Reforma a las transferencias territoriales

| 4/9/2001 12:00:00 AM

Reforma a las transferencias territoriales

Además de premiar el esfuerzo fiscal, es preciso asignar las transferencias contra resultados y reformar el sistema político.

por Hugo López

Las finanzas de las entidades territoriales están al orden del día. Cursa en el Congreso el proyecto de acto legislativo que modifica el sistema de transferencias. Se trata de un paquete en el que --además de la Ley 617 de ajuste fiscal que obliga a los Alcaldes y Gobernadores a ajustar su nómina de personal-- están también incluidas una reforma a la Ley 60 y la consideración de la propuesta de los Gobernadores para reformar el régimen tributario de los entes territoriales (aspiran a un punto del 3 x 1.000 y a una sobretasa al imporrenta).



El proyecto de acto legislativo modera la dinámica de las transferencias, pero no reduce su volumen. Crecerán al 1,75% anual real (2002-2003), al 2% (2004-2005), al 2,5% (2006-2008) y a partir del 2009, en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que tengan los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores. Es una apuesta arriesgada para la Nación que deberá elevarlas a esas tasas, sin importar el comportamiento de sus ingresos. No es cierto tampoco que la Nación arroje exclusivamente la carga del ajuste sobre las entidades territoriales, pues sus gastos de funcionamiento reales solo podrán elevarse en lo sucesivo al 1,5% anual real.



Esta reforma es necesaria para el país. Un estudio reciente de la Corporación CIDE1 para la DDT del DNP saca varias lecciones del período 1994-1998 que el país no puede olvidar.



1. Aunque la inversión real per cápita en educación, salud y agua potable creció en términos reales, parte de los dineros se dilapidaron en burocracia y clientelismo. El número de funcionarios y contratistas por cada 10.000 habitantes se elevó 34% entre 1994 y 2000 en los municipios antioqueños estudiados. En este último año en Nóvita y Bahía Solano era de 280 y 200 (contra un promedio de 69, todavía muy elevado, en los antioqueños).



2. Si bien los ingresos tributarios reales por habitante crecieron entre 1994 y 1998 (no hubo pereza fiscal absoluta) los gastos reales de funcionamiento se elevaron más (en Medellín, aumentaron 77% entre 1994 y 1999). Por eso, el porcentaje en que los ingresos tributarios cubren el funcionamiento se redujo entre el 94 y el 98 (hubo pereza fiscal relativa) y los municipios dependen más de las transferencias.



3. Pero no se trata de frenar la descentralización, sino de corregir sus defectos. A pesar de todo, el desempeño global de los municipios antioqueños estudiados es aceptable (44% va bien, 56% va regular).



Mensaje central de ese trabajo: el desempeño municipal depende de dos variables claves. Del diseño del sistema de transferencias, responsabilidad de la Nación, y del desempeño político y participativo, responsabilidad de los municipios. Ambas inciden en los resultados finales vía gestión financiera y administrativa. La forma de las transferencias es decisiva: además de premiar el esfuerzo fiscal es preciso asignarlas contra resultados. La reforma al sistema político es también un imperativo; si no el clientelismo seguirá frenando los esfuerzos del país en materia descentralista. Al respecto, hay que promover la participación ciudadana (indirecta y directa) en la vida política municipal mediante instrumentos informativos adecuados. La falta de información veraz y gratuita es una de las variables que Downs argüía desde 1957 para explicar los males de la democracia. Dicho de manera simple: los ciudadanos y sus organizaciones necesitan, en sus municipios, sistemas de información de desempeño que les permitan juzgar, seguir la gestión de sus gobernantes y votar y cooperar o no con ellos.
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