Opinión

  • | 2009/11/27 12:00

    ¿Puede el sector privado hacer aportes a campañas o participar en política?

    Las empresas no tienen opinión política, ¿son entonces los aportes a las campañas de candidatos un atentado contra la democracia?

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A pesar de todas las incertidumbres que ha generado el referendo para una posible segunda reelección, parecería que las campañas electorales están a punto de arrancar en firme.

Para nadie es un secreto que la política en Colombia y el mundo se encuentra en el ojo del huracán. En nuestro caso, más de la mitad del Congreso ha sido cuestionado por posibles nexos con entes ilegales que eventualmente hubieran podido soportar financieramente sus campañas. Desde ediles hasta presidentes han sido cuestionados.

Esta, sin duda, es la versión más criticada de grupos sociales tratando de acceder al poder mediante el apoyo económico a candidatos para el Ejecutivo y el Legislativo. Son dineros ilegales ayudando a ganar elecciones.

Claro que pensando en el tema sin apasionamientos cabe preguntarse ¿cuál es el pecado acá? ¿Que sean dineros ilegales? o ¿el potencial efecto que tengan sobre los candidatos una vez elegidos? Si bien es cierto que el primer pecado no es menor, también parecería que si nos colocamos en el terreno eminentemente democrático y político, la posibilidad de influenciar a un candidato elegido por el hecho de haberlo apoyado en su campaña debería ser considerado como un pecado mortal para la sociedad y la democracia.

La posibilidad de que un funcionario o legislador elegido gracias a los aportes económicos hechos a su campaña por parte de un grupo económico o social, privilegie decisiones que favorezcan a su patrocinador es alta. Tan alta, que algunos países han impuesto límites individuales muy estrictos a dichos aportes.

En Colombia, por razones obvias, el énfasis ha estado en el origen de los dineros; sin embargo, nos falta dar el debate de fondo, ¿es sano para la democracia, la sociedad y sus instituciones que el sector privado aporte recursos para las campañas políticas?

Es obvio que cuando alguien distinto al Estado decide hacer un aporte a una campaña política lo hace por una de dos razones. La primera sería la de simple convicción: apoyo a quien me parece que más le conviene al país. La segunda es por conveniencia: lo apoyo porque es conveniente para mis intereses.

Bueno, pues estos argumentos parecen válidos para los ciudadanos, más no para las empresas y las corporaciones. Dado que las empresas no tienen convicción política, como sí los ciudadanos, la única razón por la cual podrían hacer aportes a campañas políticas es entonces la conveniencia.

El anterior, sí que es entonces un terreno que podría estar cruzando las fronteras de toda ética. ¿Qué se puede esperar de un candidato elegido entonces con el apoyo de empresas y corporaciones? ¿Que tome las mejores decisiones para la sociedad? o, ¿que tome las decisiones más convenientes para sus patrocinadores?

Es importante, entonces, separar diáfanamente nuestro papel como ciudadanos del papel que podríamos jugar como accionistas o ejecutivos de una empresa, especialmente cuando de política se trata. Un país que elige a sus gobernantes mediante un sistema de dinerocracia será siempre un país altamente vulnerable a la corrupción y con muy pocas posibilidades de tomar decisiones correctas.

En el extremo siempre podrán estar quienes afirman que los aportes hechos por empresas y corporaciones a campañas se hacen en realidad a nombre de los ciudadanos que son sus dueños y que estos lo hacen por convicción. Evidentemente, este argumento en el caso de compañías con muchos accionistas no es siquiera aplicable, y en el caso de compañías de muy pocos es completamente contrario a la democracia, ya que entonces las convicciones de los más ricos serían siempre más "tenidas en cuenta" por el sistema, que las opiniones de los menos ricos.

Este debate no se ha dado con la suficiente profundidad en Colombia, pero si queremos fortalecer la democracia no hay duda de que hay que salirnos de la dinerocracia y llegar a escenarios donde los que actúen sean los ciudadanos y los capitales.

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