Opinión

  • | 1999/08/27 00:00

    Opciones de ajuste

    Los recortes deben enfocarse a disminuir los costos que dan mal ejemplo.

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El ajuste para reducir el déficit fiscal que implementa el gobierno tiene aspectos positivos, pero ha llegado tarde, es insuficiente y carece de instrumentos que generen capacidad de demanda. Ojalá se llegue a un acuerdo alrededor de la buena intención gubernamental de reducir los costos de las contralorías y asambleas. Hace un año, con el poder político intacto y la economía todavía en crecimiento, habría podido hacerse un esfuerzo mayor en desburocratización. Hoy es más difícil; los mismos amigos de la idea se llenan de dudas puesto que la recesión y el desempleo no ofrecen alternativas a quienes salgan del Estado. Se ha reducido muchísimo la inversión y se ha dejado a la devaluación solitaria en la tarea de reconstituir la demanda.



Se lee con frecuencia sobre el recorte necesario de las transferencias a departamentos y municipios. Esto sería un absurdo en un país que apenas entre 1983 y 1991 empezó a hacer un poco de justicia con sus regiones. La unidad nacional y la gobernabilidad, en alguna forma, están atadas a la capacidad de resolver los problemas fiscales sin afectar la descentralización. A ésta es necesario corregirle los costos de corrupción y politiquería, para evitar que se deslegitime cuando los ciudadanos se pregunten ¿por qué, a pesar de la descentralización, la miseria y el desempleo continúan?



El ajuste debe enfocarse en disminuir costos que dan mal ejemplo. En el Presupuesto "De la Verdad", el Congreso sumado a su Fondo de Previsión, para el año 2000, dispondrá de $290.000 millones. Cartagena, con más de 700.000 personas inmensamente pobres, ejecutará este año $220.000 millones. Sería muchísimo mejor que el Congreso tomara la iniciativa de una drástica reforma en lugar de esperar que le llegue la ola de derrumbamiento.



La partida para la Defensoría del Pueblo es de $33.634 millones. Su noble labor podría asignarse a la Procuraduría ($136.413 millones), al Ministerio del Interior ($22.788 millones sin incluir los fondos anexos) y a las personerías municipales. Con el ahorro se podrían financiar 80.000 cupos escolares.



No discuto la necesidad de las asambleas como órganos de control político y representación regional. Sin embargo, si sus costos se redujeran a la mitad, el ahorro aproximado de $35.000 millones serviría para pagar los subsidios de salud a 250.000 colombianos. Las contralorías departamentales y municipales, por medio de auditorías externas, cumplirían su tarea con el 30% del costo actual cercano a los $180.000 millones.



Es urgente desmontar el clientelismo con los hospitales y los maestros de departamentos y municipios. El empleo burocrático da poder político, miseria y desempleo general.



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