Opinión

  • | 2006/09/15 00:00

    No se trata de oposición a Uribe

    En nuestro caso lo que estamos viviendo es una retoma del país —pero a un nivel más absoluto— por los intereses de los poderes ya establecidos.<br><br>

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Creo que es natural que la reelección traiga como fenómeno que uno se vea obligado a repetir columnas. En mi caso tengo que volver a aclarar que no soy antiuribista. No lo soy por la misma razón que tampoco podría ser 'uribista': porque no creo que la suerte de los países o de las colectividades la determinen o dependa de tal o cual individuo; porque analizo nuestro devenir alrededor de procesos más profundos, que sí son necesariamente encarnados en personas a quienes las circunstancias les dan un papel predominante en el escenario pero sin que por ello sean ellas las que los determinan o los conducen; porque entender los procesos de evolución política de un país es algo más complejo que simplemente opinar sobre quien no es sino una de sus manifestaciones y el instrumento de las fuerzas que los producen.

En nuestro caso lo que estamos viviendo es una retoma del país —pero a un nivel más absoluto— por los intereses de los poderes ya establecidos. Se puede y se usa llamar esto 'la derecha' que genera una 'filosofía de derecha', en la medida en que, para justificar ese propósito de defender y concentrar prerrogativas, se genera una justificación teórica que sirve de argumento para disimular ese propósito que subyace, pero que es difícilmente confesable. No por casualidad los ideólogos gobiernistas insisten en negar la existencia de 'derechas o izquierdas': dice la sabiduría popular que la mayor habilidad del diablo ha sido convencernos de que no existe, para que no lo culpen de sus diabluras.

Esta propuesta política reivindica el principio 'económico' de que 'el egoísmo individual sirve al interés general' de Adam Smith, para así dar legitimidad a la búsqueda de su propio beneficio sin tener en cuenta el interés colectivo. Se trata de aplicar las reglas de la competencia —que hace que para efectos de la promoción del desarrollo tecnológico y empresarial en el mercado se eliminen aquellas empresas que son comparativamente ineficientes u obsoletas—, a la sociedad —en la cual su consecuencia es la exclusión y la marginación de los sectores poblacionales menos capaces o menos favorecidos—.

Legitima igualmente la filosofía de Carl Schmitt considerada la base del nazismo, según la cual en situación de emergencia o crisis la soberanía reside no en un ente abstracto como 'la Nación', 'el pueblo' o 'la ciudadanía' sino en quien tenga la fuerza para imponer su voluntad; es decir, que lo único legítimo es el poder y que todo poder es equivalente a legitimidad, no estando sometidos en consecuencia a nada diferente, o sea, a reglas de ninguna clase.

De lo anterior, y de la existencia de un 'terrorismo' contra un país —que se toma como motivo de emergencia o crisis—, se asume el supuesto derecho de sus gobernantes a tomar decisiones por fuera e incluso contrarias a toda institucionalidad, sea esta interna —cuando se viola o desconoce el sentido del 'contrato social' que es la Constitución— o internacional —cuando se saltan normas o instancias que regulan estas relaciones, como sucede al apelar a la noción de 'guerras preventivas'—.

Si se sustituye la idea de que las ideologías mueven el mundo por la que acepta que son los intereses concretos los que crean las ideologías, lo que estamos viviendo se reduce a que los grandes empresarios, los terratenientes, los medios de comunicación, las fuerzas amadas, o lo que en términos algo desgastados se llaman los dueños del poder o de los diferentes factores de poder, consideran que nuestra sociedad debe perpetuarse tal como venía —es decir, organizada para preservar su situación de dominio dentro de ella— y para lograr eso apelaron a un proyecto político que cumpliera tal fin.

Este proyecto tiene su modelo económico (el que convencionalmente se conoce como neoliberal), el cual cuenta con suficiente respaldo y poder para imponerse. Promueve las leyes del mercado no solo para que el Estado no intervenga la economía sino también para impedir que obstaculice el libre juego del poder. Pero la debilidad del Estado, o su incapacidad como Estado para someter a quienes ilegalmente, por la vía de las armas, manifiestan una oposición o una protesta contra ello, llevó a algunos individuos afectados por esa situación a asumir directamente esa función y a otros a aceptar o dar respaldo a que así lo hicieran.

La integración o reinserción del paramilitarismo es solo el reconocimiento de que en el momento, por el fortalecimiento de la fuerza armada y por la identificación del gobierno con ese proyecto político de derecha, su continuación no es necesaria. Así se explican las circunstancias bajo las cuales se desarrolla esa 'reinserción' (incluidas las características cuestionadas de la Ley de Justicia y Paz), puesto que no es un gobierno negociando ante unos opositores que subvertían el Estado que él defiende, sino con quienes, además de haber contado con la aceptación de los poderes establecidos, representan una forma del 'soberano' en la medida en que se impusieron en más de un aspecto de la vida nacional (no solo en lo militar, sino por ejemplo en lo económico, en lo electoral y político). Y solo así se explica que tengan tanta fuerza como para que la posición de las autoridades sea que, más allá de desconocer la Constitución y el sentido de los fallos de la Corte al interpretarla, se enfrente y distancie de su tutor, el gobierno estadounidense.

Por otro lado, la presión de la autoridad imperial ha llevado al absurdo de que se considere que la semiimpunidad para los delitos de lesa humanidad es aceptable, pero que ser narcotraficante sí es imperdonable. Esta inversión de valores ha producido la paradoja de que lo realmente sustancial para el país y lo que debería ser el 'hueso duro de roer' —como es qué hacer ante la contradicción existente entre nuestra necesidad de paz y lo que son las reglas universales (DIH y Estatuto Penal Internacional)— está decidido, pero se encuentra entrabado por el problema de cómo resolver el tema de los vínculos que tienen paramilitares y narcos.

Como esta alianza es profunda en cuanto la orientación política requería el soporte económico que solo la actividad ilegal podía suministrar, la idea de diferenciar lo uno de lo otro es utópica: quien aceptó el paramilitarismo aceptó simultáneamente sus fuentes de financiación; por eso, el gobierno —que como se dijo es intérprete de la voluntad que dirige la 'cooptación' de ese sector— es insistente y persistente en no buscar soluciones que no incluyan también un tratamiento 'blando' para quienes se dedicaron a este negocio.

Por eso vivimos esta situación, en que los acuerdos (no negociaciones) en la realidad ya tienen que ser con los narcotraficantes; que se atreve el gobierno a desafiar a Estados Unidos, y que le es indispensable buscar caminos 'creativos' (plebiscito en internet) para justificar el desconocimiento de nuestro orden legal y constitucional.

El primer paso para entender la problemática del país es dejar de concentrarse tanto en cómo es o cómo manda el Presidente, y profundizar algo más en qué y a quiénes representa… No es antiuribismo pensar que no podemos seguir en si se está con o contra Uribe, sino en si se acepta y apoya o no el proyecto que usa como caballo de Troya el respaldo del cual él goza.
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