Javier Fernández Riva

| 4/19/2002 12:00:00 AM

¿Medidas de excepción? ¡Jamás!

Muchos que se escandalizan porque la Corte tumbó la Ley de Seguridad Nacional encuentran natural que, por razones comparables, se descarte el uso de mecanismos económicos de excepción para enfrentar el terrorismo.

por Javier Fernández Riva

El editorial de El Tiempo del 14 de abril destaca que "El mismo día en que las Farc secuestran a 12 diputados en Cali, y en la misma semana en que estallan petardos en el centro de Bogotá y cuando un carro bomba mató a 12 personas en Villavicencio, la Corte Constitucional echó por tierra la ley de seguridad nacional. Por consideraciones de forma y fondo, en otra sublime muestra de estricta jurisprudencia y derecho puro. Que poco tienen que ver con la dura realidad que vive Colombia, país donde la ley va de mano de la barbarie". Si el editorialista hubiera esperado unas horas podría haber incluido, también, el criminal atentado contra el candidato Alvaro Uribe. Y quien sabe qué otras barbaridades tendría que mencionar este artículo para estar actualizado cuanto el lector lo tenga en sus manos.



La mayoría de los colombianos comparte el desaliento que revela el editorial citado. Pero muchos que no vacilan en calificar en los términos más duros la inconsciencia de los jueces, encontraron justificado que, en la misma semana en que la Corte tomó su decisión, los miembros de la Junta del Banco de la República descartaran considerar siquiera el uso de mecanismos económicos de excepción para enfrentar el terrorismo, y hasta insultaran a quienes los propusimos. En el fondo, las dos posiciones, la de la máxima magistratura jurídica y la de la máxima magistratura económica, son iguales. Ambas se niegan a reconocer que la situación colombiana es atípica y que es un error, que puede pagarse caro, no utilizar todos los instrumentos con que cuenta una democracia para defenderse, aun si el uso de algunos de esos instrumentos implica costos y riesgos, pues perder la guerra contra el terrorismo implicaría sacrificar todo lo que se pretende estar defendiendo con el purismo jurídico o económico.



"Perder la guerra contra el terrorismo" significa que la sociedad, amedrentada por los terroristas, y ante la impotencia de un Estado incapaz de canalizar todos los recursos económicos y legales necesarios para defenderla, capitula. Que exige que se negocie con una minoría armada sin condiciones previas, y que se acepten sus exigencias desmesuradas, así ello implique echar por la borda los fundamentos de una democracia y de una economía viable.



Ese lastimoso desenlace no es improbable cuando el Estado legítimo opta por luchar contra la subversión con una mano atada a la espalda. Cada vez es más claro que las Farc provocaron, con la bofetada del secuestro del avión el 20 de febrero, el rompimiento de las negociaciones para tener sus manos libres para ejecutar acciones terroristas, sin la restricción de estar adelantando negociaciones con la incómoda presencia de observadores internacionales. También es claro su propósito de golpear y acobardar a la población hasta inducirla a exigir que el Gobierno negocie sin condiciones previas. Esto es, que capitule.



A diferencia de lo que ocurre con el Estado legítimo, que se muestra incapaz de usar todos los recursos legales y económicos de que dispone, las Farc sí saben dónde están paradas y no están escatimando esfuerzos para su guerra. En contraste, aquí la prensa nos cuenta, con aprobación, que el Ministro de Hacienda acaba de anunciar que "los $200.000 millones adicionales ofrecidos a las Fuerzas Armadas están listos para cuando se necesiten". ¡!



¡Por Dios! Si en las circunstancias colombianas esa suma, equivalente a 0,1% del PIB, no se usa en forma inmediata para cosas tan urgentes como aumentar la Policía en las ciudades --pues lo que aquí se requiere con mayor urgencia no es tecnología de la guerra de las galaxias, sino más Policía vigilando todo-- no es porque no se necesite sino porque las Fuerzas Armadas y de Policía saben de sobra que no tendrán un centavo más, y que deben mantener una reserva para nuevas y peores emergencias. Que, por supuesto, se presentarán, pues ello es inevitable cuando no se gasta oportunamente en prevención.
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