Los municipios del futuro

| 6/9/2000 12:00:00 AM

Los municipios del futuro

por Hugo López Castaño

En los países desarrollados, el crecimiento ha elevado, en todo el territorio, el ingreso per cápita y reducido la desigualdad regional. Lo demuestran los trabajos de Barro y Sala-i-Martin sobre los estados norteamericanos 1880/1990, las prefecturas japonesas 1955/1990, las regiones europeas 1950/1990 y las provincias canadienses 1961/1991. No ha pasado lo mismo entre nosotros.

La población rural se trasladó a las ciudades en busca de un mejor porvenir (el 70% vivía en áreas rurales hace 70 años; hoy vive en las cabeceras). Previa una considerable inversión en educación en las ciudades, la migración ha moderado --pero no suficiente-- la desigualdad en la distribución del ingreso personal. Pero la que hay entre regiones se amplía.



Un estudio de hace dos años de la Corporación CIDE encontró que, entre 1980 y 1995, a la par con la descentralización, se ampliaron las brechas entre departamentos ricos y pobres. En los determinantes del crecimiento antioqueño entre 1960-95 encontró que un alza del 10% en la densidad vial produce en un año una expansión del 3,0 % en el PIB; el mismo incremento en la cobertura de servicios públicos básicos genera una expansión menor (0,3%) pero inmediata y un alza del 10% en la cobertura educativa induce un aumento de 1,1% en siete años.



Pero si la población educada y sana es móvil y puede migrar a las ciudades, la red vial y la dotación de servicios son fijos. Es bueno que un municipio pobre invierta en educación y salud, pues le abre a su gente horizontes laborales... casi siempre en otro sitio. Pero, a menos que el PIB local se eleve y abra fuentes para el empleo calificado, la inversión en educación no garantiza un mayor desarrollo local. Hay que invertir también en infraestructura vial y servicios.



En 1998, 935 municipios, de los 1.080 que tiene el país, reportaron información financiera al DN, 837 no podían cubrir gastos de funcionamiento con sus ingresos y 548 no cubrían siquiera el 50%. Cierto: para promover el desarrollo regional hay que ayudar a los municipios pobres, pero, ¿cómo?, ¿regalándoles el pescado o enseñándoles a pescar? En el primer caso dependerán de las transferencias, se quedarán pobres y no adquirirán el sentido de ciudadanía (pagar impuestos para poder exigir a las autoridades locales). Por eso, los paros cívicos no se dirigen contra los alcaldes o gobernadores, sino contra la Nación. En el segundo caso podrán salir de la pobreza y generar los impuestos necesarios para sostener una administración pública local eficiente.



Una reforma al sistema de transferencias es indispensable. Su creciente peso en los ingresos corrientes de la Nación (32,1% en 1992; 43,6% en 1999) genera el automatismo del gasto público y la caída en la inversión en infraestructura. Un proyecto de acto legislativo, en veremos por disputas políticas que pueden hundir al país, aspira a topearlas en términos reales y a hacerlas crecer, en lo sucesivo, con la población. Si se acompañara con un buen sistema de estímulos (una capitación + un plus por calidad), obligaría a los municipios a elevar la eficiencia del gasto en educación y en salud. También liberaría recursos nacionales para la infraestructura que, si se potencian con un sistema de financiación de largo plazo y se hacen llegar a departamentos y municipios, fomentarían su desarrollo y autonomía fiscal. Esta última no se alcanza con retórica. El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial exige a cada municipio un mínimo de $260.000 anuales de ingresos propios --sin transferencias-- por habitante: no solo no se creará ninguno nuevo, sino que habría que suprimirlos casi todos porque, excluyendo las grandes ciudades, el promedio actual está por los $35.000.
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