Recursos para la universidad

| 2/11/2000 12:00:00 AM

Recursos para la universidad

Colombia necesita un sistema nuevo para financiar la educación superior. La escolaridad universitaria sigue siendo baja.

por Hugo Lopéz Castaño

La demanda por profesionales y técnicos ha sido muy dinámica en Colombia; seguirá siéndolo cuando pase esta crisis. Hemos progresado, pero nuestra escolaridad superior sigue por debajo del estándar internacional. Sobran cupos de primer nivel mientras que un porcentaje creciente de bachilleres no logra ingresar al sistema; la educación pública, casi gratuita para los estudiantes, es cara para el erario y abunda la privada de mala calidad; los programas técnicos/tecnológicos, cortos y económicos son escasos (todos aspiran a ser doctores, pero apenas se gradúa el 50%) y la sobrerreacción de los aspirantes al alza en los salarios está produciendo excesos en ciertas áreas. Al país le falta un sistema de crédito que financie a los pobres el desfase entre sus ingresos actuales y futuros y la demanda potencial por carreras cortas. Y le falta un buen sistema de información que oriente las decisiones de aspirantes e instituciones educativas. De todos los estudiantes, los universitarios reciben los más altos subsidios; aun si su extracción social es popular, la educación superior les brinda una ganancia sustancial de ingresos que no devuelven a la sociedad vía impuestos. Como lo sugiere la experiencia internacional, si queremos expandir adicionalmente la educación superior (lo necesitamos para ser competitivos) debemos cambiar la financiación del sistema. Además de estabilizar los aportes presupuestales reales a las universidades oficiales que apenas aportan el 30% del estudiantado y pedirles más eficiencia, hay que crear un sistema crediticio para todos. Respaldado con crédito de la banca multilateral y con recursos de presupuesto, el Gobierno debería abrir en el IFI una línea de redescuento para el crédito educativo. En 1998, el BIRF prestó US$180 millones a un Banco de Fomento Mexicano para un programa así en Sonora. Se apalancó con fondos adicionales de los Gobiernos Federal (que garantizó el préstamo) y local y de las asociaciones universitarias. El crédito sería intermediado preferentemente por sociedades no financieras (no autorizadas a captar dineros del público), de carácter regional, constituidas por universidades e institutos técnicos/tecnológicos. El Icetex puede ser ofrecido en venta a un pool que quiera aprovechar su red de oficinas, su cartera y su experiencia. Esas sociedades podrían operar el programa con pequeñas sucursales en cada universidad socia (que asumiría sus costos). Habría un fondo de garantías, pero para contrarrestar el "riesgo moral", suspendería préstamos cuando la mora en una institución sobrepase el margen previsto. Para fomentar la calidad de la educación, habría que restringir la concesión de créditos a instituciones acreditadas. Las sociedades regionales podrían contratar con firmas externas el establecimiento de puntajes para los diversos programas y fijar restricciones adicionales. Con el tiempo, podrían montar en convenio con las Cámaras de Comercio sistemas de información sobre oferta y demanda de empleo profesional. Podrían así combinar indicadores laborales y académicos por programa e institución y publicarlos de tal manera que el crédito educativo pueda fluir hacia donde se necesita.
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