Pena de muerte fiscal

| 10/22/1999 12:00:00 AM

Pena de muerte fiscal

La propuesta de acto legislativo sobre las transferencias regionales es un despropósito económico y condenaría a muerte a los fiscos regionales.

por Javier Fernández Riva

En los últimos meses he recordado mucho a Demóstenes Fonseca, y quisiera dedicar esta nota a su memoria. Los lectores de Dinero no tienen idea de quién era Demóstenes, pero eso solo confirma que a menudo los verdaderos pioneros pasan inadvertidos. Demóstenes fue el infortunado alcalde de Barranco de Loba que una noche de mayo de 1995 "se suicidó por deber". Por deber hasta la camisa, en su calidad de representante legal de un municipio quebrado. La carga de la deuda municipal fue minando al alcalde que en sus últimos días "se fue poniendo ojeroso, casi no dormía y andaba como ido" en un municipio con atrasos de más de seis meses en el pago de la nómina, múltiples embargos y una deuda bancaria de más de $250 millones. Guardadas las proporciones, como cualquier otro hoy día. Hasta que el pobre Demóstenes reconoció que las deudas le habían llegado literalmente al cuello y terminó con sus sufrimientos colgándose de una viga de la Alcaldía.



En su momento comenté que la tragedia era premonitoria pero que no creía que muchos alcaldes fueran a seguir el ejemplo de Demóstenes, y que a poco andar a quienes veríamos colgados (solo simbólicamente, pero algo es algo) sería a sus banqueros.



Muchas cosas habrían podido disparar mi recuerdo de Demóstenes. Por ejemplo, la noticia sobre las trescientas tutelas interpuestas y ganadas por los jubilados del Departamento del Chocó por el no pago de sus pensiones, y la forma como el Gobernador está tratando de evitar cárcel por desacato con el argumento, razonable, de que Chocó no tiene un peso y que la Constitución no puede obligarlo a lo imposible. O el predicamento del Grupo Aval, obligado por otra tutela a desembargar las cuentas del Departamento del Cauca y a aceptar como dación en pago el edificio de la Gobernación. ¿O es el hospital departamental? ¿O el matadero? Ya no recuerdo.



Las transferencias



Pero no. Lo que motivó que desde hace semanas me acompañe el fantasma de Demóstenes fue la insistencia del Gobierno Nacional en el proyecto de acto legislativo "por el cual se modifican los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución Política" sobre transferencias regionales, donde se dispone que a partir del año 2001 el situado fiscal para los departamentos aumentará solo con la inflación y que lo mismo ocurrirá con las transferencias a los municipios a partir del 2002.



La propuesta no es nueva, pero no había querido referirme a ella porque estaba esperando que alguno de los sabios de la famosa Comisión de Gasto Público, que sesionó durante dos años, se pronunciara sobre el despropósito. Pero como el tiempo pasa, y los sabios siguen más callados que una ostra, tendré que aventurarme a opinar como simple economista con una invencible repugnancia a que le metan el dedo en la boca.



La exposición de motivos del proyecto de acto legislativo subraya algo muy conocido: la Constitución de 1991, que estableció un aumento sostenido hasta el año 2002 del porcentaje de ingresos corrientes de la Nación transferidos a las regiones, puso en marcha un proceso de crisis del fisco nacional porque nunca pudo cumplirse la ingenua aspiración de transferir a las regiones gastos en forma proporcional a los ingresos cedidos. Como lo ha destacado el ex Ministro de Hacienda Eduardo Wiesner, una autoridad en el área de las relaciones fiscales intergubernamentales, fue "un ejercicio de estática comparativa", ayuno de economía política.



En realidad, el desastre inducido por la norma constitucional sobre transferencias fue mayor, aunque la exposición de motivos del proyecto oficial se abstiene, por razones obvias, de mencionar esta otra cara del problema. La perspectiva de transferencias crecientes de la Nación, sin que los límites al endeudamiento regional tuvieran dientes, y en medio de la política monetaria más expansionista de la historia, llevó a las regiones a endeudarse hasta el cuello, como con tanta elocuencia lo subrayó el desventurado Demóstenes. Incluso si las transferencias siguieran creciendo al mismo ritmo de los ingresos de la Nación hoy no bastarían para poder atender el pago de la deuda.



El problema permanece



Pero una cosa es reconocer que el aumento de las transferencias generó una crisis fiscal y otra muy distinta aceptar que la propuesta resuelva un problema. No lo resuelve, y en cambio crea otro. Precisamente ahora que el simple paso del tiempo (porque nadie se atrevió a proponerlo antes) haría que el porcentaje transferido se estabilice, y sin tener para nada en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gasto Público, se plantea que la Constitución ponga en marcha un proceso que desencadenaría inmanejables crisis fiscales regionales.



La Nación propone hacerles a los departamentos y municipios lo que nunca aceptaría que le hicieran a ella, pues ni siquiera consideraría aceptable una norma que limitara el aumento de sus ingresos tributarios al crecimiento general de la economía, mucho menos dejarlos constantes en términos reales. Claro que la Nación tiene deuda y que las demandas para más "gasto social" son enormes. Pero ¿acaso no tienen deuda las regiones, y acaso no seguirán creciendo su población y sus necesidades?



Si el producto interno aumentara a una tasa promedio anual de 4,0%, y los ingresos corrientes reales de la Nación crecieran al mismo ritmo la aplicación de la propuesta implicaría que las transferencias a las regiones, después de haber alcanzado 46,5% de tales ingresos en el 2002, descenderían al 34% en el 2010, al 23% en el 2020, al 15,5% en el 2030... Ningún esfuerzo fiscal regional, que de todas maneras será necesario para salir del atolladero en que ya cayeron las regiones, bastaría para compensar semejante reducción.



No hay derecho a que se irrespete al país proponiendo en la Constitución una norma que inevitablemente generaría un desastre fiscal regional y que obligaría a efectuar nuevos remiendos constitucionales a los pocos años.



Hay que aceptar las realidades de la decisión tomada en 1991, que nadie se atrevió a modificar a tiempo, tomar medidas para evitar que en adelante el gasto público crezca más rápido que la economía, y proceder a optimizar la estructura fiscal en lugar de generar nuevos problemas a mediano plazo.
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