Opinión

  • | 2010/07/23 00:00

    Nombramientos y anuncios

    Tanto el Presidente electo como los Ministros designados han comenzado a precisar las orientaciones de política en algunas áreas.

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El Presidente electo ha ido anunciando su gabinete con cuentagotas. El conjunto se ve muy bien. Hay varios especialistas muy reconocidos que sin duda manejarán sus carteras en forma muy profesional y seguramente exitosa: Juan Carlos Echeverry en Hacienda, María Ángela Holguín en Relaciones Exteriores, Juan Camilo Restrepo en Agricultura, Sergio Díaz-Granados en Comercio e Industria, Beatriz Uribe en Vivienda y Sandra Bessudo en Ambiente. Los nombramientos más políticos, en dos carteras de la mayor importancia, Transporte y Minas y Energía, han recaído en personas que vienen de hacer buenas gestiones a nivel regional. Su éxito dependerá de que se rodeen de buenos especialistas y ejecutores, dado que estos temas se han vuelto extremadamente técnicos y complejos, de que sigan los consejos de los técnicos y de que consulten a la industria.

Tanto el Presidente electo como los ministros designados han comenzado a precisar las orientaciones de política en algunas áreas. En lo fiscal, Echeverry ha indicado su apoyo a la iniciativa de Regla Fiscal que presentó el Ministro saliente ante el Congreso. Esa iniciativa podría constituirse en un elemento clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno Nacional, permitir la aplicación de políticas fiscales anticíclicas efectivas en el futuro y evitar que la creciente importancia del sector petrolero y minero pueda afectar negativamente otras actividades productivas. Para lograrlo, sería necesario, a mi juicio, introducir algunas modificaciones importantes al proyecto de Gobierno en lo que hace al tratamiento de los ingresos petroleros (que es muy arbitrario y rígido en la forma propuesta y podría conducir a resultados indeseables bajo escenarios de precios y producción diferentes al que hoy vislumbra el Gobierno, pero ciertamente posibles, como lo demuestra nuestra propia historia), a las funciones excesivas otorgadas a un Comité de Expertos nombrado por el Gobierno y a las amplísimas cláusulas de escape que podrían convertir la Regla en letra muerta.1

En un foro organizado por Fedesarrollo la semana pasada, todos los participantes, incluyendo, además de los Ministros saliente y entrante, a cinco ex Ministros del ramo y representantes del sector académico y empresarial, le dieron un claro respaldo a esta iniciativa, con las modificaciones del caso. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en que el logro pleno de sus objetivos requiere otras reformas complementarias en materia tributaria, presupuestal y de regalías, a más de elevar el principio de sostenibilidad fiscal a la categoría de un derecho colectivo en nuestra Carta Constitucional.

Tanto el Presidente electo como Echeverry han anunciado una reforma integral al régimen de regalías. Esta Reforma es crítica y urgente. En efecto, no bastará con adoptar y cumplir con la Regla Fiscal para evitar efectos adversos de "enfermedad holandesa" del posible boom minero-energético sobre la agricultura y la industria. La Regla permitirá mitigar, pero no evitar, revaluaciones del tipo de cambio. Como complemento, se requiere invertir bien (en educación e infraestructura de calidad y en promoción de la innovación) los ingresos procedentes del petróleo y la minería, con el propósito de aumentar la productividad de otras actividades. Es dramático el nivel de desperdicio de las regalías que reciben muchas regiones. Quien visita Putumayo no puede creer que por allá pasó una bonanza petrolera. En Arauca apenas quedan algunas carreteras y piscinas de olas como testigos de la mayor bonanza que haya tenido región alguna. El desperdicio es también notorio en otros departamentos y municipios. La Nación no lo hace mucho mejor: los recursos del Fondo Nacional de Regalías se distribuyen sin prioridades ni criterios claros. Si no cambiamos este estado de cosas, no aprovecharemos bien la potencial bonanza minero-energética. Será políticamente difícil, pero Santos y Echeverry han dado muestras en el pasado de lograr aprobar por el Congreso reformas aún más contenciosas.

Falta por ver qué hace el Gobierno entrante en los otros dos temas fiscales urgentes: el tributario y el de las inflexibilidades del presupuesto. Y es de esperar que Santos, a diferencia de Uribe, utilice al Departamento Nacional de Planeación para garantizar que el presupuesto de inversión esté compuesto por proyectos prioritarios y con suficientes estudios.

Los primeros anuncios en materia de política de relaciones exteriores son igualmente promisorios. Sin embargo, la nueva crisis con Venezuela pone en duda qué tanto éxito podrá tener el nuevo Gobierno en su decisión de buscar cooperación con los gobiernos vecinos. No se entiende bien por qué Uribe decide precipitar esta nueva crisis a días de terminar su periodo.

Me cuesta trabajo pensar que lo haya hecho para sabotear los propósitos del nuevo Gobierno, como muchos creen. ¿Será, más bien, que se ofreció a hacer el trabajo sucio de denunciar información contundente sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, para que Santos pueda iniciar su política de conversaciones desde una posición de mayor fortaleza? En todo caso, la nueva situación exigirá el despliegue pleno de las muchas habilidades diplomáticas que poseen, tanto la Canciller como el Presidente electo.

Los anuncios en materia de política agropecuaria son también promisorios. La decisión de Santos y Restrepo de ejecutar una reforma agraria progresista, aprovechando la incautación masiva de tierras mal habidas por narcos y paras, de ser llevada a buen término, conduciría a una enorme revitalización del sector rural a mediano plazo. Será jurídica y políticamente difícil.

Pero el prestigio, la competencia jurídica y el arrojo de Juan Camilo Restrepo, con el apoyo pleno de Santos, pueden lograrlo. Con solo esta reforma el gobierno Santos pasaría a la historia. En adición, Santos y Restrepo tienen una visión moderna del desarrollo agrícola y conocen bien nuestro potencial exportador. Saben bien, y lo han dicho, que buena parte del sector no puede seguir a espaldas del comercio internacional, si bien requiere de apoyos para reestructurarse y mejorar su competitividad. Para esto, y solo para esto, se crearon y se deberían usar los recursos de crédito del programa Agro Ingreso Seguro, que tanto se desviara de sus propósitos bajo la anterior administración. Lo que el campo necesita (además de la reforma agraria y el acceso a mercados externos) no son subsidios y protección a los ricos: es infraestructura, investigación y desarrollo, educación rural y apoyo tecnológico y crediticio a los productores medianos y pequeños.

Faltan nombramientos y anuncios en otras áreas. Resultará de especial importancia quién sucede a Cecilia María Vélez, para profundizar su excelente labor en Educación, y quién asume el Ministerio de Protección Social, para arreglar todos los problemas que solo a última hora comenzó a afrontar el actual Gobierno. Los primeros anuncios y nombramientos son ciertamente promisorios. Y el sonajero tiene otros nombres igualmente llamativos, como son los casos de Germán Vargas Lleras, Catalina Crane, Mauricio Santamaría y María Fernanda Campo, entre otros.

 

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1. Para mayor detalle, véase el artículo que publicamos con Roberto Steiner en Portafolio en julio 21.

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