Opinión

  • | 2009/08/06 00:00

    ¿Quién le colabora a quién y a qué?

    En el tema de las bases militares, es poco clara la razón de la concesión que hace Colombia a los Estados Unidos al otorgar un derecho que ninguno de los países del subcontinente ha aceptado ni aprueba.

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Diferentes aspectos deben diferenciarse para opinar sobre la decisión presidencial de recibir 'cooperación' americana en unas bases militares colombianas.

Uno ha sido el jurídico. Al respecto, se puede decir que es solo la continuación de un modo de gobernar en el cual se impone una violación a la Constitución distrayéndonos de la defensa de la verdadera esencia del orden político de nuestro Estado de Derecho al encontrar un aparente resquicio semántico bajo el cual claramente se busca contrariar el espíritu de la Carta. Como maña vieja, el Gobierno ha logrado crear una situación de hecho para después tratar de encontrar una salida de derecho a sabiendas de que no hay caminos de reverso.

En este caso se argumenta que lo que negoció el Gobierno es una extensión de un tratado vigente. Pero, como lo señala el ex magistrado Jaime Araújo, en derecho -y se trata de un tema de Derecho- un acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los cuatro ámbitos de su aplicación: el ámbito personal (a qué sujetos o personas se aplica), el ámbito material (a qué temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a qué territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de un día a otro de un mes o uno sin límite de tiempo). Y, tanto lo vago o indefinido en cuanto al personal, a los temas, o al territorio o lugares que cubre, como lo definido al fijar una duración de diez años, establecen claramente que no puede ser el mismo hoy vigente.

Estamos es ante un nuevo tratado y lo pertinente es saber quién y cómo se puede suscribir. La competencia del gobierno nacional para permitir el tránsito de tropas o estacionamiento de naves, solo nace cuando el Senado está en receso. La 'habilidad' del Gobierno probablemente lo llevó a jugar a esto, y por ello lo poco concertado y divulgado de él, y la posibilidad de que ya el tratado esté firmado. Pero la misma Constitución exige el concepto previo del Consejo de Estado y debe entenderse que, aunque este no obligue, no puede ser posterior al acuerdo logrado so pena de ser nulo o inexistente.

Pero el problema no es solo de derecho. La presentación ha girado alrededor de que en las Farc se confunden el narcotráfico y el terrorismo; que para Colombia la 'seguridad democrática' está por encima de cualquier otra consideración; que existe una especie de 'Razón de Estado' según la cual lo que es 'necesario' no está sometido a ningún régimen de derecho; y que según la interpretación actual -la de la era Bush y Uribe- este principio se trasnacionaliza en temas de lo que califican como delitos internacionales.

Sin embargo, cada una de estas premisas debe ser sujeto de análisis: no es lo mismo verlo como tema de relaciones internacionales que de política interna; una cosa es la viabilidad jurídica y otra la conveniencia o no de una decisión; no todo lo que afecta al Gobierno en algún sentido tiene las mismas connotaciones para el país; terrorismo y narcotráfico no necesariamente son problemas idénticos o confundibles.

El gobierno americano no tiene mayor interés en el contenido de la 'seguridad democrática' (entiende que es solo un eslogan electoral y mediático), y su manejo de la lucha contra las drogas lo que atiende son los intereses y las relaciones de poder formadas a su alrededor en Estados Unidos y no el mal que causa aquí. Para ellos el acceso a las bases militares en Latinoamérica tiene poco que ver con uno u otro tema, y se inserta es dentro de su geopolítica general, es decir, dentro de su estructura militar para dar respaldo a su capacidad de intervenir en una u otra región del mundo. La comparación que tanto señalan con las bases que tiene en Alemania, en Turquía, o ahora en Irak (o con las 746 que tiene en el mundo) lo que demuestra es que responde al mismo propósito, y no que la razón de adquirir derecho de uso de las de Colombia es para solucionar nuestros problemas. Ya el Gobierno Obama excluyó oficialmente del vocabulario americano el término de 'lucha contra el terrorismo mundial' como prioridad política, y comienza a aceptarse en el mundo la necesidad de una estrategia diferente a la de 'tolerancia cero' respecto a la drogas. Dentro de estos contextos es poco claro la razón de la concesión que hace Colombia a los Estados Unidos al otorgar un derecho que ninguno de los países del subcontinente ha aceptado ni aprueba.

Es cierto y evidente que eso nos convierte o mantiene en calidad de aliados privilegiados o consentidos de los Estados Unidos. Pero ese no es el único efecto internacional. Tan evidente como que ayuda a la relación con esa Nación, es que deteriora aún más las relaciones con los vecinos y en general con las orientaciones que están tomando las naciones y los gobiernos con quienes más identidad tenemos (o hemos tenido, o deberíamos tener). Es decir que la decisión no es solo de política interna sino tiene mayor trascendencia en nuestras relaciones exteriores. Es hasta cierto punto optar por romper el equilibrio que habíamos tenido al no tener que escoger entre el mirar hacia el norte o mirar hacia los similares, y hacerlo en el momento en que la visión mayoritaria va en el sentido contrario.

Una cosa es que al Gobierno le convenga y otra que al país le convenga. La imagen externa del Presidente y de sus políticas no es igual a la que aquí muestran las encuestas. La asociación íntima que tuvo con el gobierno Bush no tiene tan buena presentación ante otros países y menos ante otras poblaciones. La reciprocidad para el apoyo de Bush al gobierno Uribe fue el absurdo de declarar la guerra a Irak (¡!); en tal ocasión tampoco se consultó a la Comisión Asesora o se pidió el beneplácito del Congreso; lo que ahora se pretende es repetir (hasta donde se pueda) y lograr con este acto el mismo respaldo por parte del nuevo gobierno norteamericano. Pero si bien es verdad que la política americana no tiene amigos sino intereses, la afinidad con Obama y las mayorías demócratas no parece ser remotamente similar a la que se tuvo con Bush y su cuadrilla: no parece lógico pensar que con este acto de vasallaje se alcanzará el mismo resultado.

Por sus consecuencias este acto debería producir más reacción que otras violaciones, ya que esta abre puertas de incertidumbre a las que se vinculan factores externos y futuros. Hay cesión de soberanía (los americanos quedan bajo su propio mando y jurisdicción sin ningún control o derecho de Colombia sobre ellos); aumenta la tensión regional que ya tenemos con gobiernos vecinos; representa una burla a la Constitución; nos obliga a respaldar como estrategia en la lucha antidrogas la solución de fuerza, en la etapa de la producción, y en nuestro territorio; y descarta aún más las posibilidades de una paz negociada, al tiempo que reconoce el fracaso y vuelve dependiente de la potencia extranjera la famosa 'seguridad democrática'.

(PD: Se agrega lo poco sensato de adicionar la crisis de los lanzacohetes con Venezuela para justificar o desviar el debate sobre esa decisión, ya que nos sitúa en la condición de compartir lo que representan estas bases dentro de las políticas americanas, es decir ser parte de su confrontación con nuestro vecinos (y no es comparable al caso de China, Rusia o Irán que no se han enfrentado ni roto relaciones con el gobierno colombiano).

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