Opinión

  • | 2004/07/09 00:00

    ¡Porque quiero, puedo y no me da miedo!

    Muchas decisiones de política económica son impuestas por la vía de la prepotencia, en especial en cuestiones poco aceptables.

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La crisis del sistema del Seguro Social no se debe a la 'corrupción', ni a las 'exorbitantes pensiones' de los parlamentarios o a los 'regímenes privilegiados'. Son temas que hay que estudiar y corregir, pero son marginales e insignificantes respecto al problema mismo.

La estructura del Seguro fue montada sobre la base de la llamada pirámide generacional que hacía que el ingreso de nuevos jóvenes al sistema suministrara los recursos que atenderían la obligación existente con quienes ya tenían esos derechos. El crecimiento demográfico garantizaba la estabilidad del sistema, y los aportes se repartían entre el empresario, el trabajador y el Estado.

En el mundo, donde prevalecía este modelo, la disminución del índice de natalidad y el aumento de la expectativa de vida de los ancianos obligó a buscar ajustes. En Europa en general, por el principio de solidaridad y de responsabilidad del Estado ante los ciudadanos vulnerables, se conservó el sistema mediante cambios a la edad, a las cotizaciones y topes a los montos. En Estados Unidos se reforzó el modelo de pensiones y seguros privados, en donde se apropia a nombre personal a lo largo de la vida lo que en el futuro será la jubilación y cada uno paga su propia cobertura de salud. Y en otros países como Chile (caso en el que supuestamente nos inspiramos) se montó el sistema doble, pero acompañado de una ley para cubrir los faltantes que en ambos sistemas se producían.

En nuestro caso, el problema fue más grave porque el Estado había incumplido sus pagos -debía entonces al ISS $14 billones por contribuciones (algunos analistas estiman que en valor presente superaría los $60 billones)-, y por el momento en que se planteó la solución, ya que coincidió con el pico de la obsesión neoliberal de minimizar las funciones del Estado. Por eso, la solución se orientó a acabar con el Instituto, y la Nación asumió la responsabilidad del total de sus obligaciones pensionales (también por eso se diferenció del sistema de salud).

Las llamadas 'crisis del Seguro Social' y 'bomba pensional' son consecuencia de las políticas escogidas para responder a una evolución normal de la sociedad y no son causadas por corrupción, deformaciones o deficiencias en la implantación del nuevo modelo sino al contrario, por su desarrollo tal como se concibió. El 'marchitamiento' fue previsto y fue un propósito, y los eventos a los que hoy se atribuye el agotamiento de las reservas formaban parte del desenvolvimiento esperado: disponer de ellas para otros objetivos del Estado era lógico, puesto que había sustituido la deuda que tenía con el Seguro por asumir la totalidad de sus obligaciones (la conveniencia o no de una u otra inversión -como el Banco Central Hipotecario- es otro tema); y la disminución de cotizantes que optarían por los fondos privados era más que previsible, así como que llegaría el momento en que se prohibirían las nuevas afiliaciones por la incapacidad de cumplir los compromisos existentes.

Presentar la situación como crítica es una manipulación para facilitar el paso de nuevas medidas, muy debatibles tanto en cuanto a teoría económica como en cuanto a su contenido social. Es 'hacer conejo' por segunda vez con la obligación del Estado y, utilizar ese incumplimiento para justificar ajustes adicionales y compensar los desfases fiscales producidos no por esas obligaciones sino por las partidas destinadas a la guerra -como lo expuso el Presidente al explicar que la alternativa contemplada de aumentar impuestos a los grandes capitales se excluyó en el momento que se creó la contribución para la 'seguridad democrática'-. Es imponer en forma prácticamente despótica, y a quien no tiene por qué sufrirla, una carga que no tiene mayor motivación ni justificación que la obsesión belicista de quien gobierna.

No es la única vez que una política errada -pero impuesta en forma prepotente y caprichosa- perjudica injustamente a algunos ciudadanos. Con las denuncias y juicios iniciados por la Contraloría y la Procuraduría ha salido a la luz pública la responsabilidad de funcionarios como la Superintendente Bancaria del gobierno Pastrana en la crisis del sistema financiero. Las jurisdicciones competentes han calificado la indebida actuación en casos como el Banco Andino, el Banco del Pacífico o la Caja Agraria (este irregular proceso liquidatorio ha producido múltiples sentencias en contra del Estado, al punto de que se tramita hoy una ley para compensar el daño antijurídico a los ex empleados; el camino parece absurdo pero más lo es la situación que se creó y que se intenta corregir). Es poco probable que personajes afectados por las decisiones como Fernando Londoño Hoyos o amigos y socios del presidente Pastrana como el embajador Luis Alberto Moreno fueran quienes motivaron las actuaciones. La cantidad de víctimas que produjo (entre las cuales me encuentro y, por tanto, lo manifiesto) son apenas consecuencia de políticas y actitudes que responden a una especie de maldición según la cual entre menos argumentos o capacidades tiene un funcionario con poder, más acude a actos de prepotencia.

Algo similar sucedió con la liquidación de Colpuertos, donde unas medidas improvisadas generaron a todos y cada uno de los trabajadores derechos que antes no tenían (se beneficiaron de todas las convenciones colectivas, incluyendo aquellas a las que no pertenecían). El cobro y sobre todo los litigios derivados de ello produjeron como era natural resultados inesperados; y con la misma prepotencia e irresponsabilidad que se tomó esa primera decisión se decidió después desconocer todas las obligaciones consecuentes, y condicionar los pagos a que cada uno de los beneficiarios demostrara la inocencia ante lo que por un nuevo decreto presidencial se convirtió en una forma de presunción de culpabilidad. Han sido perjudicados los miles de ex empleados de esa entidad y a los contribuyentes nos ha costado más de $3 billones (tres millones de millones), cuando resulta que lo que se ha fallado como casos de 'corrupción' es solo del orden de la milésima parte de ese costo.

Políticas y decisiones como las descritas son impuestas por individuos cuyo temperamento usualmente los lleva a resolver por la vía de la prepotencia las cuestiones que ni argumentalmente ni consensualmente son muy aceptables. No es esta una característica ajena a los principales asesores del gobierno (Fernando Londoño, Rudi Hommes, Fabio Echeverri) como infortunadamente tampoco es extraña al Presidente.

En una propuesta nunca todo es bueno ni todo es malo, pero todo proyecto sí tiene un enfoque global que permite su calificación. Así mismo, ningún personaje acierta o falla siempre pero se deben tener en cuenta sus antecedentes en el tema: el doctor Uribe diseñó las dos reformas que se han hecho al sistema pensional (una como ponente y otra como Presidente) y la reforma fiscal que suponía complementarlas.

Recuerdo con mucha simpatía un condiscípulo -'el paisa', ya que era paisa- que cuando tomaba cualquier decisión decía con gracia "voy a hacer tal cosa porque quiero, puedo y no me da miedo". Hoy parece ser el eslogan del gobierno y, en ciertos labios, me produce terror.
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