Opinión

  • | 1994/11/01 00:00

    Novedades tributarias

    Todos meten la cuchara en el tema tributario. El Consejo de Estado, los municipios, la nación, el Congreso. Todavía hay tributación en cascada.

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1. DOBLE TRIBUTACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO



Mediante sentencia de junio de 1994, el Consejo de Estado concluyó, que de acuerdo con la Ley 49/90, el impuesto de industria y comercio por concepto de la actividad industrial, debe ser cancelado en el municipio de ubicación de la sede fabril, teniendo como base los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. De acuerdo con la sentencia, el industrial debe volver a pagar impuesto de industria y comercio en el municipio donde comercializa la producción.

Con esta providencia, el Consejo de Estado revive el problema de doble tributación en el impuesto de industria y comercio, que parecía superado. En la administración Gaviria, se presentó a la consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que pretendía resolver el problema de doble tributación en la actividad industrial. Sin embargo, el proyecto no tuvo el trámite requerido para convertirse en ley.

Sería conveniente que el gobierno del presidente Samper resolviera este problema que aqueja a los industriales, ya que los convierte, por virtud de una interpretación del Consejo de Estado, en el único sector del país que debe tributar dos veces sobre un mismo hecho económico.



2. LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO ORIGINADOS EN DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE DEBEN TRATAR COMO UN GASTO FINANCIERO



Recientemente el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 5o, inciso primero del Decreto reglamentario 2591 de 1993, relacionado con los ajustes integrales por inflación, en virtud del cual se pretendía que los ajustes por diferencia en cambio originados en deudas en moneda extranjera, así como la corrección monetaria, se llevarán como un débito a la cuenta de corrección monetaria fiscal.

Como consecuencia de la nulidad decretada, la corrección monetaria, los ajustes por diferencia en cambio y el reajuste del principal, constituyen un gasto deducible, una vez finalice el proceso de puesta en marcha del activo o éste se encuentre en condiciones de utilización o enajenación, que como tal se lleva directamente al estado de pérdidas y ganancias, sin que deba ser tratado como un débito en la cuenta de corrección monetaria.

La declaratoria de nulidad trae como resultado un incremento en la deducción teórica de los contribuyentes, en la medida que el ajuste de los pasivos no monetarios no se descuenta para efectos de determinar el saldo crédito de la cuenta de corrección monetaria, que sirve de base al cálculo de la deducción teórica.



3. LA LEY 142/94 ESTABLECE UN TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS



A mediados del presente año se aprobó la Ley 142, que pretende gravar con impuesto de renta, a partir de 1995, a las entidades que prestan servicios públicos, en un intento por darle un tratamiento de equidad a las empresas que prestan tales servicios, sean ellas del sector público o privado, del orden territorial o del nacional.

El intento es loable, por cuanto tradicionalmente ha sido imposible que en el Congreso de la República se grave a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental y municipal. Los congresistas han preferido siempre gravar a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, y por supuesto a las empresas privadas, pero dejando siempre excluidas de gravamen las empresas de los municipios y departamentos que constituyen la fuente burocrática fundamental del cacicazgo político.

Sin embargo, a pesar del sano propósito de la ley, se estableció un tratamiento favorable para las empresas del orden municipal que prestan servicios públicos domiciliarios. En efecto, la ley excluyó del impuesto de renta tales empresas por un lapso de siete años, si capitalizan sus utilidades o las destinan a la constitución de una reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

De esta manera, si la empresa no presta servicios públicos domiciliario *Por ser, por ejemplo, generadora de energía, pagara impuesto de renta. Y si la empresa presta servicios públicos domiciliarios, pero es del orden nacional o departamental, paga impuesto de renta, en tanto que si es del orden municipal no lo paga.

El ministro de Minas ha anunciado que tratará de corregir este tratamiento dispar otorgado por la ley. Ojalá pueda enmendar los errores existentes y dar un trato igualitario a los diferentes sectores, públicos o privados, del orden nacional o del orden territorial, que participen en la prestación de los servicios públicos.
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