Opinión

  • | 1999/09/24 00:00

    Lo que le falta a la Ley 100

    Hay exceso de burocracia en los hospitales públicos y en el ISS y falta administración en los departamentos.

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Una economía debilitada, como la nuestra, haría fracasar cualquier sistema de seguridad social. A su vez, cuando estos son mal concebidos, no existe modelo económico que lo resista. Hay entonces algo que habla por la Ley 100: muestra avances sociales, a pesar del adverso entorno económico; y el daño a la economía, como los altos pasivos pensionales, se debe no a la ley sino a su tardía llegada.



Sánchez y Núñez, en un estudio del Cede (de la Universidad de los Andes), demuestran cómo la ley 100 ha aumentado el gasto en salud, la cobertura y ha mejorado de manera destacada la asignación social de los subsidios en favor de los más pobres. Esta solidaridad, todavía deficiente en educación, está presente en las instituciones de la Ley 100: fondo de solidaridad pensional, hoy destinado a las madres comunitarias; aportes al régimen subsidiado y transferencias de cotizantes ricos a pobres dentro del régimen contributivo; garantía de pensión mínima, etc. La norma ha demostrado que la solidaridad es más viable por medio de regímenes mixtos que de monopolios estatales.



Algunos reclaman la desaparición de las administradoras de régimen subsidiado, porque las consideran intermediarios innecesarios. La inmensa mayoría son empresas solidarias de la comunidad y los mayores fracasos se han presentado en las oficiales. Al inicio apropiaron un margen elevado de recursos, que posteriormente se normalizó entre el 10 y el 15%, gracias a que asumieron nuevas obligaciones con el plan de salud y al aumento de utilización por los usuarios. No parece conveniente que los hospitales asuman la tarea de aseguramiento. Sin embargo, no habría obstáculos legales, pues las prestadoras pueden constituir aseguradoras.



Falta desburocratizar los hospitales públicos. Su nómina administrativa es del 70% y no debería exceder el 30%. Sus costos están por encima de las tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), lo que no ocurre con los privados.



Es urgente que las secretarías de salud cumplan sus funciones de control y que el registro e identificación únicos operen para corregir fraudes en el Sisben.



Departamentos y municipios tienen que ser austeros para trasladar a tiempo y no desviar los recursos de la Ley 100. El ISS es necesario como ente público para que haya pluralidad de opciones. Mientras tenga una carga laboral de 45.000 empleados no habrá plan administrativo ni recursos que lo salven.



Las remuneraciones de médicos y paramédicos han empezado a recuperarse de la caída de los 20 años anteriores. La queja de la medicina privada propone un interrogante: ¿qué sería de los médicos en ausencia de la Ley 100, sometidos a las compañías de medicina prepagada, que en 1993 avanzaban para albergar toda la clase media-alta y la alta?
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