Opinión

  • | 2005/08/19 00:00

    ¿Qué agua tomamos los colombianos?

    La conservación de los ecosistemas abastecedores de agua es un imperativo para el futuro del país, para mejorar la calidad de agua y la salud del pueblo colombiano.

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El séptimo congreso de servicios públicos domiciliarios, organizado por Andesco y la Superintendencia de Servicios Públicos, SSP, tuvo todos los ingredientes para su éxito. Sirvió de marco para la celebración de los 50 años de las Empresas Públicas de Medellín y permitió hacer importantes anuncios, como el de reducir las tarifas del sector eléctrico en el área rural de Antioquia, donde el servicio de energía cuesta 25% más. Este regalo de aniversario es una magnífica contribución a la búsqueda de equidad en un departamento con grandes desigualdades. También sirvió para plantear controversias como la del presidente Uribe con Lucho Garzón por las opiniones del primero sobre la competitividad de la ETB, lo cual mereció una fuerte respuesta del alcalde.

El tema de responsabilidad social empresarial fue parte central de la agenda. Varias de las principales empresas de servicios públicos firmaron el Pacto Global, una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas, en la cual el sector empresarial se compromete de manera voluntaria con estándares laborales, ambientales y de derechos humanos.

Así, el congreso sirvió para analizar temas relacionados con el ambiente, la calidad del agua y su impacto en la salud humana. ¡Atérrense con las cifras!

En 2003, la SSP solicitó información a los municipios del país sobre la calidad del agua. Solo respondieron 231 de 26 departamentos con una población estimada de 23,9 millones de habitantes, algo así como la mitad de la población colombiana.

Según los datos, solo el 18% de los municipios encuestados suministra agua apta para el consumo humano, es decir, 189 municipios, con una población de 8,2 millones de habitantes, no tienen agua potable. Si esto es así con los municipios que respondieron, ¿cómo será con aquellos que no lo hicieron?

Según un estudio del Banco Mundial sobre los costos del daño ambiental, presentado el año pasado, se muestra que el 90% de las enfermedades diarreicas obedece a una inadecuada higiene y a mala calidad del agua. En Colombia hay 12 millones de casos anuales en población menor de 5 años y entre 15 y 20 millones de casos en mayores de 5 años. Además, anualmente mueren cerca de 1.500 niños por esta causa.

El estudio analiza los costos en los que incurre el país -hospitales, médicos, drogas para el tratamiento de las enfermedades diarreicas; costos por pérdida de tiempo de los enfermos y costos por mortalidad infantil-, lo cual en su conjunto alcanza el 1,05% del PIB.

En su columna de El Espectador, Juan Pablo Ruiz analiza los costos del tratamiento del agua en dos de los sistemas que abastecen el acueducto de Bogotá y revela unas cifras sorprendentes. Mientras el costo de tratamiento por metro cúbico, en la planta Wiesner del sistema Chingaza es de $32,2, el costo de tratamiento del mismo metro cúbico en la Planta de El Dorado (sistema sur) es de $189,9. El costo diferencial es de $137,7. Si multiplicamos este diferencial por los 264 millones de metros cúbicos que trata la planta Wiesner anualmente, da una cifra de $36.400 millones. Un enorme ahorro producto del buen estado de conservación de las cuencas y ecosistemas que abastecen al sistema Chingaza.

De otro lado en su informe de 2004 sobre el estado del ambiente, el IDEAM llama la atención sobre las tendencias de los índices de escasez y vulnerabilidad en el abastecimiento de agua y muestran cómo, en un horizonte de 25 años, cerca del 70% de la población -regiones Andina y Caribe- se encontraría en riesgo de desabastecimiento severo si no se adelantan programas de conservación de cuencas.

Sin duda, la conservación de los ecosistemas abastecedores de agua es un imperativo para el futuro del país, no solo para lograr una mayor calidad de agua y mejorar el nivel de salud del pueblo colombiano, sino también por el enorme ahorro económico que esto significa para el sistema nacional de salud, para las empresas prestadoras del servicio de acueducto y el impacto que esto pueda tener en la reducción de tarifas al usuario en el largo plazo.

He aquí uno de los campos para que las empresas de servicios públicos apliquen su responsabilidad social empresarial.
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