Opinión

  • | 2007/02/02 00:00

    ¿Quién es culpable de los platos rotos?

    En el caso Bancolombia, el contexto puede ayudar a entender, entre otras cosas, el porqué de las actuaciones de los distintos funcionarios en el proceso.

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Que se puedan suscitar controversias en los negocios donde se manejan recursos del público es natural; por eso se establecen los mecanismos de control para evitarlas y los de la justicia para resolverlas.

El caso de Bancolombia ha despertado el interés:

1. En la situación de los hoy acusados -presidente y vicepresidente del entonces Banco Industrial Colombiano (BIC) y hoy del nuevo banco.

2. En saber quién paga los platos rotos en un debate de estos, quiénes han sido o serán los afectados, y por qué deben serlo.

Pero más importante que el contenido del pleito es el porqué de la ambigua situación de hoy: ¿Cómo pudo llegarse a esto? ¿Dónde estaban estos mecanismos, cómo actuaron y por qué? Dicho en otras palabras, lo que queda pendiente es la responsabilidad de los funcionarios y de las autoridades causantes de esta incertidumbre.

Sobre los hechos no hay controversia:

1. Las acciones del BIC tuvieron un inusual movimiento y una importante alza en las bolsas en los meses anteriores a la fusión.

2. El negocio incluía la obligación por parte de los accionistas del BIC de suscribir US$150 millones de capital, lo que no se cumplió.

3. Se usaron créditos del Banco de Colombia y de la filial del mismo BIC en Panamá para la operación.

Estos podrían eventualmente implicar:

1. Manipulación de precios en las bolsas de valores para que las acciones del BIC fueran avaluadas en un precio valor mayor al real, y que los accionistas del entonces Banco de Colombia recibieran menos de lo que les debería corresponder.

2. Engaño, o sea fundamento de una estafa, en la medida en que no se cumplió la capitalización, y quienes entregaron acciones del entonces Banco de Colombia contra acciones del nuevo Bancolombia acabaron siendo deudores del mismo crédito con el cual los compraron.

3. Violación de las normas que prohíben la adquisición de entidades financieras con recursos del mismo sistema financiero; en este caso con el agravante de ser autopréstamo.

Así lo vio en su momento el fiscal responsable de esas investigaciones, llegando a las mismas conclusiones del de hoy y, exceptuando la medida de aseguramiento, tomando las mismas decisiones; el doctor Luis Camilo Osorio removió a ese funcionario y lo sustituyó por quien produjo el lío actual, en el que la nueva calificación de la Fiscalía surge porque la Corte Constitucional ordenó reabrir el juicio, mediante un amparo de tutela a los señores Gilinski, en razón de que se habría violado el debido proceso.

¿Qué nos dice un análisis de contexto?

—El gobernante de turno

En sus 'aventuras' como directivo del 'Grupo Promoviendo', Andrés Pastrana terminó en lo personal con la prohibición de por vida de vincularse al sector financiero (revocada porque la apelación logró aducir la prescripción, pero quedando los cargos como probados y ciertos); y en cuanto al país, el gobierno de entonces —cuatrienio de Belisario Betancur— para ocultar que habían incumplido el compromiso de compra del Banco Mercantil, apeló a la cláusula de excepción del Pacto Andino que permitía en caso de estar 'afectado el interés nacional' la adquisición por extranjeros de la mayoría en una entidad bancaria; así llegó aquí el banco protagonista de los manejos más corrompidos conocidos en la historia de la banca en el mundo, como fue el paquistaní Banco de Crédito y Comercio.

—El Sindicato Antioqueño y el gobierno Pastrana

El candidato del Sindicato era Juan Camilo Restrepo; pero cuando el conservatismo escogió a Pastrana, lo apoyó y generó un pánico financiero que cambió la segunda vuelta en contra de Serpa. Además, el BIC aportó más del 50% de los créditos de la campaña ($2.500 millones) y las empresas del grupo fueron el mayor donante ($837 millones). En reciprocidad, se le entregó en cabeza del doctor Juan Camilo Restrepo el manejo de la economía —y en particular del sector bancario—.

—El Sindicato y su visión de la Superintendencia

Es conocido el enfrentamiento entre el Grupo Grancolombiano (Jaime Michelsen) y el Sindicato, cuando fue nombrado el máximo miembro del Sindicato Hernán Echavarría como Superintendente Bancario, y se llegó al punto de inventar la figura de 'autopréstamo' que ni se configuraba ni existía como delito. Además de la experiencia obtenida, el uso de ese poder contra un rival quedó plenamente validado.

—La Fiscalía y el gobierno Pastrana

La definición del período del fiscal —si personal o institucional—, hasta entonces tratada desde el enfoque jurídico constitucional, tomó una dimensión de politiquería con la inesperada elección de Pastrana, ya que se volvió la confrontación de fuerzas entre el gobierno que quería prescindir de cualquier control sobre él, y el partido Liberal que deseaba mantener esa función en cabeza del doctor Gómez Méndez. Al ganar, el doctor Pastrana propuso una terna que inicialmente fue rechazada por la Corte Suprema por considerar que sus candidatos no tenían la jerarquía que debía corresponder al cargo, pero la Corte Constitucional se pronunció diciendo que la Carta no tenía requisitos ni limitaciones al respecto. Tras varias votaciones, se impuso quien mejor representaba los intereses del Presidente (su suplente personal en las juntas directivas de las empresas familiares). Así, más que un funcionario judicial se escogió un representante personal. Todos los miembros de la Sala Penal de la Corte manifestaron su rechazo absteniéndose de votar por él.

—El Banco de Colombia y la Fiscalía

Stella Villegas de Osorio, esposa del fiscal, no era funcionaria del Sindicato sino de la Fiduciaria del Banco, es decir, del demandado mismo. El fiscal Osorio sometido a presiones por ello optó por no concretarse a la situación existente, sino manejarlo como caso abstracto, sacando una resolución por medio de la cual en casos en que esa relación produjera impedimentos debería actuar su vicefiscal. No siguió el trámite legal (delegar en la Corte un nombramiento ad hoc) y omitió que quien está impedido para resolver, también está impedido para decidir quién resuelve, y más cuando este es un subalterno directo condicionado a la libertad de nombramiento y remoción.

Todo lo anterior no define el pleito central, puesto que lo que la Corte Constitucional y la Fiscalía acaban de decidir que el juicio debe seguir su curso, que las pruebas deben tomarse y tenerse en cuenta, y que el resultado debe producirse acorde a lo que de ello se deduzca en derecho.

Puede, sí, ayudar a entender por qué la Superintendencia nunca llegó a una conclusión sobre los movimientos que determinaron el valor de las acciones en bolsa; por qué la fiscal no esperó el pronunciamiento de la Bolsa de Nueva York sobre el alza de las acciones del BIC; por qué el funcionario de la Superintendencia que impuso la sanción por autopréstamos después cambió su posición en el juicio y certificó que ellos no existían; por qué la capitalización planteada al pedir la autorización para la fusión se incumplió sin ninguna consecuencia; por qué fue trasladado el fiscal que llegó a las mismas conclusiones que el actual, y fue reemplazado por quien dio un giro de 180 grados al proceso; por qué el experto externo de la fiscalía tuvo que renunciar, dejando constancia de lo que consideró irregularidades en el manejo del juicio.
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