País derrumbado

| 4/9/2001 12:00:00 AM

País derrumbado

La destrucción de la infraestructura energética tiene un propósito extorsivo cada vez más claro, lo que no deja sino un camino: invertir en seguridad todo lo que sea necesario para derrotarlo.

por Javier Fernandez Rivas

A la legua se notaba que no había "luz en la poterna". Y ya nos habían contado que el guardián de la heredad la había dejado tirada para irse de farra al pueblo vecino. Así y todo sorprende la magnitud del estropicio: un centenar de torres de energía derrumbadas en lo corrido de este año, un oleoducto despanzurrado a lo largo de 60 kilómetros, exportaciones de crudo paralizadas, toda la hacienda arruinada.



Para enfrentar con alguna posibilidad de éxito la agresión de la guerrilla contra la infraestructura energética hay que tener claridad sobre sus objetivos, pues hay cosas que pueden y cosas que no pueden negociarse. Concretamente, creo que pueden negociarse la privatización del sector y la política energética, y que quienes se escandalizan porque eso se reconozca están viviendo en la Luna. Sobre esas materias habrá, eventualmente, decisiones de una nueva asamblea constituyente, de manera que no sería irrazonable aceptar en el intervalo una congelación de las privatizaciones y el inicio de una discusión a fondo de la política energética, si tal fuera el costo de lograr la suspensión de los atentados. Entre otras cosas porque, después de la escandalosa exhibición de impotencia del gobierno para controlar los voladuras, solo un necio creería que hay inversionistas externos dispuestos a venir en condiciones que no equivalgan a feriar nuestros recursos.



En cambio, si la destrucción de la infraestructura es un mecanismo de extorsión financiera, como me parece cada vez más claro, sería inadmisible ceder pues ello, en lugar de acercarnos a la paz, nos alejaría cada vez más al fortalecer la capacidad económica y militar de la guerrilla. Estaríamos alimentando al tigre con caviar.



De todos modos, sean cuales sean los propósitos de los ataques a la infraestructura energética, extorsivos o "políticos", ya es hora de que dejemos de añadir impudicia a la impotencia haciendo llamados a la buena fe de los subversivos y pidiéndoles que, por favor, paren las voladuras porque ya casi dejan a oscuras el país y porque su vandalismo está complicando la situación fiscal y la balanza de pagos. Como para la guerrilla su éxito es proporcional al daño causado esas quejas y lamentos solo pueden acabar en felicitaciones y promociones a los cuadros encargados de la destrucción.



Pero creo que la visión de una guerrilla que todos los días dinamita las torres de electricidad y el oleoducto para reafirmar el mensaje político de que no quiere más privatizaciones ni nuevas concesiones a la inversión extranjera en hidrocarburos es incorrecta. Dentro de la interminable cháchara con la subversión el tema de la suspensión de los ataques a la infraestructura como contraprestación a la suspensión de las privatizaciones ni siquiera ha sido planteado, por lo que resulta poco verosímil que a la guerrilla le interese, en esta etapa, negociar ese punto. La posición de la subversión frente a los ataques a la infraestructura se parece cada vez más a la que adoptó frente al secuestro, al que se negó a renunciar y optó, con cinismo, por cambiarle el nombre, por ser un instrumento clave de su estrategia financiera de extorsión masiva.



Mi escepticismo sobre los propósitos "políticos" del vandalismo energético se reafirma cuando noto la creciente frecuencia de los atentados, que demanda un esfuerzo importante de la guerrilla. Para llevar un "mensaje político" esa frecuencia es excesiva. La subversión no se frunce por los costos y sufrimientos que les cause a los demás pero dudo que esté dispuesta a incurrir, por su cuenta, en costos innecesarios para subrayar superfluamente un mensaje. El patrón de atentados contra la infraestructura energética luce como una estrategia extorsiva típica, en la cual se va escalando el daño económico infligido a quienes se niegan a ceder a las demandas.



Por supuesto, no tengo pruebas de que los atentados a la infraestructura energética tengan un propósito financiero y estoy seguro de que los afectados y el gobierno lo negarán. Pero si uno trabaja con esa hipótesis la primera y más importante implicación es que hay que abandonar la esperanza de que el ritmo de ataques a la infraestructura disminuya en el futuro --salvo mediante mejoras en la seguridad-- y que, por el contrario, debe esperarse su escalamiento. A menos, claro, que se ceda a la extorsión, lo que sería el principio del fin.



Si se acepta esa hipótesis la única opción para evitar que la oscuridad se siga extendiendo a todo el país es volver una absoluta prioridad nacional la derrota de esa estrategia extorsiva de la guerrilla.



Eso exige eliminar la ambigüedad actual sobre las responsabilidades administrativas en ese frente, y darle poderes y recursos adecuados al Ministerio de Defensa. También exige eliminar la ambigüedad sobre quién debe correr con los costos de la prevención y de la persecución y castigo de los atacantes a la infraestructura. Debe diseñarse un programa especial de seguridad financiado con recursos nacionales, porque solo a los estadistas de Macondo se les ocurre que los costos de la defensa nacional --que es lo que está en juego-- sean asumidos por las empresas extorsionadas. Y deben asignarse a ese programa todos los recursos que sean necesarios, sin hacer cálculos miopes sobre costos y beneficios de defensa de torres individuales, o cosas por el estilo.



Y una cosa más. Ya dije que si el propósito de las voladuras fuera inducir una negociación de la política energética y de privatizaciones esa opción debería considerarse. Cuando entramos en el "proceso de paz" sabíamos que habría que negociar muchas cosas, y es mejor hacerlo ahora, cuando todavía hay torres de energía en pie y un pedazo intacto del tubo. Pero si se demuestra que la finalidad de los atentados es extorsiva y la guerrilla continúa escalando su daño en algún punto habrá que trazar la raya, condicionando la continuación de las conversaciones a que la guerrilla cese esa destrucción del patrimonio nacional.



Sé que a muchos les parece terrible que alguien se atreva a plantear siquiera esa posibilidad. Pero una cosa es el belicismo y la intransigencia de la política económica, que censuro, y otra permitir que la subversión siga arruinando al país a discreción contando con la pusilanimidad de un establecimiento que no se atreve siquiera a plantear con dignidad el interés nacional, no vaya a ser que los subversivos se molesten y dejen de darle palmaditas en la espalda.
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