Opinión

  • | 2010/06/25 00:00

    ¿Qué esperar del Gobierno Santos?

    El alto crecimiento y la bonanza de precios petrolera-minera del periodo 2003-2008 no fueron suficientes para dejar de ser el país con la situación fiscal más precaria y el desempleo más alto en America Latina. ¿Por qué habría de ser diferente ahora?

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A la administración Santos le espera un cúmulo de retos en lo económico y lo político. En lo económico se encuentra, de una parte, con altísimos índices de desempleo e informalidad, en un mercado de trabajo plagado de restricciones estructurales. De otra, con un abultado déficit fiscal del gobierno central (¡de más del 4% del PIB!), un sistema de salud con problemas estructurales de financiamiento, y que no saldrá de la sala de urgencias financieras solamente con los aumentos de impuestos recién aprobados, un considerable atraso en infraestructura vial que demandará inversiones cuantiosas en este sector (incluyendo las enormes vigencias futuras que heredará del afán de contratación que súbitamente le dio a nuestro inefable Ministro de Transporte en los últimos meses de sus ocho años de poca actividad), una deuda impagada con las víctimas del conflicto, la necesidad de continuar con un alto nivel de gastos en seguridad y los gastos que exigirán sus generosas promesas de la campaña.

Se podía haber esperado que Santos haría frente con decisión a este cúmulo de problemas, dada la forma como enfrentó los que encontró cuando fue Ministro de Hacienda, de Comercio Exterior y de Defensa. Yo así lo pensé y lo escribí en varias oportunidades. Como candidato, Santos ha reconocido la gravedad del problema de empleo y del problema fiscal. Pero a medida que avanzaba la campaña se fue comprometiendo progresivamente con una visión de color rosa de nuestro futuro inmediato, apostándole a que el crecimiento económico y algunos programas administrativos de formalización resolverán los problemas del mercado laboral y a que la difícil situación fiscal se podrá manejar con el producto de una bonanza petrolera que es posible pero aún no es segura, con el efecto fiscal de la esperada aceleración del crecimiento y de la formalización laboral, y con mayores controles a la evasión y algunas limitaciones menores a las exenciones tributarias vigentes. Ojalá tuviera razón. Pero me temo que no la tiene y que un excesivo optimismo, que puede ser bueno para ganar elecciones pero no necesariamente para gobernar, pareciera que lo llevara a desaprovechar el cuarto de hora del primer año de Gobierno, cuando podrían hacerse las reformas estructurales que a juicio de la mayoría de los economistas son necesarias en materia laboral, fiscal y de salud pública.

Veamos los hechos. La economía nacional creció en forma vigorosa entre 2003 y 2008, empujada por el viento de cola de una economía mundial en auge, altísimos precios del petróleo y otros recursos básicos de exportación (que nos produjeron una bonanza de ingresos cambiarios y fiscales) y la confianza inspirada por la rápida recuperación de la seguridad pública. Aunque en algo se redujeron en ese periodo las tasas de desempleo e informalidad y el déficit fiscal, el alto crecimiento y la bonanza de precios petrolera-minera no fueron suficientes para dejar de ser el país con la situación fiscal más precaria y la tasa de desempleo más alta en América Latina, como tampoco para dejar de tener un grado de informalidad laboral excesivo para nuestro nivel de desarrollo. ¿Por qué habría de ser diferente ahora?

Las cifras de 2003 a 2008 demuestran que el solo crecimiento económico no es suficiente para producir un cambio fundamental en la precariedad de nuestro mercado laboral. Entre varios otros, los juiciosos estudios previos de Mauricio Santamaría, asesor de Santos, demuestran que los altos costos laborales no salariales (en especial, los llamados parafiscales y las contribuciones de solidaridad a pensiones y salud, que son impuestos puros al empleo formal), combinados con un salario mínimo alto para el nivel de productividad y salario medio de la economía (con la inevitable paradoja de que hoy más de una tercera parte de los colombianos ¡tiene ingresos inferiores al salario mínimo!), son en buena parte responsables de esa precariedad laboral, que castiga a los más pobres y dificulta el crecimiento económico. Desafortunadamente, Santos se comprometió a no modificar estos factores estructurales y, en cambio, ha ofrecido un programa de formalización que puede ser útil en el margen, pero que no ataca estos dos estímulos básicos de la informalidad y el alto desempleo estructural. No sé si lo hizo por convencimiento (me dicen que Juan Carlos Echeverry parece muy convencido de que una reforma estructural laboral no tendría mucho efecto, a pesar de la evidencia contenida en los serios estudios de sus coequiperos) o por realismo político. Pero, mucho me temo que de perseverar en esta visión se pierda una oportunidad de oro para comenzar a arreglar los problemas que aquejan nuestro mercado laboral. Y eso sería especialmente de lamentar en un Gobierno cuyo programa enfatiza la importancia de la creación de empleos formales.

En cuanto a lo fiscal, Santos reconoce la necesidad de llegar a generar un superávit fiscal primario del gobierno nacional de 1,5% del PIB y de las presiones existentes de gasto en materia de salud y desplazados, entre otros (véase su artículo en El Tiempo el día de elecciones). Veamos cómo piensa pasar del actual déficit, a tiempo que según el mismo artículo estima en 0,8% del PIB los mayores gastos derivados de sus ofrecimientos de campaña: "Estimamos que el tema minero, incluyendo regalías, puede aportar cerca de 2% del PIB; la formalización, 0,8%; la reducción de las exenciones, 0,3%; el incremento del recaudo, 0,6%, y las mejoras en eficiencia, 0,4%". Claramente Santos confía en que habrá una gran bonanza petrolera-minera que le ayudara a resolver la mitad del problema fiscal (2% del PIB). La otra mitad espera que se la resuelva un mayor crecimiento económico (0,6% del PIB), un ajuste modesto en exenciones (0,3% del PIB), éxitos en la lucha contra la evasión (0,4% del PIB) y su programa de formalización (0,8% del PIB).

Ojalá tengamos una gran bonanza petrolera-minera y que nos produzca 2% del PIB en recaudos adicionales en forma permanente. Pero, ¿qué tan seguro es esto? Hay una gran inversión en carbón en curso y algo en oro, aunque menos de lo que podría haber por conflictos de tipo ambiental que se pueden resolver, pero que aún no están resueltos. Y hay un alto nivel de exploración petrolera que puede llevar a una bonanza, pero todavía no lo sabemos puesto que hasta ahora los hallazgos han sido modestos. Y resulta que lo que produce el grueso de las regalías y de los ingresos fiscales (por impuesto a la renta y dividendos de Ecopetrol) es el petróleo y no tanto los minerales. No parece prudente apostar el futuro fiscal a una eventualidad incierta. Y en caso de que se produzca la ansiada bonanza petrolera, ¿no deberíamos acaso ahorrar buena parte de ella para evitar una revaluación excesiva del tipo de cambio y para garantizar la posibilidad de hacer política fiscal anticíclica cuando la suerte nos sea adversa, ya que los buenos tiempos nunca duran eternamente

 ¿No está proponiendo Santos y el gobierno saliente, con razón, ahorrar parte de la eventual bonanza petrolera-minera? Dicho esto, hay que aplaudir la determinación de Santos de reformar el régimen de regalías para aprovecharlas bien. Ojalá tenga éxito.

Ojalá también un mayor crecimiento, los controles antievasión y los programas de formalización ayuden tanto como se espera. Pero, como vimos atrás, el crecimiento pasado no resolvió el problema fiscal y no pareciera que los programas de formalización puedan producir un resultado espectacular sin atacar los problemas de fondo que estimulan la informalidad.

Espero que Santos y su equipo tomen esta columna como un oportuno llamado de atención, con ánimo constructivo, de alguien a quien interesa su éxito por el bien del país y que preferiría no tener que convertirse en un crítico de su labor, como tuvo que hacerlo frente al segundo gobierno de Uribe ante la fiesta fiscal en que se empeñó, que hoy tanto lamentamos, y unos hechos políticos que ojalá nunca se repitan.

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