Opinión

  • | 1998/04/13 00:00

    Privatizar con éxito

    El secreto de la privatización es balancear los objetivos sociales y los del Estado y aprender de las lecciones internacionales.

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"Es fundamentalmente un reto político que consiste en balancear intereses sociales y económicos, buscando capturar el mayor valor posible, sujeto a la satisfacción de los intereses de la sociedad". Eduardo Michelsen. Marzo 25 de 1998.



Si estuviéramos en Chile hace 10 años, la pregunta fundamental sería si deberíamos o no privatizar las empresas de telecomunicaciones. Por fortuna, hoy tenemos numerosos ejemplos de privatizaciones exitosas alrededor del mundo. La pregunta relevante ahora es: ¿cómo lograr una buena privatización? Esto depende del resultado de un proceso político, cuyo fin debe ser balancear intereses, con frecuencia contradictorios, de una serie de actores involucrados.



La privatización de empresas de telecomunicaciones ha traído beneficios para la sociedad. En Latinoamérica ­tres años antes de la privatización contra tres años después­ el número de líneas telefónicas por cada 100 hogares denota un progreso importante: en Chile pasó de 3,4 a 11; en Venezuela de 1,9 a 9; en Argentina de 0,6 a 5,3; y en México de 8,4 a 10,2.



Simultáneamente, el nivel de servicio mejoró de manera dramática. En Entel, de Argentina, el número de teléfonos fuera de servicio pasó de 90.000 a menos de 3.000 entre 1990 y 1992. En el mismo período, el tiempo máximo de una línea fuera de servicio pasó de 3 años a 3 meses. En Venezuela, el número de conexiones telefónicas se cuadruplicó apenas 12 meses después de la privatización y el porcentaje de teléfonos públicos en funcionamiento pasó de menos de 45 a más de 90%.



La evidencia es contundente: el tema no es si se privatiza o no. La discusión es cómo hacerlo pues los actores afectados, directa o indirectamente, tienen objetivos encontrados y van a presionar durante el proceso y a afectar el valor de mercado de la empresa.



El Estado busca, por su lado, desarrollar la infraestructura existente, obtener un ingreso importante de la venta para destinarlo a inversión social y recibir de la empresa futuros ingresos fiscales. Los usuarios esperan que no aumente el costo del servicio y que la calidad mejore. Los clientes comerciales desean, además, la disponibilidad de servicios de punta. Los empleados del sector y los sindicatos quieren mantener sus empleos y niveles salariales.



Como se puede adivinar a simple vista, el valor de mercado de la empresa se reduce debido a los requirimientos de desarrollo de infraestructura y a los bajos precios del servicio.



Por otro lado, si la empresa presenta viabilidad económica y expectativas de recaudo fiscal, se incrementa su valor de mercado. Entonces se da, en potencia, una batalla entre los actores involucrados. Triunfará el más fuerte.



Desafortunadamente, la experiencia ha demostrado que un desbalance de fuerzas hacia cualquier extremo, lleva a resultados perversos en el largo plazo. En caso de favorecer los objetivos económicos de la empresa, el resultado es un alto valor de venta, pero a costa de altos precios, disminución en el empleo sectorial y, es probable, la reacción de otros sectores directamente afectados, todo lo cual compromete la privatización.



El precio de venta



La clave del éxito parece estar en el balance político de objetivos, como ocurrió en Venezuela y México, pues mediante un trabajo con los principales grupos involucrados, se obtuvieron precios de venta entre US$1.500 y US$2.400 por línea.



En numerosos casos latinoamericanos ­como los de México y Venezuela­, la privatización ha precedido a la desregulación, con diferencias de al menos cinco años, buscando permitir que el antiguo monopolio se prepare para la competencia.



En Colombia la desregulación ha precedido a la privatización. Por esta razón, es fundamental y urgente un proceso de transformación dentro de las empresas estatales pues su supervivencia de largo plazo depende de su habilidad para ofrecer propuestas atractivas a clientes claves en el mercado y de su flexibilidad para responder a iniciativas y reacciones de la competencia.



Para buscar el balance mencionado, es necesario que la empresa que será privatizada tenga viabilidad económica, sujeta claro está a unos niveles mínimos de servicio e inversión. La viabilidad se obtiene con una regulación transparente y niveles de eficiencia internos que se acerquen a estándares internacionales.



En Colombia la estructura regulatoria actual es clara, tiene áreas fundamentales en las que se puede invertir y para las que se especifican la inversión y la calidad que se esperan, reduciendo la incertidumbre a un inversionista potencial.



El punto fundamental es que las empresas estatales de telecomunicaciones requieren un claro enfoque hacia el cliente final, con una mentalidad de servicio y la disposición de invertir en el largo plazo para competir con eficiencia y generar valor.



Por último, una vez definido el objetivo, se estructura la transacción. Esta estructuración consiste en la selección de compradores potenciales, del proceso comercial y del modo de privatizar. El impacto de esta etapa en el valor de venta puede ser significativo. Así, en cuanto al modo de privatizar, la venta por partes de la empresa puede representar al Estado ingresos importantes por valorización (Telmex, 455% en dos años; Cable & Wireless de Inglaterra, 548% en 4 años).



En conclusión, la pregunta no es si se privatiza o no. Lo fundamental es cómo se va a hacer. El éxito del proceso radica en balancear los objetivos sociales y los del Estado y en aprender de las lecciones internacionales pues, como se dice por ahí, "el que privatiza de último privatiza mejor".
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