Opinión

  • | 2008/11/07 00:00

    Los corteros del Valle

    El problema de los corteros es social, en cuanto las partes afectadas son de un lado diez familias de las cien más ricas del país y del otro lado 15.000 trabajadores.

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El problema de los corteros del Valle no es una simple protesta sino una expresión del modelo neoliberal y de sus principales características. Permite hacer una radiografía de en qué consiste este y de su aplicación en el país.

Ante todo hay que entender que se trata no solo de un modelo económico sino sobre todo de un modelo político y social.

Social, en cuanto las partes afectadas son de un lado diez familias de las cien más ricas del país (los ingenios son empresas familiares y no de sociedades abiertas donde tengan sus ahorros millares de colombianos); y del otro lado 15.000 trabajadores que tratan de mejorar las condiciones realmente miserables de sus hogares, o más probablemente solo buscan un ingreso de supervivencia.

Político en cuanto el sistema estructural de esa relación debe ser decidido a través del Estado por medio de la legislación.

El conflicto actual gira alrededor del sistema de contratación, que se hace a través de unas cooperativas supuestamente ajenas a las empresas y a sus dueños, de forma tal que quien es efectivamente el patrón no tiene ninguna obligación ni responsabilidad respecto de quienes trabajan para él, y el trabajador no tiene derechos sino ante la cooperativa, es decir, ante él mismo como miembro de ella.

Así se pierde todo el principio de la negociación colectiva, de la libre asociación, de la actividad sindical y de la articulación entre los diferentes sectores vinculados a la empresa entre ellos y con ella. Por eso, aunque es un exceso de demagogia por parte de quienes están apoyando el paro actual, hablan de esclavitud; no se llenan ni siquiera las condiciones capitalistas de complementariedad entre el sector laboral y el sector capital.

Pero además por esta vía no se pagan las prestaciones sociales, no se cubren las obligaciones de salud, no se garantiza la estabilidad laboral y en general se desconocen todos los avances y conquistas que la sociedad moderna ha logrado en su camino de ser más justa, más democrática, y en consecuencia más armónica.

Bajo el concepto neoliberal de libertad de mercado y de libre competencia -que por supuesto incluye el laboral y el político, y acaba siendo alrededor de estos que se producen sus efectos- y dentro del objetivo de maximizar la generación de riqueza y relegar a una eventual etapa posterior la redistribución, este esquema cumple bien su función, pues se explota la mano de obra con bajos salarios y la parte de plusvalía que ella produce (es decir lo que genera como excedentes del consumo necesario para seguir trabajando) la traslada a inversiones más productivas y rentables (v. gr. adaptaciones tecnológicas, industrialización, comercialización).

Nuestro gobierno respalda y desarrolla al máximo este modelo:

Cuando el azúcar pasa épocas de crisis, cierra importaciones para que se mantengan precios rentables que permitan a la industria salir adelante. La explicación es que de ella dependen los millares de trabajadores del sector, pero las medidas no se orientan a mejorar la situación de ellos sino a que la inversión de los dueños mantenga su rentabilidad.

Mediante una ley, obliga a destinar parte de las tierras a la producción de etanol para reducir la dependencia del petróleo, dando así más importancia al funcionamiento de la industria (y de ese monstruo que es el tráfico automotor) que a la alimentación -ya de por sí deficitaria- de la población.

No responde esto a una necesidad nacional porque somos autosuficientes en petróleo, sino a las necesidades de quien determina el esquema mundial de acuerdo a sus estrategias geopolíticas: el tema de los biocombustibles puede tener todas las dudas y objeciones ambientales, sociales y económicas, pero los Estados Unidos tiene que reducir su vulnerabilidad en cuanto a los suministros extranjeros (sobre todo cuando pierde el control sobre ellos), por eso compra y contrata sin limitación alguna toda la producción que aparezca en el mundo.

El Gobierno declara entonces esto una prioridad nacional y la estimula con subsidios y créditos preferenciales que hacen más rentable lo que en este momento es el commodity con la demanda más segura y apetecida del mundo.

Y para incentivar más la conversión de producción de alimentos a biocombustibles amarra su precio al del petróleo liberándolo de la referencia del azúcar.

Lo que piden los corteros no es una decisión de coyuntura -por ejemplo mayores salarios- sino una reorientación del modelo y una intervención del Estado -léase el Gobierno- para hacer un aggiornamento y actualizar las normas que regulan las relaciones laborales-patronales hoy en todo el mundo. Colombia como suscribiente de los pactos de la Organización Internacional del Trabajo está por lo demás obligada a ello.

El actual gobierno, en parte por el talante confrontacional que lo caracteriza y que reivindica, pero probablemente tanto o más por su convicción, adhesión, o sumisión a la doctrina neoliberal, se niega a ver y menos a estudiar esto desde esta perspectiva, y le da categoría de tema de orden público.

Pero el problema no se debe ver como 'perversidad', ni siquiera 'maquiavelismo' del Gobierno. Las confrontaciones profundas de una sociedad en desarrollo se resuelven con modelos de desarrollo. El que escogimos produce estos resultados.

Y claro que Uribe o el Gobierno actual son quienes hacen su gestión bajo este modelo y en esa medida son responsables de sus resultados: si prevalece sin limitación alguna la libre competencia y la no intervención del Estado (como sucede cuando el Gobierno dice que negocie cada ingenio con sus trabajadores) siempre estaremos ante una situación de ganadores y perdedores; y si los desequilibrios de partida son tan grandes como los de nuestro país (en lo económico nada más ya lideramos los índices de desigualdad del mundo), perdedor significa excluido. Y al no existir respuesta en el modelo a esa situación, es indiferente que excluidos sean los 2,5 millones de desplazados que dice el Gobierno o los 4,5 millones que contabiliza el Codhes porque no cuentan dentro del modelo (pueden incluso ser calificados de 'migrantes' como lo hace José Obdulio, y negárseles el carácter de víctimas de la guerra, porque son perdedores y da lo mismo cuántos sean o a qué se deba su situación).

Es lógico y legítimo que quienes se benefician del modelo lo defiendan. No es su función cambiarlo. Es inevitable que haya quienes lo hacen dentro de sus reglas pero también haya quienes abusan de ellas o las violan. El debate respecto a la naturaleza del Estado es si esta se limita a impedir que suceda lo último, o si va más allá su intervención y debe estructurarse para conciliar intereses contrapuestos y evitar que se confronten por la vía de la fuerza o eventualmente de la violencia; pero si queremos vivir en armonía es indispensable buscar un modelo donde la institucionalidad, no sea, esa sí, calificable de perversa.

No sé si al momento de publicarse este artículo ya se haya logrado 'acabar' con ese paro; pero sería interesante que los académicos, analistas y aún los políticos profundizaran en el significado de las protestas, no solo en el sentido de entender que responden casi siempre a reclamaciones justas -y muchas veces exigencias legales-, sino en el de reflexionar sobre el por qué se están produciendo y cómo se podrían corregir.

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