Opinión

  • | 2007/05/25 00:00

    Paramilitarismo, encuestas de popularidad y justicia

    El gobierno debe garantizar que la justicia redoble esfuerzos para develar la verdad. De no hacerlo, entraremos en un periodo de incertidumbre y caos.

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Los eventos de las últimas semanas muestran, en medio de una creciente incertidumbre, lo traumático pero importante que ha resultado para el país el destape de las relaciones de los diferentes sectores sociales con el paramilitarismo. No hay semana, y más recientemente día, en que el país no se despierte con una noticia más grave que la de la noche anterior.
 
El gobierno, por su parte, ha pasado a la defensiva distrayendo la atención con golpes efímeros de opinión y, cuando no, con anuncios de impacto, que no hacen más que confirmar la gravedad de la situación.

Desde el mismo momento en que la Corte Suprema de Justicia libró orden de captura a la primera tanda de congresistas de la coalición de gobierno y más adelante, cuando el Senador Petro realizó el debate sobre paramilitarismo en Antioquia, se inició una cascada de hechos con repercusiones impredecibles, entre los cuales se destaca el reprochable desplante al presidente Uribe por parte del vicepresidente Gore en un foro ambiental en Miami.
 
Esta situación que dio la vuelta al mundo permitió, no solo aumentar la popularidad interna del presidente en las encuestas, sino medir también la percepción negativa de la bancada demócrata en el congreso norteamericano sobre la realidad colombiana, hecho que trató de controlar, con poco éxito, el primer mandatario en su visita a Washington en defensa del TLC.

El debate de Petro puso el balón del paramilitarismo en la cancha del gobierno, sin embargo este fue disparado casi de manera inmediata al terreno del Congreso de la República con las declaraciones del vicepresidente Santos sobre el supuesto número de paracongresistas.
 
Sus afirmaciones provocaron una minicrisis política y la parálisis del Congreso y tuvieron que ser rectificadas luego del "amable regaño" del señor presidente. No era de extrañar que las encuestas de opinión favorecieran la actitud de Santos.

Pero ahí no paró el asunto. A las grabaciones reveladas por la revista Semana que comprometen a jefes paras con crímenes y narcotráfico desde la cárcel de Itagüi y evidencian los excesos en la zona de Ralito donde se contrataban niñas para "descorchar" durante el proceso de negociación con el gobierno, se sumaron nuevas detenciones de parlamentarios que salpican a diversos partidos políticos y las declaraciones de Salvatore Mancuso comprometiendo a los más altos funcionarios del Estado, altos mandos militares, nuevos congresistas y reconocidas empresas del país.
 
Estos hechos ponen en serios aprietos, no solo a la justicia encargada de investigar la veracidad de las graves denuncias, sino también al gobierno, a la institucionalidad del país y probablemente a la economía.

Ya no es suficiente para el gobierno argumentar los beneficios de la cuestionada Ley de Justicia y Paz o dar golpes de opinión como el de soltar a todos los guerrilleros para permitir la liberación de los secuestrados por la guerrilla, o el cambio, sin precedentes, de la cúpula de la Policía Nacional, bajo el argumento de su responsabilidad por las filtraciones divulgadas por Semana.
 
Esta última salida, además de evidenciar una contradicción respecto al manejo de la verdad, le plantea al gobierno la necesidad de ir más allá de respuestas mediáticas para poder superar la crisis institucional que se avecina. Las investigaciones de la Corte y de la Fiscalía sobre los diferentes tipos de responsabilidades apenas comienzan; también las declaraciones de los jefes paramilitares, las cuales deben ser verificadas y contrastadas de manera urgente para garantizar la verdad en interés de la nación y evitar dañinas especulaciones.

El alto nivel de popularidad en las encuestas ya no es suficiente. En las actuales circunstancias el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que la justicia redoble esfuerzos para develar la verdad con la mayor prontitud.
 
De no hacerlo, entraremos en un periodo de incertidumbre y caos, en medio de la politización del debate, lo que, además de comprometer la gobernabilidad del país, no contribuye ni a la verdad ni a la justicia y mucho menos al interés general de la nación. Colombia debe rodear al Presidente de la República en su propósito de que se conozca toda la verdad y se juzgue a los responsables.
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