Opinión

  • | 2010/11/26 00:00

    Lo que comenzó en el Palacio de Justicia

    Hay una continuidad evidente en la forma de comportarnos ante los hechos del Palacio, ante el brote y el crecimiento del paramilitarismo, y ante el manejo dado al poder institucional en el periodo del Doctor Uribe.

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Pareciera que, con la misma decisión que se desarrolló el 'pacto de silencio' para ocultar los horrores cometidos por las autoridades cuando el holocausto del Palacio de Justicia, hubo algo similar durante los dos últimos cuatrienios.

Esto se explica porque, aunque el interés de los dueños de los medios de comunicación alguna vez sea su función social y la promoción de una ideología, o que a través de la propiedad se sirvan intereses económicos, siempre, para lograrlo, como empresa están sometidos a ser esclavos del rating y de la no confrontación con quien está en el poder.

Por eso en su momento denunciar el criminal comportamiento de las autoridades para la toma y el manejo posterior de la toma del Palacio de Justicia era 'políticamente incorrecto'. Y por eso El Tiempo diciendo 'el asalto fue del M-19, lo demás es ópera' fue una especie de guía para los demás 'informadores' que buscaron minimizar la barbarie ejercida en esa acción.

En sentido contrario se proclamó el principio de que en la guerra 'todo se vale', complementado después por la sentencia del presidente Betancur de 'para ser buen estadista hay que ser buen carnicero'.

Con este manejo se marcaron pautas que después se repetirían ya multiplicadas bajo el gobierno de la 'seguridad democrática'.

Hoy se escandaliza el país con las revelaciones tanto de lo sucedido en esa época, como por lo que aparece como consecuencia de la misma filosofía bajo el último gobierno. Es interesante, sin embargo, ver la correlación entre ambos capítulos. Tal vez eso explica que afortunadamente se esté revelando la verdad simultáneamente, y ojalá esto lleve a cambiar y corregir el pensamiento que orientó semejantes políticas.

La proclama del general Samudio, comandante general de la FF.AA., cuando sucedió lo del Palacio de "esto debe ser un ejemplo para el mundo" fue asumida como una orden para Colombia. Esperemos que ahora se entienda que el verdadero mensaje de 'un ejemplo para el futuro' sea el de la reacción que ahora se produce.

Pocas cosas tan parecidas como el caso de las desapariciones forzadas bajo la 'seguridad democrática' y el de los desparecidos del Palacio; o más exactamente de la actitud asumida y el manejo dado a esos casos. Solo que en el Palacio de Justicia fueron once y hoy la fiscalía investiga varios miles de estos.

Hasta antes de este 25° aniversario, solo se había oído la orden del doctor Alfonso Reyes de 'que cese el fuego, que el Presidente ordene que cese el fuego', pero se había omitido la reproducción de viva voz de las comunicaciones internas de las fuerzas militares que apenas se conocían bajo la forma de transcripciones, y que verdaderamente horrorizan: "no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos con toda libertad para actuar. Apurar a consolidar, acabar con todo (¡!) y consolidar el objetivo" o refiriéndose a que el ataque produciría la muerte de los magistrados "…pues entonces les haremos una estatua". En algo antecede lo escuchado en el caso divulgado por Semana ('Así se planeó un 'falso positivo' Julio 19, 2010).

Si en ese momento se conocieron por primera vez varias ejecuciones extrajudiciales sin que recibieran castigo alguno, bajo el cuento de 'algunas manzanas podridas' se registran hoy más de 1.250 casos de falsos positivos, donde hay miles de miembros de las fuerzas armadas en juicio o sentenciados (con un 97,5% de impunidad en la Justicia Penal Militar, según Human Rights Watch).

Al igual que entonces, el gobierno Uribe repitió la negativa a establecer un diálogo a menos que antes la guerrilla abandone su acción armada, y se acudió al pretexto de que lo que la insurgencia busca es un espacio para fortalecer su capacidad de confrontación. Y de la misma manera se desfigura la intención que puede y debe tener la guerrilla -dada la condición en que se encuentra- de encontrar una solución negociada, alegando que aceptar eso sería equivalente a la entrega o rendición por parte del Estado. Así, cualquier mediación en búsqueda de salidas humanitarias ha sido considerada un servicio a favor de los insurgentes y se mantuvo la afirmación que lo que impedía hablar de liberación de rehenes es que la guerrilla solo usa ese tema sin expectativa de concretar nada, pues solo piensa en engañar al Gobierno. O que en caso de acceder a una liberación humanitaria, este proceder por la subversión llevaría a que lo vuelvan a usar en otras ocasiones.

Lo que decía la proclama del M-19 en su momento fue: "… creemos oportuno que aquí y ahora se defina si los colombianos vamos a seguir permitiendo que se siga cediendo nuestro país a pedazos con el fin de entregar considerables porciones de nuestro suelo, de nuestros recursos naturales (petróleo, carbón, oro, niquel, platino, fauna y flora)… Se entregan clandestinamente nuestros niños. Se entregan nuestros cerebros a través de su fuga. Como si todo no fuera poco, mediante un impopular y escandaloso tratado de extradición se entrega nuestra juridicidad". Bajo las condiciones de la 'seguridad democrática' se impuso la respuesta a esto (tal vez con el único cambio de la 'extradición' por el TLC), tratando como 'terroristas o amigos de los terroristas' a quienes algo parecido debatían y usando todo el poder del gobierno contra ellos (con chuzadas, campañas de difamación, etc.).

Si las relaciones con la Rama de la Justicia bajo el gobierno anterior se caracterizaron por los enfrentamientos con ella, no era menor la agresividad en la época del Palacio de Justicia, cuando el Ministro de Gobierno declaraba que se pretendía establecer 'el gobierno de los jueces' o el Doctor Álvaro Gómez, máximo exponente del conservatismo -entonces partido en el poder-, acusaba a la Corte Suprema de ser 'el enemigo público número uno'.

Ni era muy diferente el ánimo de venganza de los militares por las humillaciones entonces del M-19 con el robo de las armas del Cantón Norte o el atentado al Comandante de las FF.AA., general Samudio, del que recientemente los motivaba a acabar a las Farc a cualquier costo por los golpes bajo el gobierno Pastrana y los miembros de sus fuerzas que les habían capturado.

Desde las barbaries acaecidas en aquellos días de noviembre, el país siguió la política del avestruz, negándose a confrontar hechos conocidos pero inadmisibles. Hay una continuidad evidente en la forma de comportarnos ante los hechos del Palacio, ante el brote y el crecimiento del paramilitarismo, y ante el manejo dado al poder institucional durante el periodo del doctor Uribe.

En buena hora han aparecido revelaciones de verdades establecidas pero no divulgadas o reconocidas sobre la barbarie del Palacio; y en buena hora comienza a reaccionar la opinión y la Administración de Justicia, escandalizadas ante lo sucedido en los últimos ocho años.

Pero lo importante no es buscar chivos expiatorios o cabezas de turco que probablemente pagan de manera algo injusta por lo que fue una actitud colectiva. Lo que se requiere es que se concientice que no fueron tales o cuales individuos los culpables, sino la sociedad en su conjunto la que asumió, aceptó y adoptó esa posición. Recordar que lo grave no es la perversidad de los malos sino la indiferencia de los buenos, e intentar una catarsis que lleve a un acto de contrición que reverse y acabe con lo que en mala hora se inició cuando el holocausto.

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