Opinión

  • | 1998/09/14 00:00

    Los retos de la educación

    La nueva fuerza laboral que saldrá en los próximos años reclama un urgente cambio en la educación.

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El investigador de tendencias de empleo Richard Judy expresa: "América Latina tiene una opción simple: tomar en serio el desarrollo de la fuerza laboral, especialmente mediante la educación, o sumergirse en el desastre económico y social". Sus proyecciones muestran para Colombia entre 1996 y el 2010 un crecimiento neto de 600.000 nuevos trabajadores por año en la fuerza laboral.



Es prioritario que la inversión en educación llegue a la gente y no se quede atrancada en la burocracia.



Esta es una de las razones que demuestran la necesidad del esfuerzo educativo requerido por nuestro país pues aún hay una tasa de analfabetismo del 8,5%; más de 2,2 millones de jóvenes en edad escolar no estudian, pese a los avances en cobertura en primaria y secundaria; más de 200.000 bachilleres no ingresan a las universidades o a los institutos técnicos; los resultados en las pruebas internacionales de calidad han sido muy desfavorables; la inversión pública por estudiante en primaria y secundaria es de US$330 al año, mientras que en los países de la OCDE es de US$4.670; en las universidades se invierte por alumno más de tres veces el promedio de América Latina y la mitad de la OCDE; y un aprendiz del Sena cuesta más que un estudiante de ingeniería; los recursos alcanzan para 19.000 alumnos pero se dispersan en más de un millón de personas en cursos cortos, poco relacionados con las necesidades del mercado.



Es prioritario garantizar que la inversión en educación primaria y secundaria llegue a la gente y no se quede atrancada en la burocracia y para ello se requieren tres elementos: participación comunitaria, transparencia y responsabilidad política.



La descentralización está amarrada por normas que impiden la real participación de la comunidad, niegan la adopción de alternativas por parte de los gobiernos regionales e impiden que la selección por méritos del profesorado sea acompañada por procedimientos ágiles de sanciones y despidos.



La experiencia de Antioquia con los programas "escuela nueva", las "becas paces" y la ampliación de cobertura pueden dar luces para nuevos cambios, ya que entre 1984 y 1994 se crearon 54.000 nuevos cupos escolares y 103.000 en los tres años siguientes. La escolarización de nuevos estudiantes se contrató con entidades sin ánimo de lucro, se beneficiaron los más pobres, los profesores no eran estatales pero devengaban igual sueldo y prestaciones y tenían mejor seguridad social por la Ley 100.



Proveer la educación desde la base comunitaria facilita saber cuánto y cómo se invierte, cuántos y quiénes son los beneficiarios e identificar fallas de calidad del educador y de cumplimiento de las obligaciones de pago y vigilancia por parte del Estado. La participación comunitaria produce transparencia e identifica responsabilidades políticas. Así legitimaríamos la petición de incremento de recursos para la educación.
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