Opinión

  • | 2008/10/10 00:00

    ...¿Pero el país va...(?)

    La apreciación de quienes escribieron en la edición de los 15 años de Dinero es que 'como vamos, vamos bien'. Otra lectura es que 'el país va mal para que a la economía -entendida como la forma en que los afecta a ellos- le vaya bien'.

COMPARTIR

Dedicó esta revista la edición 310 a celebrar sus quince años de vida. Felicitaciones por su cumpleaños y por ser reconocida como la revista más seria y más importante en su campo.

Debo además agradecer el haberme acogido en sus páginas; en especial, cuando no tengo la misma tendencia ideológica ni las mismas aproximaciones a la economía y a la política que ella.

Aprovecho para hacer algunos comentarios:

Desde la visión de quienes han tenido el poder decisorio -político, empresarial y con aceptación en los medios de comunicación masiva-, aparece una evaluación sobre los últimos tres lustros de la evolución económica del país y una opinión sobre el posible futuro.

Todos llegaron a la conclusión (o partieron de ella) que la economía del país había prosperado en este periodo. Los unos mostrando cómo el sistema permite ser exitoso y, quienes lo administraron, explicando cómo sus decisiones eran la fuente de los avances en este aspecto del país.

Se destaca la presentación de los cuatro gobernantes de esa etapa, quienes reivindican su contribución a ese 'feliz' proceso y se atribuyen parte principal de su 'éxito'. Ninguno habla de daños causados a la economía durante su gestión.

Para Gaviria nada afectó el apagón (año y medio, medio país a media marcha); la Constitución solo tiene bondades -a pesar de que en 15 años ha requerido más reformas que la anterior en casi 100 (hoy cursan seis reformas más); ni el haberle incluido la 'no extradición'-, ni la fuga de Pablo Escobar en la época más violenta del terrorismo, opacan para él el 'gran paso' de haber traído el neoliberalismo.

Samper describe sus resultados sociales sin mencionar el 8000, ni siquiera para mostrar frustración por lo que hubiera deseado o podido hacer. Pastrana hace caso omiso del consenso que existe sobre lo desastroso de su 'frívolo cuatrienio' y, omitiendo el fracaso y el costo de su supuesto 'proceso de paz', lo presenta como el origen de los eventuales éxitos de la 'seguridad democrática'.

Y para Uribe, como si siguiera los planteamientos de José Obdulio Gaviria, ya no existen desplazados, ni paramilitares, ni droga, ni conflicto armado, ni nada que obstaculice o cuestione la 'seguridad democrática, la confianza del inversionista y la cohesión social'.

Exceptuando mi caso, no se presentó ningún punto de vista diferente del de los responsables o de los beneficiarios del mismo proceso. Ni los opositores, ni los críticos, ni analistas con visiones diferentes, ni empresarios fracasados, ni sobre todo los sectores perjudicados (v. gr. laboral o rural) o que cuestionan el proceso, el modelo o el sistema, tuvieron espacio.

Pero otros aspectos no tuvieron análisis:

Somos un país gobernado a punta de cambios de la Constitución; nada que signifique más inestabilidad que la falta de un referencial que no dependa del manejo de coyuntura; se ha producido la desaparición de la institucionalidad con las reformas que, con métodos cuestionados y cuestionables, han convertido nuestra estructura política en una 'dictadura constitucional'. Indiferentes a toda esta problemática, hemos llegado al máximo de precariedad al ser un país donde todo depende y gira alrededor de una sola persona.

Colombia es el país con la guerrilla más antigua del mundo; el Gobierno se precia de haber disminuido en cerca de mil los secuestros; pero sostiene que esa guerrilla vencida todavía tiene más de 700 plagiados y que en el país quedan aún más de tres mil.

Del otro lado, nos superamos en barbarie con el paramilitarismo, sus motosierras, sus escuelas para utilizarlas despresando vivas a sus víctimas, y juegos de fútbol con las cabezas que cortaban. Pero la negociación con el Gobierno concluye en que la máxima pena por estos delitos será de siete años y, efectivamente, ninguna pasará de cinco años. (El 'delito' de no reivindicar la totalidad de ellos tiene un castigo más grave).

Somos por eso el país con más denuncias ante las cortes internacionales de derechos humanos, sin un solo fallo a su favor, y el que tiene más sentencias en contra, sin que ningún responsable haya sido sentenciado, ni por el genocidio de los miles de la UP, ni por las masacres de Ituango, Chengue, El Aro, Segovia, Mapiripán, Santo Domingo, San José de Apartadó, etc., donde el Estado ha sido declarado responsable y/o culpable.

En el mundo competimos por el primer puesto con Sudán en desplazados internos, sin que se sepa -porque aparentemente es indiferente- si 'solo' son los dos millones que reconoce el Gobierno o los más de cuatro millones que registra la ONG dedicada a este tema, Codhes.

A estos los acompañan otros cinco millones de exilados que deben buscar futuro fuera de la Patria.

Tenemos un presupuesto militar que, en proporción, es posiblemente, después del de Israel, el más alto del mundo. La principal fuente de empleo del país es la violencia, y parte de ella la forman el cuerpo de soldados profesionales más grande de Suramérica. Y en las filas de la seguridad privada (bajo la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad) hay más de un efectivo por cada miembro de las fuerzas oficiales (que incluyen fuerzas militares, policía, DAS, etc.).

Estamos distanciados de todos nuestros vecinos, y con aquellos limítrofes con quienes más lazos comerciales e históricos compartimos, tenemos una guerra fría con peligrosos episodios de calentura.

La Fiscalía investiga 15.645 casos de desaparecidos, y estima en más de 10.000 los cadáveres en fosas comunes, la ubicación de 1.009 de ellas ya revelada por los paramilitares.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario dice 'el descenso del número de asesinatos perpetrado por grupos paramilitares coincide con el aumento de homicidios atribuibles a la Fuerza Pública', y registra 955 ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado durante los primeros cinco años de este gobierno. Saltamos además del año anterior a este de 108 a 558 (!).

Desapareció completamente la noción misma de ética pública, y ministros, generales de la República, fiscales, directores de los órganos de seguridad, 6 ex presidentes del Congreso y más de 60 parlamentarios -prácticamente todos del sector en el Gobierno- son enjuiciados por sus vínculos con los paramilitares.

El Tribunal Permanente de los Pueblos y el Tribunal Internacional de Opinión condenan a Colombia como violador mayor de derechos humanos, y la fiscalía de la Corte Penal Internacional notifica que estudia la necesidad de intervenir en Colombia.

Nada de esto parece tener importancia, no solo social y política, ni siquiera económica: la unanimidad de los presidentes-analistas es que las fallas están 'solo' del lado de la paz, el empleo y el aumento de la desigualdad. Esto, expresado desde el punto de vista de los afectados, implica que padecemos la situación de un país en guerra; que el Estado falla ante quienes no tienen fuentes de ingreso diferentes de su trabajo (más del 95% de la población); y que cada vez tenemos una sociedad más injusta y en consecuencia menos viable.

La apreciación de quienes escriben en esa edición de que 'como vamos, vamos bien', debería llevarnos a la pregunta de si el famoso 'el país va mal pero la economía va bien' implica 'el país va mal para que a la economía -entendida como la forma en que los afecta a ellos- le vaya bien'. ?

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?