos créditos para pagar los anteriores, y el que las tasas de la nueva emisión tengan un costo superior al 13% cuando el sistema financiero está captando por debajo del 8% es manifestación clara de la aulaga financiera del Estado; la succión de recursos así obtenidos es parte de las dificultades que impiden que el sector privado ayude a salir de la recesión. Pero en una liquidación no cuenta el futuro.

En una liquidación, a las dificultades de tesorería y desfases presupuestales se responde con el cierre de las filiales y el remate de los activos en función del saneamiento que permiten y no del verdadero valor que tienen. Las declaraciones del recién nombrado director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -en el sentido de que las concesiones se harán a la medida de las necesidades de cada concesionario y que las diferencias se dirimirán en tribunales internacionales- concretan la liquidación de Ecopetrol (y de toda soberanía en materia petrolera), y las del presidente de Granahorrar, en cuanto a que su función es vender antes de seis meses la institución, producen inquietudes: es bien sabido que tanto el origen como la consecuencia de la crisis inducida por los responsables del sector bancario bajo el gobierno anterior fue una depreciación ficticia de los activos; las multimillonarias pérdidas en las entidades que hoy se rematan (Banco Cafetero, Granahorrar, etc.) correspondieron a provisiones ordenadas por ese mal manejo oficial que causó la crisis misma; las utilidades actuales de bancos e 'instrumentos de salvamento' (como CISA, Fogafin, o liquidación de Caja Agraria) no corresponden a rendimientos operacionales, ni a ninguna forma de generación de riqueza, sino simplemente a 'recuperaciones' del verdadero valor que siempre han tenido. Ojalá no se haga la 'liquidación' sin considerar esto.

También, como en cualquier liquidación, los primeros sacrificados son los trabajadores de la empresa. La política de reducción y despidos implementada por el gobierno (al igual que la propuesta de congelación de salarios) es idéntica a la de cualquier entidad que adelanta esos trámites.

Incluso la concentración en un objetivo único (seguridad democrática) distante a la naturaleza de la entidad que se analiza (Estado Social de Derecho) no es diferente de lo que sucede en muchos procesos de liquidación, cuando estos se ponen al servicio de determinada causa, por ejemplo, consolidar otra empresa vinculada pero perteneciente a un grupo más reducido de accionistas.

Una empresa en liquidación se distancia del mundo en el cual se movía; la relación creada por el gobierno con las ONG, con los países amigos y con los organismos internacionales dejan un sabor parecido.

En fin, los efectos de una liquidación (y la forma en que los liquidadores actúan) los conocen la mayoría de los lectores de esta revista: destrucción de valor, remate a menosprecio de activos, obsesión por un único objetivo en detrimento de otros resultados, desinterés por buscar alternativas, etc.

En unos casos se entra en liquidación en forma preventiva, por la incapacidad inminente de seguir funcionando; en otros por haber caído en situaciones en las cuales es imposible cumplir; en otros más, para desarrollar determinados objetivos aunque sea a costa de la empresa.

Todas estas causales o condiciones parecen estar presentes en el momento actual. Pero recordemos al gobierno que una Nación no es una empresa que pueda ser liquidada, y que su mandato no es el de adelantar un proceso semejante.
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