Opinión

  • | 1994/08/01 00:00

    Oportunidad perdida

    La Ley 136 de 1994 no modernizó el cobro de los impuestos municipales, el cual continuará rigiéndose por el caduco sistema del Código de Procedimiento Civil.

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Uno de los escollos más importantes que ha afrontado la recaudación de las entidades territoriales ha sido el de la ineficiencia en el cobro de sus tributos.

En muchos municipios se observa que los bajos resultados obtenidos en la obtención de rentas por concepto del impuesto de industria y comercio, del impuesto predial o de la contribución de valorización provienen en buena parte, de los ineficientes y obsoletos sistemas de cobro.

Los impuestos nacionales mejoraron su dinamismo, entre otras razones, por el hecho de que en las reformas de los años 1990 y siguientes, se hizo un especial énfasis en el sistema de cobro, eliminando todas las trabas que tiene el procedimiento ante la jurisdicción civil, para convertirlo en un cobro administrativo más ágil y eficiente.

Consciente de esta barrera administrativa, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, varió también su estructura de cobro adecuándola al sistema que hoy tienen los tributos nacionales, con el fin de facilitar el cobro de sus tributos.

No obstante los logros obtenidos en esta materia, el Congreso de la República

acaba de aprobar la Ley 136 de junio de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar el funcionamiento de los municipios. En esta ley se hace radicar el cobro en cabeza de las tesorerías municipales, restringiendo así las posibilidades de privatizar el cobro, y se le impone a los municipios la obligación de regirse para efectos del cobro de sus deudas por el caduco sistema del Código de Procedimiento Civil, que implica una serie de incidentes e instancias previas al cobro de los impuestos.

Es una lástima que se haya desperdiciado esta preciosa oportunidad para modernizar el cobro de los impuestos municipales. El nuevo gobierno tendrá que hacer algo al respecto, si de verdad piensa que la autonomía regional en materia tributaria está cimentada en el esfuerzo propio de las regiones.

Y a todas éstas se pregunta: cuando se aprobó la ley, ¿dónde estaba la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que es la entidad encargada de velar por el bienestar fiscal de los municipios?
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