Opinión

  • | 1998/12/14 00:00

    Que sirva para algo

    El tremendo apretón tributario que viene ahondará la recesión pero al menos se debería aprovechar para ordenar las cuentas fiscales. No habrá otra oportunidad.

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No queríamos caldo y recibimos dos tazas. En lugar de una reforma tributaria fiscalista sufrimos dos, la del Congreso y la de la Emergencia, de tamaños casi iguales.



Mi opinión negativa sobre los impuestos tiene mucho más que ver con su incremento global y con su terrible falta de oportunidad que con su estructura particular. Los botafuegos que en los últimos días se abrieron contra la contribución del 2 por mil a las transacciones caen en la comicidad por sus destempladas exageraciones. En realidad, sin quererlo calmaron una de mis preocupaciones como era la falta de equidad de ese impuesto, ya que he notado que no fueron, precisamente, los comerciantes de San Victorino quienes contrataron las plañideras.



Contrariamente a lo que afirman algunos amigos, empeñados en imputarme méritos ajenos, nunca propuse un impuesto a las transacciones en su forma actual, por lo que me siento relevado de la obligación de usar el espacio que me concede Dinero para exponer las necedades que se han escrito en su contra. Sólo diré que algunos de los damnificados están tentando al diablo (dicho sea con perdón del ministro Juan Camilo Restrepo), cuando presentan proyecciones estrambóticas sobre la productividad fiscal del tributo.



Si fuera verdad que mediante el impuesto a las transacciones van a recaudarse $8 billones por año, y no los $2 billones que estima el gobierno, habría que considerar no sólo la iniciativa de volverlo permanente sino la de subirlo al 4 por mil y eliminar tanto el IVA como el impuesto a la renta. Esos dos impuestos, que no son precisamente paradigmas de eficiencia tributaria, si mucho recaudarán entre los dos $15 billones en 1999.



No es preciso, sin embargo, aceptar cálculos extravagantes sobre la productividad del impuesto a las transacciones para reconocer que en 1999 el sector privado va a recibir un mazazo tributario y que aumentará su transferencia al gobierno en el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, por lo menos. Como quien dice, un aumento de los impuestos igual a tres veces el crecimiento probable del PIB del próximo año.



Cuando se tiene en cuenta que el PIB se contrajo desde junio, cuando todavía el efecto tributario no pasaba del susto y la principal influencia negativa seguía siendo la de los impagables costos financieros, hay razones para preocuparse por lo que pueda venir en los próximos meses cuando los efectos depresivos de las altas tasas de interés se mezclen con los de un gran aumento de los impuestos. Sin la menor intención alarmista, con la tranquilidad profesional de haber advertido el inminente desplome económico desde cuando la autoridad monetaria se lució a mediados del año subiendo las tasas de interés reales a niveles sin antecedentes, vuelvo a consignar mi opinión de que estamos entrando en la peor recesión del último medio siglo.



A diferencia de la mayoría de mis colegas, no considero que merezca aplauso una política de contracción fiscal en medio de la recesión, que es una receta que las entidades multilaterales reservan para países subdesarrollados. Japón, cuyo déficit fiscal ya excede 6% del Producto Interno Bruto, no hizo más que recibir hasta hace poco palo de sus socios industrializados y de los analistas internacionales por su resistencia a adoptar políticas fiscales más expansivas.



Pero a estas horas pedirle al gobierno que, así sea para mitigar la recesión, cumpla sus promesas electorales de no aumentar los impuestos sería tan eficaz como rogarle al mono de la pila. Por ello, voy a recoger del ahogado el sombrero y reconocer que, aunque sea al costo de empeorar la recesión, hoy estamos cerca de reducir a niveles perfectamente sostenibles el déficit fiscal, que según muchos era la madre de todos los males económicos. La política económica debería orientarse a asegurar ese logro porque sería imperdonable que, después de pagar tan extraordinario costo, al final del próximo año siguiéramos en las mismas.



El espacio no me permite tratar aquí más que la primera condición para que ese gigantesco esfuerzo de los contribuyentes no se vaya por el caño: evitar que los ingresos provenientes del impuesto a las transacciones sean devorados por una crisis financiera.



Para muchos, puede parecer extraño plantear las cosas así porque ¿no se creó ese impuesto precisamente para poder sufragar los costos de la crisis financiera? y ¿cómo es eso de que podemos ahorrarnos los costos de la crisis?



La verdad es que el impuesto en cuestión NO se creó para sufragar un costo fiscal inmediato asociado con la crisis financiera, y que SI podemos "ahorrarnos" los costos de la crisis. La verdad es que el Fogafin solamente va a hacer préstamos, no transferencias. Y sería absurdo pretender que los créditos tienen que financiarse con impuestos. La única suma que realmente se usará como transferencia será la requerida para cubrir el subsidio implícito en los intereses, y eso apenas tomará una pequeña fracción de la suma recaudada.



El recaudo del impuesto sólo se "usaría" en términos fiscales si, por incompetencia en el manejo macroeconómico, se permitiera que la actual situación de tasas de interés impagables se prolongara hasta que se reventaran muchas entidades financieras. En ese caso, los recursos del Fogafin sí tendrían que transferirse masivamente ya fuera como pagos directos del seguro de depósitos en entidades quebradas, o para financiar oficializaciones forzadas (al estilo de Granahorrar y Uconal) o como préstamos subsidiados para que algunas entidades aceptaran absorber a otras con patrimonios negativos.



Lo malo es que el Gobierno no puede hacer casi nada más para evitar la crisis financiera que amenaza comerse los recaudos tributarios, tan costosamente aumentados en medio de una recesión. Una vez más, el éxito o el fracaso del ajuste fiscal vuelve a quedar en manos del Banco de la República.
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