Prioridad de prioridades

| 5/12/2000 12:00:00 AM

Prioridad de prioridades

La recuperación del estado de derecho no se logrará con más apaciguamiento sino con una estrategia integral, que tiene sus propias exigencias económicas.

por Javier Fernández

No es exactamente como discutir sobre el sexo de los ángeles, con los bárbaros a las puertas, pero se parece mucho. Me asombra la obstinación de varios de mis colegas en presentar el disparo del dólar y de los costos de la deuda pública como si solo tuvieran que ver con el aplazamiento de la reforma fiscal, obstinándose en mantener en un segundo plano la bomba de la autoproclamación de las FARC como autoridad económica y política, con derechos sobre la vida y los bienes de los colombianos, y sus cínicas "leyes" 1 y 2.



Seamos francos, si la gente del común se rapa los verdes y los exportadores han parado sus reintegros no es porque estén preocupados por el retraso de la reforma fiscal. Sencillamente, adivinan que el Gobierno seguirá exhibiendo por todo el mundo sus grandes éxitos en materia de paz mientras la guerrilla secuestra y asesina a quienes no cedan a la extorsión y no hayan tenido la precaución de matricularse como negociadores, o al menos como simpatizantes y patos honoris causa en el "proceso de paz". Y reconozcamos, también, que si hoy los inversionistas no quieren saber de bonos de deuda pública no es porque crean que el Presidente y su Ministro de Hacienda son unos irresponsables sino porque han comenzado a preguntarse si, con tantos avances en materia de paz, no será el mismo Mono Jojoy el que acabará tomando la decisión de honrar o, en forma más natural dados sus antecedentes, de deshonrar la deuda pública.



Tras veinte meses de política oficial de apaciguamiento, y después de los abrazos de los cacaos con Don Manuel, las FARC se crecieron hasta el punto de hacerle saber al país que ya se consideran como el verdadero gobierno nacional. Y que se mueren de la risa de la discusión de la agenda económica porque en esa materia tienen ideas muy claras: expropiación de tierras, confiscación de las propiedades de los extranjeros, impuesto anual del 10% sobre el patrimonio a quien todavía tenga dónde caerse muerto, y secuestro de los morosos.



Lo más probable es que, en vista de los notables éxitos de su política de paz, el Gobierno persista en ella hasta su culminación natural, fácil de adivinar. Y que la tecnocracia siga acumulando, para exhibición ante sus patrones internacionales cuando le llegue la hora de refugiarse en el exterior, pruebas de su ortodoxia, hasta que sobre esa y otras importantes materias económicas el Mono Jojoy emita su opinión final, con autoridad. Mientras tanto, y mientras pueda, quiero decir algo sobre las prioridades económicas, porque el privilegio de tener una columna de opinión implica una responsabilidad que me impide participar en el deporte nacional de pasar agachado.



La mayor urgencia económica no es la reducción del déficit fiscal, o bajar la inflación unos puntos, sino hacerle frente a la extorsión de las FARC. Es iluso pensar que los colombianos dejarán de sacar capitales y que los inversionistas externos volverán al país, por bajos que sean el déficit fiscal y la inflación, mientras sepan que en cualquier momento las FARC, crecidas ante un gobierno impotente, van a aplicarles un confiscatorio "impuesto" so pena de muerte.



Sé que ya no se estila decir esto, y que se considera no solo imprudente sino hasta de mal gusto, pero la sociedad tiene el derecho a defenderse. Y una defensa eficaz exige, ante todo, la disposición a gastar lo que sea necesario para ello, así haya que sacrificar el llamado "gasto social" y cualquier otro no asociado con la defensa, y aumentar la deuda pública. La culpable del sacrificio del gasto social y del aumento de la deuda pública será, por supuesto, la subversión, que deja al país sin alternativas.



Otra condición general para la defensa es mantener un nivel adecuado de ocupación, sin darle a la subversión el papayazo de una población muerta de hambre y exasperada por la humillación del desempleo.

A primera vista puede parecer contradictorio aspirar a mejorar la ocupación al tiempo que se financia la defensa nacional, pero no hay tal. Hoy es más importante que nunca distinguir entre una medición contable de los costos, y una medición económica, que reconoce que no hay un costo de oportunidad en ocupar una población cuyas únicas alternativas son el rebusque, la delincuencia común, la subversión o la emigración. Sería el colmo que, por no hacerlo al derecho, el fisco acabara financiando, vía un pago de mantenimiento a las FARC, durante una tregua, un subsidio a la mayoría de los desempleados, que se enrolarían en la guerrilla como única opción de empleo.



No tengo espacio para elaborar sobre las condiciones económicas más específicas para la defensa nacional, pero un dólar caro es una de ellas. Es necio que un país con Mono Jojoy activo pretenda que el resto del mundo le financie su déficit en cuenta corriente. Otra condición es impedir que el financiamiento de la defensa se convierta en un paraíso para los rentistas, vía absurdos intereses de la deuda pública. La experiencia mundial sobre cómo muchos países que tuvieron que elevar sus gastos de defensa lograron financiarlos, sin disparar sus tasas de interés, debería analizarse con cuidado pues es pertinente para nuestro caso.



Pero no me hago ilusiones. El apaciguamiento continuará. La discusión sobre el sexo de los ángeles y las transferencias seguirá. Y el Banco de la República, que el año pasado logró la recesión económica que la guerrilla venía buscando desde hace décadas, pero había sido incapaz de inducir por su cuenta, seguirá convencido de que el problema de la deuda para la defensa nacional no es asunto suyo, y en mostrarnos que, gracias a la gran baja de la inflación desde 1990, el país ha mejorado enormemente su bienestar. Basta echar una mirada en derredor para comprobarlo.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.