Opinión

  • | 2011/04/13 00:00

    Ni gritos ni susurros

    Necesitamos un balance racional entre conservar el medio ambiente y la urgencia de ganar con la riqueza minera. Pero es difícil.

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La minería trae dinero y problemas. Por eso es necesario debatir sobre los beneficios que recibirá el país de cada mina, para ver si valen más -o menos- que los daños que causará su explotación. Si un proyecto da más de lo que quita, debe desarrollarse; si no, debe archivarse.

Pero sobre la mina de oro de Santurbán no oímos un debate sino una gritería. Para conseguir sus fines, los enemigos del proyecto diseminaron amplia información -obviamente parcializada- sobre su impacto ecológico, y acorralaron al Gobierno buscando que únicamente considerara esa información al decidir la licencia ambiental.

Si todo lo que apareció en los medios sobre Santurbán fuese cierto, habría que concluir que los de la Greystar son unos sádicos, que más que querer hacer minería, querían dejar a Bucaramanga sin agua, envenenar su páramo y destruir toda la biota de la zona.

La embestida mediática -basada en el cuento del Rey Midas, que murió de sed por preferir el oro al agua- asustó a las autoridades y paró el proyecto. Y todo el mundo quedó con la sensación de que al fin, en nuestro país, triunfó el bien sobre el mal.

Y no. En realidad triunfó lo que en inglés llaman loud lobby (traducir como lobby con bubuzelas, por la cornetica del Mundial de Suráfrica).

A este tipo de lobby -que gusta a los activistas- los industriales contraponen el llamado soft lobby, o lobby silencioso, que se hace susurrando al oído de los funcionarios.

Pero este día fue para el loud lobby. Haciendo presión pública, estridente y agresiva, la facción contraria al proyecto ahogó el debate y forzó a Greystar a retirar la solicitud de licencia ambiental para la mina, y -claro- quedaron preguntas sin contestar, y voces sin ser oídas. El país no pudo conocer la otra versión.

El debate que no se dio tendría que haber comenzado por una evaluación completa y seria del impacto ambiental del proyecto, seguida de lo que planteaba hacer la Greystar para manejar, minimizar y compensar ese impacto. Esto, sumado a una discusión razonable de las diferentes interpretaciones jurídicas de lo que es un páramo, y del alcance y sentido de esa definición.

En el debate tendríamos que poder preguntarle, tanto a la empresa Greystar como al Gobierno, sobre cómo protegerían la cultura y la sociedad de los pueblos de la región, de los efectos del influjo de gente y dinero que traería la mina, y tendrían que asegurarnos que los recursos públicos que pudiera generar el proyecto serían bien invertidos, y que la mina sería bien monitoreada por las autoridades.

Faltó discutir si la suma que recibiría el Estado colombiano por la explotación de la mina sería justa, a la luz de los buenos estándares internacionales, y si el Gobierno tenía un plan para proteger la economía de la enfermedad holandesa, causada por el ingreso de recursos mineros. Faltó oír las voces de los habitantes de los pueblos de California y Vetas, cuyas vidas rozaron una ilusión de progreso que finalmente no fue.

Pero, sobre todo, faltó oír la voz de los pobres, los de toda Colombia, porque el sacrificio de ingresos estatales, a cambio de medio-ambiente, lo pagan los programas sociales.

En todo caso -para el próximo boom minero- debería quedar como lección lo que pasa cuando las posiciones se plantean en términos tan radicales y destructivos. La campaña mediática contra el proyecto de Santurbán enemistó a la opinión pública con la minería, y esto puede atrasar al país. La minería -bien manejada- ha servido a Brasil, a Chile, y al Perú para crecer de forma más acelerada y más sana que Colombia, y para pagar programas sociales que les envidiamos. ¿Quedó cerrado ese camino para nosotros?

Necesitamos encontrar un balance racional entre la necesidad, evidente, de conservar el medio ambiente, y la urgencia, indudable, de ganar la riqueza minera y de sembrarla financiando educación y salud.

Pero es difícil. La virulencia con la que abordamos las discusiones sobre los grandes temas nacionales refleja la pobreza de nuestra cultura política y, en general, nuestra reticencia a buscar consensos que beneficien a todos. Al parecer, preferimos vencer por goleada, aplastando a la otra parte, a reconocer que cada uno puede tener un poco de razón.

Para cambiar esto, nuestros políticos tienen que aprender a referirse con respeto a las ideas de sus contrarios, y a considerar de forma balanceada y constructiva los argumentos con los que no están de acuerdo. Respeto al otro. ¿Quién dará el primer y ejemplar gran paso?

Con la minería nos estamos jugando el futuro. La sociedad civil debe contribuir a formar consensos que concilien lo ambiental con lo minero, en beneficio de todos. Las mejores decisiones no son las que gritan los del loud lobby ni las que susurran los del soft lobby. Son las que convienen a la mayoría.

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