Opinión

  • | 1998/06/16 00:00

    Reformas a la Ley 100

    No se debe limitarla, sino acelerar la descentralización en cabeza de los municipios y convertir los hospitales en entidades autónomas.

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Más que reformas regresivas, se requiere acelerar la aplicación de la Ley 100. La comunidad académica internacional la reconoce como un gran aporte de Colombia, que permitió la competencia del sector privado y de organizaciones sociales sin eliminar las instituciones oficiales, que ha profundizado la solidaridad y ha acelerado el avance de cobertura durante un período de débil crecimiento económico. Los beneficiarios del régimen contributivo en salud, en menos de 5 años, han pasado de cerca de 4,5 millones a más de 13, y ya hay casi 6 millones en el subsidiado.



El texto no es reglamentarista. Al contrario, define de manera amplia la metodología de prestación de servicios y deja a cargo del reglamento y de los acuerdos del Consejo Superior decisiones como la de definir qué nivel presta cada uno de los servicios del plan obligatorio.



A raíz de las crisis hospitalarias se pide el desmonte de la Ley 100 para que la totalidad de aportes llegue directamente a los hospitales, sin considerar la eficiencia, la competitividad, el número de usuarios atendidos, la calidad de los servicios, etc.



La Ley no se fue al extremo de trasladar todos los recursos al sistema de demanda. Se introdujo el concepto de gradualidad. También se pueden considerar casos regionales para financiar por excepción, mediante mecanismos de oferta, a aquellos hospitales cuya ubicación física los obligue a operar a pérdida por la poca densidad poblacional.



Se necesita acelerar la descentralización de la salud en cabeza de los municipios y la conversión de los hospitales en entidades autónomas. Esto último los presiona a buscar la eficiencia. Así lo acredita el testimonio de un gerente que trabajaba con 35 auxiliares de enfermería y al convertirse el hospital en empresa autónoma reconoció que bastaba sólo con 17, porque desde ese momento la nómina ya no le llegaría por simple gracia de la capital del departamento, por el contrario, debería justificarlo en servicios y disputarlo en el mercado.



Se requiere examinar en cada hospital el tamaño de la nómina, los sueldos y prestaciones, los vehículos, los celulares, las compras, en fin, todos los egresos. Los municipios deben pagar con puntualidad a las administradoras y éstas a los hospitales. Los gastos burocráticos en los servicios departamentales y municipales de salud también tienen que ser drásticamente reducidos.



No basta con pedir más recursos, hay que mejorar la administración y derrotar la politiquería y la corrupción. Donde se han hecho estos esfuerzos los problemas han mejorado y hay casos sorprendentes de recuperación como el hospital San Vicente de Paul en Antioquia. Los dineros del fondo de solidaridad no se pueden llevar a la burocracia, pues son para pagar los servicios que se presten a los colombianos más pobres. Al ampliar la cobertura, también se estimula la oferta en beneficio del empleo y de los ingresos de los profesionales de la salud.
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