Opinión

  • | 2009/06/26 00:00

    Redefiniendo el concepto de seguridad

    Ahora que comienza el debate electoral, aproximarse al concepto de seguridad ambiental es un imperativo político para nuestro país y debe estar desde ya en la agenda de los candidatos.

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El ambiente preelectoral empieza a tomarse al país. A un año de las elecciones presidenciales, en medio de la incertidumbre política generada por la posibilidad de un tercer mandato del presidente Uribe, ya son diversas las figuras que empiezan a mostrar su intención de hacer parte de la contienda presidencial. Los hay para todos los gustos: algunos están a la espera de una señal por parte del Presidente para ver si son los elegidos para recoger sus banderas en caso de que el referendo se ahogue, algo que, como están las cosas, parece muy probable; otros hacen parte de la carrera de precandidaturas del Polo Democrático y del Liberalismo; los conservadores, por su parte, se encuentran en medio de la confusión entre el clientelismo o la independencia como alternativa de poder. Finalmente, están los independientes con Sergio Fajardo punteando en las encuestas y de los cuales también hacen parte Marta Lucía Ramírez, Garzón, Mockus y Peñalosa. Con excepción de los uribistas que mantienen un discurso basado en la continuidad de las políticas del Presidente, la contienda política no permite aún conocer propuestas por parte de los precandidatos, dedicados por ahora a acercarse a las regiones.

Pero lo indudable es que la seguridad es el tema que no podrá ser ajeno a ninguno de los candidatos. Lo interesante es que el concepto de seguridad democrática, basado exclusivamente en la derrota militar de los grupos insurgentes como mecanismo para mantener la confianza inversionista, es ya insuficiente y en el corto plazo será cosa del pasado. La dimensión de los desafíos que tiene el país por delante, como el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones; seguridad social y empleo; erradicación de la pobreza y la inequidad; atención a las víctimas del conflicto y a los desplazados -hoy más de tres millones, lo que nos hace el número uno a nivel mundial-; restitución de tierras; estabilidad económica; seguridad alimentaria; seguridad ambiental y prevención de desastres, entre muchos otros, conducen a pensar en un nuevo concepto de seguridad. Es evidente que muchos de estos desafíos no podrán ser enfrentados simplemente mediante el aumento del pie de fuerza, el mejoramiento de la inteligencia o la compra de más aviones y helicópteros artillados. El enfoque que ha dado el actual gobierno debe ser revaluado y qué mejor que este sea un tema para el debate político.

Uno de los temas que se encuentra en esa lista es el de la seguridad ambiental. Años atrás, en 1996, ya era motivo de debate en el Pentágono, como lo describe Norman Myers en su libro "Ultimate Security, la base ambiental para la estabilidad política". En él se cita una interesante frase del entonces presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos. "Hay una nueva y diferente amenaza emergente para la seguridad nacional: la destrucción del medio ambiente. Uno de los principales objetivos de la seguridad nacional debe ser reversar la acelerada destrucción ambiental en el planeta", decía el senador Nunn y tenía razón. Sin embargo, y a pesar de que ha transcurrido más de una década desde esa célebre frase, los más recientes estudios nos muestran que la situación en vez de mejorar ha empeorado. Ya para 2005 se necesitaban 1,39 planetas tierra para mantener el ritmo de consumo de la creciente población mundial. Pero además, si todos los que habitamos este planeta quisiéramos vivir al estilo norteamericano, se necesitarían cinco planetas tierra.

En Colombia los desastres naturales -inundaciones y avalanchas- producto del mal manejo ambiental afectan anualmente a cientos de miles de ciudadanos y su costo alcanza el 0,9 % del PIB. La erosión de los suelos y la pérdida de bosques afectan nuestra calidad de vida, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua para los acueductos de pueblos y ciudades. Según el Ideam, para 2015 el 55% de las cabeceras municipales presentaran índices de escasez hídrica. Según el Banco Mundial, la degradación ambiental equivale al 3,7% del PIB. Con esta cifra -mayor a lo que cuesta el conflicto armado- esta es ya una realidad que no podemos subestimar y que debe ser parte de las políticas públicas. Aproximarse a este otro tipo de seguridad es un imperativo político para nuestro país y debe estar desde ya en la agenda de los candidatos.

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