Opinión

  • | 2006/05/26 00:00

    Más pobres que los pobres

    El drama humano que viven los desplazados y la solución a su inhumana situación deben ocupar los primeros lugares de la agenda política nacional.

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En febrero de 2004, la Corte Constitucional, al revisar 108 tutelas sobre los derechos sociales y económicos de los desplazados, profirió la sentencia T-025. En ella declaró inconstitucional un estado de cosas, ordenó al gobierno nacional superar esta situación, replantear la política sobre desplazados y cumplirla, además de destinar los recursos que fuesen necesarios. Así, la Corte buscó garantizar a la población desplazada los mínimos derechos para su protección y dio un año de plazo para que el gobierno diera respuesta a la sentencia.

En 2005, la Corte expidió tres autos de cumplimiento manifestando que el estado de inconstitucionalidad se mantenía, que había un gran desorden en la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, y una baja disposición de recursos para atender los programas propuestos. En respuesta, el gobierno apropió $5,2 billones para ser ejecutados entre 2005 y 2010 y acaba de presentar un informe de avance sobre sus acciones a consideración de la Corte.

En este contexto adquiere especial importancia el reciente informe del Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Universidad de los Andes Hacia una política proactiva para la población desplazada, en el cual los investigadores Ana María Ibáñez, Andrés Moya y Andrea Velásquez, luego de encuestar de manera detallada 2.322 hogares de desplazados en 48 municipios y 21 departamentos, exploran las pérdidas económicas y de activos de la población víctima del desplazamiento e igualmente evalúan los impactos de los programas de asistencia.

De acuerdo con sus hallazgos, la evidencia más dramática del conflicto armado es el incremento continuo en el número de hogares desplazados. Según las cifras oficiales, los desplazados inscritos en el Sistema Único de Registro son 1.784.000 personas —3,7% de la población colombiana y 13,7% de la población rural—. Estas cifras sumadas al estimativo de la población no registrada alcanzarían 2.460.000 personas, equivalentes a 554.000 familias. La información muestra que solo el 56,3% de los hogares ha sido beneficiado por los programas asistenciales. Según el Consejo Noruego para Refugiados, Colombia ocupa el segundo puesto mundial en número de desplazados, después de Sudán.

Explica el informe cómo "las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado migran intempestivamente y dejan atrás sus actividades económicas habituales, sus lazos sociales, su estilo de vida y su identidad. Las manifestaciones de esta violación de sus derechos fundamentales y el cambio dramático en las condiciones de vida que enfrentan los hogares desplazados, se traducen en una situación de extrema vulnerabilidad. El desplazamiento genera la pérdida de tierra, la vivienda y los activos de los hogares. También ocasiona desempleo, marginación, el deterioro en las condiciones de salud, inseguridad alimentaria, desarticulación social y empobrecimiento". Además, "la condición de vulnerabilidad se acentúa por su proveniencia rural y su composición poblacional, en su mayoría mujeres cabeza de familia, niños y ancianos".

"La comparación de la estructura de los hogares desplazados con la de los hogares pobres revela que los primeros tienen un tamaño de hogar mayor, mayores tasas de dependencia, menores dotaciones de capital humano —medidos en años de escolaridad del jefe de hogar—, y un mayor porcentaje de hogares que pertenecen a minorías étnicas. La vulnerabilidad de los hogares es latente por su estructura y los sitúa en una posición desfavorable, aun frente a la población pobre urbana… las tasas de desempleo de la población en condiciones de desplazamiento son superiores a aquellas de la población pobre urbana".

Así como el tema de reinserción, en particular de los paramilitares, ha despertado preocupación y atención por parte del gobierno, de sectores empresariales, comunidad internacional y prensa, el drama humano que viven los desplazados y la solución a su inhumana situación deben ocupar los primeros lugares de la agenda política nacional. Son ellos las principales víctimas del conflicto, los colombianos más vulnerables y por sus particulares condiciones, más pobres que los mismos pobres.
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