Opinión

  • | 2006/04/18 00:00

    Reinserción: una bomba de tiempo

    De no hallar una fórmula exitosa, lo más probable es que los desmovilizados terminen absorbidos por los grupos que permanecen en armas, la delincuencia común o el narcotráfico.

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En medio del escepticismo, la crítica de unos y el entusiasmo de otros, el país ha venido presenciando el proceso de desmovilización y desarme de los grupos paramilitares. Sin haber concluido aún, se ha iniciado un importante debate por el llamado que ha hecho el gobierno nacional al sector empresarial, por intermedio del Ministro del Interior, para que genere empleos para los ex combatientes desmovilizados colectivamente al igual que para los guerrilleros y paramilitares que han desertado de manera individual. En conjunto son más de 37.000 hombres que han dejado las armas y a quienes el gobierno debe garantizar su incorporación a la sociedad si de desactivar el conflicto y construir paz se trata. Los procesos de reinserción adelantados en los países donde se han alcanzado tratados de paz, se enmarcan dentro de los acuerdos entre partes que deciden poner fin al conflicto armado mediante una negociación política. En estos casos, las dos acuerdan y comparten la responsabilidad en la reinserción de los ex combatientes a la sociedad. Lo paradójico y preocupante es que aún en esas condiciones favorables, además del masivo apoyo internacional, las soluciones han resultado insuficientes. Tal es el caso de los países centroamericanos donde, después de más de una década de la firma de los acuerdos de paz, los procesos de reinserción no han concluido aún y las redes criminales son uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad. En relación con otros procesos de paz, el caso colombiano es mucho más complejo y sui generis puesto que aquí la reinserción se viene dando sin que el conflicto haya terminado. En este contexto, el gobierno ha venido desarrollando una serie de acciones con los desmovilizados individuales y colectivos. Sin embargo, están lejos de tener los resultados esperados. A la fecha, solo ha sido posible ubicar a un número reducido de reinsertados en puestos de trabajo: 1.700 como auxiliares de policía vigilando carreteras, 270 en algunas cadenas de almacenes y 500 en proyectos rurales productivos en Córdoba y Urabá auspiciados por el Banco Agrario. ¿Qué pasará entonces, en los próximos meses, con 32.000 reinsertados, una vez el gobierno finalice el pago de los salarios a cada uno de ellos y también haya concluido la capacitación que les ofrece el SENA? El tema está aún lejos de ser solucionado y presenta serios riesgos para el futuro de la paz y del país, si no logra resolverse de manera satisfactoria. De no encontrarse una fórmula exitosa, lo más probable es que los desmovilizados terminen absorbidos por los grupos que permanecen en armas, por la delincuencia común o como parte de los ejércitos del narcotráfico. Además, un fracaso en este campo enviaría un pésimo mensaje al ELN, en fase exploratoria para avanzar hacia conversaciones de paz con el gobierno, y también a las Farc, con los cuales tarde o temprano habrá que sentarse a la mesa para lograr una negociación política al conflicto armado. Además de lo ya expuesto, mucha gente se pregunta cuál es la razón para que el gobierno ofrezca todo tipo de incentivos a los victimarios, en tanto que las víctimas de la violencia y los desplazados carecen, en la mayoría de los casos, de estos beneficios. ¿No es esto un claro signo de injusticia social? Con tantos interrogantes, no cabe duda de que el tema de reinserción es una bomba de tiempo y que su desactivación debe comprometer a todos los estamentos del gobierno y de la sociedad y contar con el apoyo de la comunidad internacional. El tema de reinserción no puede abordarse de manera aislada, dejando de lado los demás problemas que enfrenta el país en materia de conflicto y paz. Por su importancia estratégica, el gobierno nacional debería pensar en la formulación de una política permanente de paz y la construcción de una institucionalidad adecuada que responda a los grandes retos que nos han dejado 40 años de conflicto armado, que ha evolucionado de la guerrilla al narcotráfico y al paramilitarismo. Solo así se podrá generar la confianza requerida en el sector privado, que podrá tener seguridad de que su apoyo no sea algo coyuntural y sí una verdadera contribución a la solución integral del conflicto y, por ende, al futuro de sus negocios.
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