Opinión

  • | 2006/03/16 00:00

    Lo bueno, malo y feo de la Seguridad Democrática

    A pesar de los recursos destinados, de los éxitos diplomáticos, de los partes de victoria, lo evidente es que lo logrado no muestra una luz al final del túnel, sino lo contrario.

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El doctor Uribe ha dicho que hará su campaña alrededor de lo que ha sido su gestión. Es lógico que como candidato intente convencer al elector de que los resultados son palomitas de oro. Así, los foros gremiales, comunicados, ruedas de prensa y despliegue noticioso de lo que dice y hace el mandatario nos abruman de tal forma que convierten en realidad virtual la información que oficialmente se ofrece. Pero evaluemos un poco el programa bandera gubernamental -la seguridad democrática-, sobre la base de que en toda política puede haber elementos buenos, malos o feos.

Lo bueno o los aspectos positivos De mostrar ha sido la disminución de homicidios y secuestros en el discurrir de estos cuatro años. Sin embargo, vale anotar: al igual que bajo Andrés Pastrana cayó bruscamente la tasa de muertes debidas a la guerra, pero aumentó también drásticamente la tasa de homicidios (pues lo único que hubo fue un simple cambio de categoría para mostrar unos resultados de la paz), hoy hay menos muertes fuera del conflicto armado, pero las bajas de la Policía subieron en 30%, las de las Fuerzas Militares aún más y, de acuerdo con las informaciones oficiales, las de la guerrilla se han duplicado, con lo que el total de muertes solo bajó algo como el 10% (y como el subempleo en relación con el empleo, aquí los heridos y mutilados triplican la disminución de muertos); y la cantidad menor de secuestros no ha disminuido el número de personas en poder de los delincuentes (los datos oficiales cambiaron la metodología al contabilizar solo los casos judicializados).

También cuenta el poder circular por las carreteras para ir a las fincas para quienes son beneficiados por ello y por ese motivo se declaran tan uribundos.

El otro logro grande reconocido es algo de la desactivación de la parte armada paramilitar.

Lo malo son sobre todo los aspectos inciertos. No se sabe cuáles son los componentes o los objetivos de esa Seguridad Democrática, y por lo vivido hasta el momento, se refiere únicamente a los problemas de orden público, dejando de lado los otros aspectos que requiere la convivencia de una comunidad (lo social, lo jurídico, lo político, etc.). Eso y el rechazo aparentemente obsesivo del mandatario a estudiar y reconocer realidades tan evidentes como la existencia del conflicto armado, de opciones tan deseables como buscar un diálogo y no solo una rendición, o del peligro ambiental de arrasar a cualquier costo la región donde el enemigo tiene sus cultivos, hacen que más que ante una política de Estado, estemos ante una motivación personal de matar la culebra, en cuanto a la guerrilla y, en cuanto a la droga, ante una actitud servil para buscar el apoyo estadounidense.

Pero lo más grave es lo dudoso de los resultados A pesar de los recursos destinados (nacionales y estadounidenses), de los éxitos diplomáticos (la calificación de terroristas), de los partes de victoria en los planes Patriota, Guerrero, etc., de las capturas de jefes de finanzas, segundos de tal o cual bloque o tal o cual jefe, y hombres clave de la guerrilla, a pesar de todo ello, lo evidente es que lo logrado no muestra una luz al final del túnel, sino lo contrario: según lo visto anteriormente, para llevar los homicidios y los secuestros a los índices de un país normal, requeriríamos decenas de años; la captura de un jefe de importancia de algún frente guerrillero parece lejana y la captura de todos o la mayoría del comando central algo más que imposible; la solución de proteger a todos los colombianos en el amplio territorio nacional con la presencia de Fuerza Pública como se ha hecho en las carreteras no es viable; los costos en recursos económicos, en cuestionamientos internacionales y en bajas en todas las filas han excedido cualquier cálculo; los decomisos, la quema de laboratorios y el precio de la cocaína en Estados Unidos muestran más una expansión del negocio que una reducción; y qué decir del fracaso de la erradicación de coca de La Macarena. Y respecto a las desmovilizaciones, nada se ha tocado del apoyo y los recursos que acompañaban su poder (no han entregado un solo cultivo, o informado sobre alguna de sus rutas y redes, o denunciado un solo socio en la cadena del tráfico), luego no parece que disminuye sino que se legaliza su capacidad persuasiva; y tampoco hay claridad en relación con cómo se espera será la reinserción de quienes se acogen a esa opción. Por último, entre sus logros, el gobierno incluye la reactivación económica y un aumento de la inversión extranjera, pero la primera parece deberse más a factores externos (remesas, altos precios del petróleo, bajos intereses en Estados Unidos); y la segunda no ha llevado a incrementar la capacidad productiva con montaje de nuevas empresas para beneficio de nuestros nacionales, sino a mejorarles las posibilidades de explotar y extraer más del país mediante la adquisición de unas empresas con mercados cautivos y semimonopólicos que poco existen ya en el mundo.

Pero también tiene su lado feo. Por una parte, la indiferencia ante el millón largo de colombianos que han perdido sus hogares dentro de este programa de guerra total. Por otra, disminuir la prioridad de asignar recursos económicos a la atención de los problemas de salud, educación o vivienda por subvenir las necesidades de esa guerra (con el agravante de destinar a una especie de hueco sin fondo las sucesivas reformas tributarias que no han impedido que el déficit del gobierno central haya crecido año tras año en este mandato).

Feo y muy feo también es el mecanismo que cubre las desmovilizaciones. Al fin y al cabo, cualquiera que sea la presentación detrás de la mal rebautizada Ley de Justicia y Paz, hay consenso respecto al desconocimiento de las tres condiciones de verdad, justicia y reparación que los principios humanitarios, hoy formalizados en Leyes Universales, exigen. Por el contrario, permite ocultar los diferentes vínculos y las diferentes responsabilidades de quienes sin ser los protagonistas serían ideólogos, financistas, beneficiarios y otros, que bajo diferentes formas de complicidad con el monstruo del paramilitarismo ni siquiera se mencionarán; garantiza la impunidad de todos ellos y, en la práctica, también la de los actores de las barbaries; y olvida la prioridad de remediar el mal de las víctimas, mediante la reparación moral y económica del daño sufrido.

Pero lo más feo es el desprecio por el sufrimiento y hasta cierto punto por la vida humana, cuando hay la negativa total a cualquier acuerdo humanitario si él no va acompañado de algo que signifique -así sea solo en imagen- un triunfo político o militar. Y/o el complemento de hacer depender el rescate de la presión de las fuerzas armadas, donde para demostrar la maldad de los contrincantes lo que se pone en peligro es la vida de los rehenes (puesto que en la lógica de la guerra y del secuestro lo que trae como consecuencia es la muerte de las víctimas).

Esto porque el respaldo a la Seguridad Democrática no depende de sus logros sino de destacar la barbarie de la contraparte que es lo que le da legitimidad y produce su aceptación.
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