Opinión

  • | 2006/02/01 00:00

    Miseria y política económica

    Después del desastre socioeconómico de 1998-1999, cuando explotó la miseria, esta retornó el año pasado a los niveles usuales. Pero ahora volvemos a las andadas.

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Exito total. Al revelar sus cálculos de los indicadores de pobreza e indigencia usando una presentación provocativa, que destacaba la gran mejora de los últimos tres años, el Departamento Nacional de Planeación logró generar interés y debate sobre unas cifras cuya discusión se reserva, por lo general, a los iniciados. En el comunicado del escándalo la entidad oficial destacó que en los últimos tres años el número de pobres se redujo en 2,3 millones y el número de indigentes disminuyó 2,2 millones.

La reacción de los analistas no comprometidos con el gobierno era previsible. En esta entrega de Dinero Juan Manuel López critica las conclusiones del estudio oficial, señalando varias fallas metodológicas. El trabajo del DNP también ha sido criticado por Eduardo Sarmiento y Mauricio Cabrera. Me parece que muchas de sus críticas, como la relacionada con el uso de definiciones no uniformes para todo el período, son razonables, y los investigadores del DNP harían bien en tenerlas en cuenta. Pero, con independencia de mejoras deseables en las cifras, creo que las que presentó el gobierno identificaron correctamente las tendencias y ofrecen un mensaje de gran importancia para la política económica.

Lo que el estudio revela, sin que ello se haga explícito en el comunicado del DNP, que se concentra en el curso más reciente de los indicadores, es que en la segunda mitad de la década pasada se presentó un brutal aumento de la pobreza y la indigencia y que cinco años después de la crisis apenas estamos retornando a los niveles de antes del desastre. Por ejemplo, el indicador nacional de pobreza saltó de 49% en 1996 a 58% en 1999 y se mantuvo muy cerca de ese nivel hasta 2002. A partir de ese momento descendió hasta 49% en 2005. A su vez la proporción de indigentes saltó de 15% en 1995 a 25% en 1999, se mantuvo por encima de 21% hasta 2002 y, a partir de ese momento, inició un rápido descenso hasta 15% en 2005. No quiero convertir esto en una sopa de cifras. Todos los indicadores del estudio revelan un patrón similar: enorme deterioro entre 1996 y 2000, y gran recuperación en los últimos tres años. Muchos otros indicadores, como la tasa de desempleo o el de pobreza, que presentó hace unos años el ex director del Dane César Caballero, y se cita en el artículo de Juan Manuel López, en este número de Dinero, confirman ese patrón, con independencia de las diferencias en las cifras absolutas.

¿Qué causó el desastre socioeconómico de 1998-2000? ¿Sufrió Colombia un tsunami como el de Asia en 2004? ¿Acaso un terremoto como el del año pasado en Paquistán? ¿Alguien le tiró una bomba atómica? Nada de eso. Le pasó algo peor. Este país sufrió una recesión -léase un aumento de la miseria- inducida por la política económica, que elevó en millones el número de pobres e indigentes y barrió con más de cinco años de desarrollo.

El aumento de la pobreza fue la consecuencia diferida de una política de revaluación del peso que, durante años, se utilizó para reducir la inflación a costa de un déficit corriente colosal que, finalmente, hizo inevitable el ajuste. El aumento de la indigencia fue el costo adicional que se pagó cuando la autoridad decidió "aprovechar" la recesión para reducir la inflación, en lugar de usar la política económica para paliar, al menos, el desempleo y la miseria.

No descarto que la soberbia y la indiferencia social de algunas personas que tenían responsabilidad directa en el manejo de política económica, y consideraban legítimo y hasta "valiente" (¡válgame Dios!) precipitar a millones de colombianos en la miseria, para poder exhibir logros en materia de estabilización de precios, jugaran un papel en ese negro momento de la historia económica nacional. Pero creo que los errores en el manejo de los instrumentos se cometieron, en su mayor parte, de buena fe. Sencillamente se subestimaban la importancia de evitar que el déficit de la cuenta corriente creciera demasiado y los riesgos de una política monetaria agresiva para mantener un peso artificialmente fuerte mediante la atracción de capitales especulativos.

Lo que sería imperdonable es que, con esos antecedentes, debido a la nueva obstinación en reducir la inflación a punta de un dólar barato, y al coqueteo con los dineros de los barones de la droga reinsertados, dentro de unos años este país volviera a sufrir otra crisis económica y se dispararan nuevamente la pobreza y la miseria. La ventaja es que, con un gobierno de ocho años y una Junta del Banco de la República con estabilidad garantizada, la responsabilidad en una nueva debacle social sería meridianamente clara.
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