Opinión

  • | 1998/10/13 00:00

    Más Estado y menos instituciones

    La Constitución del 91 avanzó en descentralización y derechos sociales, pero aumentó las instituciones nacionales que devoran la inversión social.

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Algunos han querido reducir el debate al enfrentamiento entre el concepto de un Estado social demócrata, fuerte y con capacidad de intervención y el modelo neoliberal de menos Estado, de desvincular a los "ineficientes" y de alta productividad oficial, medida por indicadores privados. Esta simplificación oculta un punto central: la capacidad estatal reguladora para introducir armonía entre los asociados, o de inversión social para mejorar su nivel de vida, no depende del tamaño de la burocracia ni del número de instituciones, sino de su eficacia y agilidad y del destino de los recursos públicos.



Mientras el Estado continúa con un costo institucional elevado, los derechos sociales siguen en agudo déficit. Enfrentamos graves deficiencias en educación, salud, financiación del campesinado y rescate de la economía solidaria, para no hablar de lo demás, y se da mal ejemplo con el subsidio de los vehículos de los congresistas, los gastos de esta institución y el índice de reajuste de sus salarios.



Las asambleas y concejos tienen que reducir sus salarios y en general sus egresos para evitar el descrédito de la descentralización. Profundamente respetable es la Corte Constitucional, pero la guarda de la Carta habría podido mantenerse en la respectiva sala de la Corte Suprema. Las tareas de administración presupuestal del Consejo de la Judicatura bien pudieran estar a cargo del Ministerio de Justicia sin afectar la independencia de esta rama.



Gracias a la elección popular de alcaldes y gobernadores, el Ministerio del Interior podría desempeñar algunas de las funciones de la Procuraduría, otras la Función Pública, y entre la misma cartera y los jueces proteger los derechos humanos, hoy tan dispersos como violados. Con una buena reorganización en la materia se habría ahorrado la Defensoría del Pueblo. Las auditorías privadas serían suficientes para cumplir la labor de las contralorías. Muchas tareas públicas se ejecutarían por medio de organizaciones comunitarias. La Vicepresidencia es una institución de cosmética y contienda electoral.



En fin, necesitamos cambiar la ruta del Estado, no para desmontarlo sino para hacerlo útil en resultados sociales y capaz de profundizar la descentralización.



Con un Estado austero y sin clientelismo se crearían las condiciones para manejos económicos imaginativos y atípicos, como los que exitosamente introdujo el país con la creación de la Federación de Cafeteros, la adopción del Estatuto Cambiario del presidente Lleras Restrepo y el freno al endeudamiento en petrodólares de la administración López Michelsen. El manejo atípico pero responsable que necesitamos para superar esta difícil coyuntura.
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