Opinión

  • | 1997/12/01 00:00

    Quedamos a medio camino

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Durante noviembre se agudizó la controversia acerca de las reformas económicas e institucionales y su efecto sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Este es un debate de la mayor trascendencia para nuestro futuro. Por eso considero útil aportar mi opinión en un tema que estará sobre el tapete durante la campaña electoral.



El presidente López abrió fuegos en esta materia, cuando señaló que la apertura, tal como se había realizado en Colombia, era la causante del deterioro en la distribución del ingreso. Luego añadió que el empobrecimiento del sector agropecuario y el desplazamiento de los trabajadores del campo hacia la guerrilla, el paramilitarismo y el cultivo de coca eran consecuencia de una "apertura diabólica".



Pues bien, en 1989 la apertura económica era inaplazable porque el modelo de sustitución de importaciones se había agotado. Más aún, el tránsito del modelo cepalino hacia la globalización de la economía requería un conjunto de reformas en materia laboral, financiera, cambiaria y de comercio exterior, lo mismo que en la estructura de instituciones, como el Banco de la República. Estas reformas se llevaron a cabo oportunamente y produjeron incuestionables beneficios en términos del crecimiento económico y de la capacidad de Colombia para asumir un papel destacado en el proceso de integración abierta que iniciaba nuestro continente.



Sin embargo, las reformas se quedaron cortas y, en algunos casos, fueron contraproducentes. En efecto, la reforma laboral se quedó a mitad del camino. Actualmente nuestro mercado de trabajo es uno de los menos flexibles del hemisferio, al mismo tiempo que el empleo se grava con unas de las más onerosas cargas parafiscales.



Además, la simultaneidad de la reforma comercial con la financiera y la concesión de una amplia amnistía en materia fiscal y cambiaria ocasionaron el ingreso masivo de divisas limpias y sucias y falicitaron el incremento del endeudamiento externo privado a un ritmo cuya conveniencia resulta al menos controvertible.



Por otra parte, el aumento indiscriminado del gasto público y el rezago en la reforma del Estado condujeron a un gobierno cada vez más ineficiente y más corrupto.



Los crecientes recursos dedicados a la inversión social, a la justicia y a la seguridad se tradujeron en algunos aumentos de cobertura, pero con incrementos desproporcionados de burocracia y sin lograr progresos tangibles en la calidad de los servicios.



Más aún, este aumento indiscriminado del gasto público fue el principal responsable de la revaluación real del peso y del éxito apenas marginal en la estabilización de la economía y en el control de la inflación. Por su lado, la revaluación del peso minó la capacidad competitiva de nuestra producción agrícola e industrial y resultó en un peligroso aumento del desempleo.



La apertura era inaplazable, pero la apertura con revaluación, "a la colombiana", resultó suicida. ¿A quién se le ocurre que la solución al problema del desempleo sea el aumento del número de parásitos incrustados en el Estado para succionar el presupuesto nacional? Es como la serpiente mitológica que se devoraba a sí misma en un paroxismo masoquista de autofagia.



Frente a este escenario, surge la inevitable pregunta acerca de lo que debe ser nuestra política en el futuro. ¿Debemos cerrar de nuevo nuestra economía y retomar el modelo del pasado, que ya se había agotado? ¿O es necesario continuar el proceso de reformas para recuperar nuestro sendero de crecimiento con equidad y nuestra posición de liderazgo en América Latina? En otras palabras, ¿fuimos demasiado lejos en materia de reformas? ¿O es necesario realizar nuevos esfuerzos para consolidarlas y reiniciar el progreso hacia un Estado y una economía modernos?



Colombia no se puede quedar en la mitad del proceso. La crisis que enfrenta la Nación debería ser el estímulo para consolidar los logros ya alcanzados y para retomar el camino de la modernización.



¿Quién duda de la urgencia de establecer un sistema judicial eficaz que garantice el imperio de la ley y el orden? ¿Cómo abstenernos de buscar la paz y la concordia? ¿Será posible cuestionar la urgencia de desterrar la corrupción de los funcionarios del Estado y la ligereza con que el sector privado ofrece dádivas a los empleados corruptos?



El camino que nos falta recorrer en materia de reformas económicas es largo y tortuoso. Es urgente poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Racionalización del Gasto Público. Se debe acelerar y democratizar el proceso de privatización. Es necesario consolidar las reformas laborales para flexibilizar los mecanismos de contratación y racionalizar las cargas parafiscales. Se requiere construir una infraestructura adecuada que permita enfrentar la competencia internacional. Es indispensable simplificar los trámites gubernamentales para reducir los costos de transacción y eliminar los incentivos a la corrupción.



Por lo demás, es necesario continuar el proceso de integración económica con los países del hemisferio, para abrir nuevos mercados y mejorar nuestra capacidad de negociación con otros bloques comerciales.



Estas son sólo algunas de las áreas en las cuales es necesario continuar las reformas y consolidar la apertura económica.



Lo que no parece aceptable es la complacencia ingenua de quienes piensan que ya hemos ido demasiado lejos en materia de reformas. Y mucho menos la receta suicida de dar marcha atrás al proceso de apertura.
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