Opinión

  • | 2011/04/27 00:00

    Reflexiones sobre la tragedia invernal

    El país no ha entendido a fondo el problema que vivimos y, por lo tanto, si el diagnóstico está errado, seguramente las soluciones propuestas también lo estén.

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¿Cuáles son las causas para que se esté presentando una tragedia de semejantes dimensiones? No acabamos de salir de las inundaciones de finales de año que afectaron a más de 2,5 millones de colombianos, causaron decenas de muertos y cubrieron numerosos poblados y miles de hectáreas de cultivos y pastos para la ganadería, cuando una vez más las fuertes lluvias de la Semana Santa dejan al país prácticamente incomunicado. En esta oportunidad se agravó la situación de las zonas afectadas con anterioridad, y se sumó el colapso de las principales carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional.

El diagnóstico que se ha hecho hasta el momento, además de dejar en claro que se trata de un evento sin precedentes en la historia del país, pero eso sí, pronosticado con anticipación por el Ideam, ha buscado chivos expiatorios para justificar la difícil realidad. Entre estos se encuentran las CAR (corporaciones autónomas regionales), entidades a las que se les ha querido responsabilizar de todos los males. No es mi propósito defender a las CAR, las cuales sin duda requieren de una reingeniería para garantizar transparencia y eficiencia en su manejo, además de su despolitización. Sin embargo, atribuirles a ellas todos los males es más que injusto y no corresponde a la realidad.

Esta apreciación hace pensar que el país no ha entendido a fondo el problema que vivimos y, por lo tanto, si el diagnóstico está errado, seguramente las soluciones propuestas también lo estén.

En anteriores columnas he explicado que cuando se juntan los efectos del cambio climático global (eventos extremos de lluvias o sequía) producidos especialmente por la liberación de gases efecto invernadero de los países industrializados y emergentes, con un creciente deterioro de los ecosistemas estratégicos reguladores de los caudales, producido por un modelo de desarrollo sin consideraciones ambientales (páramos intervenidos por cultivos de papa y ganadería; humedales y ciénagas desecadas o rellenadas para ganar tierras y una gran sedimentación de ríos y quebradas, producto de la tala indiscriminada de bosques en zonas de fuerte pendiente), el resultado final es lo que estamos viviendo.

Es por esto importante que el país entienda que, además de las CAR, son muchas otras las entidades que por su pasividad o acción hacen parte del problema. Por ejemplo, el Incoder (antes Incora) que promovió la valoración de mejoras para la titulación de tierras a partir de la tala de los bosques, así como obras para la adecuación de tierras sin consideraciones ambientales, o el Inco, que tampoco tiene en cuenta ese factor al contratar obras de infraestructura. También los Municipios y Departamentos que siempre han tenido competencias para la realización de obras de control de inundaciones en sus jurisdicciones, o el Ministerio del Ambiente, cabeza coordinadora de las CAR, y también el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres del Mininterior, encargado de estos temas, no pueden pasar de agache. Hoy vemos el costo del proceso de desinstitucionalización de muchas de estas entidades adelantado por la administración Uribe, a quien, sin embargo, es justo reconocerle los avances en seguridad.

Lo que el país tiene que tener claro, es que el cambio climático global es una realidad y que año tras año sus impactos serán mayores. Es por estas razones que se hace indispensable emprender desde ya la restauración de los ecosistemas estratégicos afectados y la reubicación de la población vulnerable en zonas seguras, porque de lo contrario nos veremos avocados a nuevas tragedias. Si no logramos en el largo plazo restaurar la salud ambiental del territorio, en épocas de invierno, las aguas seguirán buscando su espacio y en años La Niña será cada vez más severa. En esas circunstancias no hay dique o jarillón que valga.

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