Opinión

  • | 2006/09/01 00:00

    Los costos de la Justicia mediática

    Hay que reconocer que la influencia o intervención mediática es perturbadora —por lo menos— y probablemente negativa en cuanto a su relación con la correcta aplicación de los mecanismos judiciales.

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Las manifestaciones de los sentenciados y de sus abogados ante el fallo contra los militares que encontraron 'la guaca' —por un lado, de indignación y rabia en los acusados por considerarlo injusto, y por el otro, la expectativa que inmediatamente se les creó a sus apoderados por las indemnizaciones que calculan poder reclamar en demandas contra el Estado— muestran una característica repetida de nuestra administración de justicia.

Coincide el fallo con las revocatorias de las sentencias en contra de los ex ministros Rodrigo Villamizar y Saulo Arboleda por lo que la prensa llamó el 'miti-miti', y con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que considera violatorio de los tratados internacionales el proceso contra el ex contralor Francisco Becerra. Tienen todos estos casos el punto en común de haber sido procesados más en la prensa que en los estrados judiciales.

Esto se produce cuando existe alguien representativo de un sector poblacional que por algún motivo —posiblemente explicable— encarna la animadversión de la comunidad, la cual busca el desahogo en un chivo expiatorio. El elemento determinante es la actitud que asumen los medios ante cada caso, y la presión que mediante su influencia sobre la opinión pública ejercen en los jueces a quienes corresponde fallar. La forma en que se resuelve esa situación expresa el grado de madurez de una Nación.

Si se tiene en cuenta que han sido diferentes Cortes, todas de máximo nivel, las que han concluido que, por vicios procesales, los juicios han sido mal llevados, no se puede sino reconocer que la influencia o intervención mediática es perturbadora —por lo menos— y probablemente negativa en cuanto a su relación con la correcta aplicación de los mecanismos judiciales.

Un primer nivel de inquietud sería definir si verdaderamente la función de los medios de comunicación es opinar sobre lo que se encuentra en trámite y por resolverse en los juzgados y, de ser así, institucionalizarlo debidamente. Es decir, por un lado reglamentar controles para que se cumpla en función del interés general y no con el objetivo de elevar el rating o defender causas personales de los comunicadores; y por el otro que se respete la reserva sumarial impidiendo filtraciones y divulgación de pruebas a criterio de los periodistas.

El punto es que la necesidad de una administración de justicia eficiente pero independiente de las emociones de la opinión pública es reconocida hoy como un principio fundamental de la estructura jurídica y política del Estado. Por eso, el énfasis en corregir los casos que en sentido contrario han sucedido. Dos ejemplos son suficientemente ilustrativos: uno, el del affaire Dreyfus en Francia, en el que por odio a los judíos se declaró culpable de traición a un capitán del Ejército sin que en verdad lo fuera, caso que hoy, cien años después, y a pesar de que en su momento él fue liberado y su inocencia reivindicada, todavía es motivo de vergüenza y arrepentimiento, al punto de que se llegó a proponer como compensación llevar sus restos al Panteón Nacional al lado de los héroes de la Patria, y en un gran homenaje nacional el presidente Chirac condecoró a sus descendientes e hizo un llamado a no cometer el mismo error con los inmigrantes contra quienes hoy se manifiesta un odio similar; y otro, el de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos, donde bajo pretexto de que eran 'anarquistas' se desbocó el odio contra los trabajadores extranjeros, y fueron sentenciados a muerte en el fondo solo por ser italianos, error que llevó a que Estados Unidos es el único país que no celebra el día del trabajo el 1 de Mayo sino que lo conmemora el día en que fueron ejecutados, y que con la Fiesta Patria es el único día no laborable de su calendario.

Que sea por errores de procedimiento o por errores sustanciales, es decir, porque se dé una errada apreciación de las pruebas o porque se viole el debido proceso, es irrelevante, en cuanto a que su consecuencia es la nulidad de la sentencia y normalmente la correspondiente indemnización.

El caso de la guaca parece presagiar lo anterior. La gran dificultad y el gran debate inicial fueron sobre cuál podría ser la acusación. Por lo riguroso que es el derecho penal, lo más importante es que en los códigos exista un tipo delictivo que coincida con la conducta de quien es acusado. Da la impresión de que no pudiendo configurarse una acusación más apropiada, el camino del 'peculado por apropiación' fue más una respuesta a las exigencias del público que un cargo judicial correcto.

La legislación penal militar tiene diferencias con la legislación ordinaria pero se basa en los mismos principios generales. Exceptuando aquellos que por ley pertenecen al Estado (por ejemplo, los que son patrimonio cultural) los bienes de quien se ignora quién es el dueño —vacantes, si son inmuebles; mostrencos, si no necesitan registro— requieren sentencia judicial para pasar a ser propiedad estatal. Puede ser que en el Código Penal Militar haya tipos de conductas violatorias del honor militar o que se tipifique una obligación de dar cierto tratamiento a los bienes que en desarrollo del servicio se incautan; pero no hay duda de que estos no son bienes del Estado por el hecho de que los encuentren los soldados. Como su misión no era buscar guacas, y como peculado solo puede haber sobre bienes que ya le pertenecen al Estado y no sobre los que le puedan llegar a pertenecer, parece altamente probable que la sentencia termine en un 'error judicial'. Basta pensar que debería tener idéntico tratamiento el caso de un soldado que vigilando una calle encuentra un fajo de billetes…

Estamos ahora pendientes del caso de Santofimio, en el cual la falta de tipicidad del delito parece todavía más protuberante: la acusación de 'coautoría' implica que se debe probar que el sindicado participó en una toma de decisión conjunta con los otros posibles coautores, en una planeación también conjunta para establecer una división del trabajo en la cual a él mismo se le asignara una actuación personal directa, y que en forma efectiva e insustituible actuó en la ejecución del delito. Evidentemente no parece ser este el caso.

Lo injusto o indebido de un resultado judicial no solo afecta —y en qué forma— a las víctimas de estos errados fallos. La indiferencia al respecto, sustentada en la idea de que 'de todas maneras se lo merecen' y normalmente inducida por la información mediática que recibimos, le quita credibilidad y respetabilidad a la administración de justicia pero también tiene un costo económico para el ciudadano. (A menos que a esa injusticia se adicione la de no reconocer las correspondientes indemnizaciones. Tal el caso de la muerte de Galán, donde ninguna reparación han recibido los 6 inculpados iniciales, entre los cuales el señor Hazbum, al cual aparentemente le trajo como consecuencia la muerte).

Dentro de la idea de que se reglamente la función de los medios, en esos casos debería contemplarse una posible responsabilidad de ellos como 'determinadores', en cuanto a que inducirían una especie de prevaricato, con la consecuencia adicional de poder ser llamados a responder económicamente por las sumas por las cuales sea condenado el Estado.
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