Opinión

  • | 2003/10/17 00:00

    Peor que un crimen: ¡es un error!

    La convicción y el compromiso con los que el presidente Uribe defiende su referendo le han hecho perder de vista el costo que su comportamiento tiene.

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Con este comentario -una de las frases más famosas de la historia de Francia-, respondió el más importante politólogo de su época (el Príncipe de Talleyrand), a la calificación de 'crimen' que pesaba sobre la ejecución de quien era la cabeza de una de las facciones que reivindicaban el derecho al trono de Francia (el Duque de Enghien). Ese evento, en efecto, signó el destino de esa nación, señalando el camino que tomaría el Imperio de Napoleón y ejemplarizando hasta cierto punto lo que en política se ha venido a conocer como 'Bonapartismo', es decir, la actuación del gobernante dentro de una visión autocrática del poder.

Parecido criterio -'peor que un delito; ha sido un error'- podría aplicarse a las actuaciones del Presidente en relación con el Referendo.

La convicción y el compromiso con los que el doctor Uribe defiende su Referendo le han hecho perder de vista el costo que su comportamiento tiene.

No puede ocultarse a nadie, y menos a quienes por formación y cargo deben conocer mejor que nadie la importancia del respeto por las leyes, que el uso que se busca dar a esta figura es ajeno al propósito para el cual fue creado. Que se pretende adelantar un uso indebido de él.

Tal intención fue manifiesta con el control que tuvo que hacer la Corte al eliminar las preguntas inductivas, el voto en bloque, el intento de acumular los votos de diferentes puntos para lograr el umbral, la inserción indebida del incentivo de la prórroga de los períodos de alcaldes y gobernadores para que impulsaran la votación, involucrar el tema de la droga con el mismo fin, etc.

Y así continúa el manejo posterior: fijar la fecha para que sea coincidente con otro evento electoral (cuando eso lo prohíbe la Constitución); enmascarar una reforma fiscal con el pretexto de 'contra la corrupción y la politiquería'; subir los sueldos de los escrutadores y adjudicar licitaciones de televisión en vísperas del Referendo; darle carácter de plebiscito, cuando contra esta forma de vicio se ha pronunciado universalmente la jurisprudencia por considerarlo el peor de todos; usarlo para propósitos administrativos rebajando su jerarquía de 'contrato social' al de sinuoso instrumento de gobierno; el abuso del acceso a los medios por parte del Presidente mismo (el Primer Magistrado de la Nación de protagonista en los realities shows); etc.

La necesidad de acudir a tal cantidad de artimañas es la mejor prueba de que el contenido del mal llamado 'Referendo' no tiene la claridad ni la bondad que se le pretende atribuir. Los cuestionamientos desde las más diversas corrientes (incluyendo los fans del Presidente) a unos u otros de los diferentes puntos lo menos que confirman es lo confuso y lo incoherente de lo propuesto.

Al colocar el Referendo por encima de la capacidad decisoria y de control de los Poderes Públicos, nuestra Constitución asigna al ciudadano el deber y la responsabilidad de ejercer la función política de impedir el uso indebido de esta máxima instancia de nuestro régimen democrático. Esto se concreta en el poder de invalidar el evento mediante una participación activa mayoritaria de la abstención.

Por esto la angustia que hoy expresa el mandatario está bien motivada puesto que son altas las posibilidades de un gran fracaso.

Pero la reacción lejos de corregir la situación la está agravando. El mensaje que en forma de ultimátum ahora se envía (de que en caso de no aprobarse las propuestas del gobierno se produciría una catástrofe) y las amenazas que la acompañan (de aumentar tributos, abandonar la inversión social, etc.) están configurando la figura de la profecía autocumplida: entre más se comprometa en acciones cuestionables para obtener el resultado deseado y entre más se venda la idea de que su fracaso es el fin del mundo, más nos hundimos en la disyuntiva de tener que aceptar y aprobar dar vía libre a su uso indebido (ahora, pero también de aquí en adelante), o caer en la crisis que el gobierno está montando para forzar la votación.

Para lograr una victoria pírrica (en comparación con los aspectos negativos del trámite, las reformas eventualmente positivas, o son innecesarias por haber sido ya adoptadas por la reforma política, o son intrascendentes por lo insignificante de sus efectos) el doctor Uribe nos ha sumergido en la alternativa diabólica de tener que elegir entre dos grandes males.

Es claro y es importante señalar que no toda la responsabilidad puede atribuírsele a él. Se presiente la mano asesora del doctor Londoño en cuanto a la visión de que las Leyes y el Derecho no son el conjunto de reglas por las cuales todos debemos guiarnos sino un instrumento para que quien sea suficientemente hábil pueda hacer lo indebido.

No hay mayor causa de error que las diferentes formas de prepotencia. La de la convicción de una superioridad moral originada en la persona (porque uno es el 'bueno'), o la fundamentada en que el 'análisis lógico' le da a uno la razón (bien porque uno 'sabe más', o porque uno 'piensa mejor'). Pero también existe la de las habilidades (la de quien es capaz de sacar adelante sus propósitos, no necesariamente porque estos sean correctos moral o racionalmente, lo cual en últimas para estas personas es irrelevante, sino porque uno es más 'hábil').

Por culpa de alguna de ellas, hoy nos han puesto en la condición de quienes votan en el 'Gran Hermano' o en 'Protagonistas de Novela', sufriendo la angustia de tener que escoger cuál mal preferimos para el desarrollo de nuestro futuro (como en los realities, a quién se elimina).

Pero lo que decidirá el voto no es por cuál personaje se inclinan nuestras simpatías (estar a favor o en contra de Uribe); tampoco, como lo presentan quienes defienden que el propósito está por encima de los medios que se usen para lograrlo, por la salvación o el caos; ni siquiera por el contenido de los diferentes puntos puesto que se sabe que ninguno es trascendental (incluso el más cuestionado y al que más le da importancia el gobierno -la congelación de salarios- es transitorio). La decisión a tomar es si se confirma o se rechaza que el mandatario tenga la facultad de usar y abusar de un respaldo político coyuntural para desconocer los objetivos y las limitaciones de las normas constitucionales; si se comparte o no el enfoque según el cual el gobernante no está sometido a la Carta Fundamental como el resto de la población, sino que tiene un derecho privilegiado para manipularla en función de sus necesidades; si puede o no trasladar el estilo Invercolsa a la Administración Pública y al manejo del Estado.
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